El TSJA confirma una sanci¨®n del Gobierno a una mujer que dio refugio a un magreb¨ª en Tarifa

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha confirmado la sanci¨®n impuesta por la Subdelegaci¨®n del Gobierno en C¨¢diz a Francisca Gil, una administrativa de 37 a?os, divorciada y madre de cuatro hijos, a la que sancion¨® con 250.000 pesetas por ayudar a un inmigrante en situaci¨®n irregular, en julio de 1997. La sala considera que la conducta de la mujer "no fue casual y fortuita sino incardinada a prestar colaboraci¨®n al extranjero". Gil se pregunta "cu¨¢l es el delito por ayudar a un hombre hambriento" y Derechos Humanos califica el fallo de "bochornoso".

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla ha quedado demostrado que Gil ayud¨® a un ciudadano argelino -la sancionada sostiene que era marroqu¨ª-, que lo mont¨® en su coche y lo auxili¨®. "Resulta evidente no ya que supiera que se trataba de un extranjero en situaci¨®n de ilegalidad sino que persegu¨ªa precisamente ayudar a extranjeros en dicha situaci¨®n", explica el fallo, que no atribuye a Gil su pertenencia a alguna organizaci¨®n "con fines espurios", seg¨²n se deduce del sobreseimiento de las actuaciones penales iniciales.La Guardia Civil detuvo a Gil en el cruce del Santuario de la Luz, en las cercan¨ªas de Tarifa (C¨¢diz), donde reside, a las 23.30 del 16 de julio de 1997. En su coche viajaba Hassan Ouardi, un marroqu¨ª de 26 a?os, que hab¨ªa llegado a Espa?a ilegalmente hac¨ªa un mes. Durante ese tiempo, Francisca Gil le proporcion¨® alimentos, cobijo en una casa de su propiedad en el campo y le facilit¨® algo m¨¢s de 30.000 pesetas en met¨¢lico procedentes de una colecta entre sus amigos. Cuando fue detenida, lo llevaba al encuentro de un familiar, con el que supuestamente se iba a trasladar a Italia. La primera denuncia de la Guardia Civil ante el juzgado fue por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, luego desestimado por el juez de guardia.

Ayudas

Desde que sucedieron los hechos, Gil ha reconocido punto por punto todo el relato de la historia, e incluso admite que supon¨ªa que el hombre estaba en situaci¨®n irregular, pero sostiene que su actuaci¨®n fue meramente humanitaria. "Yo no pertenezco a ninguna mafia ni organizaci¨®n, pero desde luego no me cuesta ning¨²n trabajo ayudar a inmigrantes con problemas. Lo hecho muchas m¨¢s veces. Cada vez que me encuentro a alguien con hambre o con zapatos rotos y mojados tengo que hacer algo. El plato de comida en mi casa lo tienen seguro, porque no creo que eso sea delito", dice.

La sentencia encuentra relaci¨®n entre la ayuda que prestan personas a los inmigrantes y la insistencia de ¨¦stos en alcanzar las costas espa?olas utilizando cualquier medio. "El hecho de que los extranjeros que arriesgan su propia vida por entrar en Espa?a insistan, en parte viene motivado por la existencia de organizaciones o individuos que, con unos u otros fines, a veces intereses meramente econ¨®micos, se prestan a burlar el sistema legal espa?ol", explica la sentencia. Frente a esta interpretaci¨®n, Gil reitera que lo que hizo "no es un delito, que un delito es quedarse de brazos cruzados" y que "es la ley la que fomenta las mafias, la corrupci¨®n y las muertes".

La opini¨®n m¨¢s dura contra la sentencia ha sido de la asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, un colectivo que ya ha recogido 6.000 firmas de autoinculpaci¨®n y ha comenzado una campa?a de recaudaci¨®n de fondos a favor de Francisca Gil. Para Rafael Lara, presidente de la asociaci¨®n en Andaluc¨ªa, se trata de una sentencia "bochornosa" e "influida pol¨ªticamente por la campa?a de alarma e intoxicaci¨®n desatada por el Gobierno contra los inmigrantes":