Los padres de Mart¨ªnez buscan fondos en Espa?a para garantizar su defensa

El testimonio de su ex esposa, Sloane Millian, ser¨¢ decisivo en el segundo juicio de Joaqu¨ªn Jos¨¦ Mart¨ªnez, el espa?ol cuya condena a muerte fue revocada el jueves por el Tribunal Supremo de Florida. Sloane declar¨® en 1997 que Mart¨ªnez le confes¨® ser el autor del doble asesinato por el que fue condenado a muerte, pero ahora dice haber actuado as¨ª bajo presi¨®n de la fiscal¨ªa. Mart¨ªnez es uno de los m¨¢s de 3.000 condenados a muerte en Estados Unidos cuyas sentencias han sido anuladas en los ¨²ltimos 25 a?os.

Los padres de Joaqu¨ªn Jos¨¦ Mart¨ªnez, Joaqu¨ªn y Sara, celebrar¨¢n hoy con su hijo la victoria legal que le ha sacado del corredor de la muerte en Florida y que esperan le devuelva la libertad. Luego tienen previsto viajar a Espa?a para recabar ayuda econ¨®mica y poder financiar el segundo juicio. La factura puede ser muy costosa. Los honorarios medios de un letrado en Estados Unidos oscilan entre 350 y 500 d¨®lares la hora (entre 60.000 y 86.000 pesetas). El abogado que ha logrado que el Tribunal Supremo de Florida anule su condena, Peter Raben, (conocido en Miami por su prestigio y honestidad) ha trabajado cientos de horas, pero el segundo proceso requerir¨ªa m¨¢s trabajo a¨²n, en opini¨®n de Raben. "Hay que hacer muchas investigaciones y tomar declaraciones que no se hicieron antes".Los Mart¨ªnez dicen haberse gastado hasta ahora 40 millones de pesetas, entre los honorarios del primer abogado que lo defendi¨® -y cuya labor ha sido indirectamente criticada por el Tribunal Supremo-, y los de Raben. La mayor parte de esa factura la han pagado con donaciones de espa?oles. En Espa?a, el grupo socialista en el Senado ha pedido al Gobierno que corra con los gastos.

La ligereza con la que los tribunales condenan a muerte en primera estancia y la creciente constancia de errores policiales, fiscales y judiciales en esta materia, han llevado a un grupo de congresistas norteamericanos a proponer una ley que incremente las garant¨ªas de los acusados, seg¨²n inform¨® ayer The Washington Post. Como en el caso de Joaqu¨ªn Jos¨¦ Mart¨ªnez, dos de cada tres condenas a muerte son anuladas por tribunales superiores, que encuentran violaciones de las garant¨ªas procesales en los primeros juicios.

Hac¨ªa lustros que la pena capital no era debatida con tanta intensidad en EE UU como ahora. Despu¨¦s de que ex¨¢menes del ADN y otras pruebas demostraran la inocencia de 13 condenados a muerte en Illinois, George Ryan, el gobernador republicano de ese Estado, decret¨® en marzo una moratoria en la aplicaci¨®n de la pena capital.

Hasta George Bush, que ha permitido 131 ejecuciones como gobernador de Tejas, ha decretado el aplazamiento de una ejecuci¨®n con inyecci¨®n letal, para permitir al condenado probar su inocencia a trav¨¦s de ensayos de ADN. "Un sistema que falla en dos de cada tres casos no es un buen sistema", dice el senador dem¨®crata Patrick Leahy. "Se acumulan demasiadas informaciones que aseguran que un n¨²mero significativo de personas condenadas a muerte a finales del siglo XX eran absolutamente inocentes", a?ade. Perturbados por este hecho, Lealy, el republicano Gordon Smith y varios senadores de ambos partidos han redactado un proyecto de ley para reducir errores en juicios en los que est¨¢ en juego la vida del acusado.