El Gobierno central pretende aprobar el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica con el apoyo socialista

La consejera de Justicia, Carmen Hermos¨ªn, inform¨® ayer de que el Consejo de Ministros pretende aprobar el proyecto de Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica a finales de este a?o o primeros de 2001 para ser remitido al Parlamento, seg¨²n le anunci¨® el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada. Despu¨¦s de entrevistarse con Posada, la consejera explic¨® que el ministro le manifest¨® la voluntad de poder llegar a un acuerdo con el partido socialista, puesto que, seg¨²n dijo, "son leyes que, al tener un car¨¢cter b¨¢sico, ser¨ªa mucho mejor si son aprobadas por una mayor¨ªa amplia".

Hermos¨ªn se?al¨® que, tras conocer las fechas previstas por el Gobierno, la Junta de Andaluc¨ªa comenzar¨ªa a elaborar la ley auton¨®mica de la Funci¨®n P¨²blica en el ¨²ltimo trimestre de este a?o, con la intenci¨®n de aprobarla "simult¨¢neamente" con el Estatuto.La consejera se?al¨® como "positivo" que Posada le informara tambi¨¦n de que va a intentar actualizar los acuerdos a los que el anterior equipo ministerial lleg¨® con sindicatos, con partidos pol¨ªticos y con CC AA para elaborar el anterior proyecto, que fue objeto de varias enmiendas a la totalidad en las Cortes.

Adem¨¢s, Hermos¨ªn plante¨® a Posada la "necesidad" de ampliar los medios econ¨®micos en materia de Justicia, y destac¨® que el ministro es "bastante consciente" de la situaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia en general.

Reconoci¨® que la entrevista hab¨ªa sido "positiva", pero que s¨®lo era "de primer contacto", aunque hab¨ªa visto "una buena disponibilidad" de Posada al planteamiento de la Junta.

En cuanto a las necesidades de la Justicia en Andaluc¨ªa, la consejera se?al¨® que la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pr¨®ximo a?o, "suponen un coste econ¨®mico importante y necesario para que estas leyes se cumplan".

Hermos¨ªn insisti¨® en la "escasez de inversiones que vinieron en las transferencias a la Administraci¨®n de Justicia" y record¨® que Andaluc¨ªa tiene la mayor planta judicial del pa¨ªs, "con el mayor n¨²mero de ¨®rganos, de jueces y magistrados, y con el mayor n¨²mero de funcionarios".

En referencia a la cuantificaci¨®n de las inversiones necesarias para que la Junta de Andaluc¨ªa pueda asumir las transferencias, la consejera se?al¨® que no consideraba adecuado dar a conocer una cifra cuando est¨¢n abiertas las conversaciones con el Gobierno, porque, seg¨²n dijo, "podr¨ªa entenderse como una advertencia desde la Junta a la Administraci¨®n central".

La consejera plante¨® tambi¨¦n al ministro que la Junta hab¨ªa dejado de ingresar m¨¢s de 2.000 millones de pesetas anuales para inversiones en Justicia procedentes de dep¨®sitos judiciales, a consecuencia de un recurso presentado en el Tribunal Constitucional, aunque "no hubo m¨¢s comentarios", seg¨²n dijo Hermos¨ªn.

La consejera tambi¨¦n record¨® que en eso se basa el Pacto de la Justicia, "en dotar a las comunidades aut¨®nomas de las medidas suficientes para asumir las nuevas leyes".

En relaci¨®n al Pacto, ya explicado por el ministro Acebes, Hermos¨ªn critic¨® algunos puntos como el de la ampliaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n "porque esa no es la v¨ªa para mejorar la Administraci¨®n de Justicia, ni as¨ª se arregla el problema de las vacantes". "Del Pacto por la Justicia", dijo Hermos¨ªn, "a¨²n no hemos empezado a hablar con seriedad y con profundidad".

En relaci¨®n con este acuerdo, la Asociaci¨®n de Abogados Progresistas de Andaluc¨ªa consider¨® "inaplazable" un pacto andaluz por la Justicia para conseguir mayores inversiones que mejoren este servicio, y critic¨® la gesti¨®n de la consejera de esta materia, Carmen Hermos¨ªn, por su "negativo" Plan de Informatizaci¨®n de los juzgados. Este proyecto de informatizaci¨®n tiene parcialmente paralizado el funcionamiento ordinario de diversos ¨®rganos jurisdiccionales, seg¨²n la asociaci¨®n.