La mayor¨ªa absoluta del PP en M¨¢laga anula una sanci¨®n urban¨ªstica de demolici¨®n aprobada en pleno

El alcalde de M¨¢laga, Francisco de la Torre, vio ayer cumplido su deseo de que no se derribe la ¨²ltima planta de viviendas del edificio de lujo Mirador del Cerrado, construido con 2,5 metros m¨¢s de altura sobre lo permitido en la licencia de obras. El PP impuso su mayor¨ªa absoluta en el pleno de ayer para revocar la orden de demolici¨®n, que fue aprobada por la corporaci¨®n en enero de 1999, cuando ten¨ªa mayor¨ªa simple. La oposici¨®n, que hab¨ªa pedido aparcar el tema para pedir asesoramiento el Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa, acus¨® al alcalde de favorecer los intereses de la constructora. IU anunci¨® que remitir¨¢ la revocaci¨®n a la Subdelegaci¨®n del Gobierno y a la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n para que se pronuncien sobre su legalidad. El portavoz de IU, Rafael Rodr¨ªguez, record¨® que estos dos organismos tienen la facultad de velar por el cumplimiento del ordenamiento jur¨ªdico en los actos de las corporaciones locales. La federaci¨®n sostiene que en la revocaci¨®n del acuerdo adoptado por el pleno en enero de 1999 hay "evidente incumplimiento de la legalidad" y apel¨® a las dudas mostradas en el dictamen del secretario general del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno ha amparado su decisi¨®n en un informe jur¨ªdico realizado al catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Parejo Alfonso, cuya objetividad ha cuestionado la oposici¨®n que entiende que se trata de un dictamen a encargo de parte. El propio alcalde, Francisco de la Torre, inici¨® los tr¨¢mites de revocaci¨®n del acuerdo de demolici¨®n cuando a¨²n era concejal de Urbanismo. De la Torre explic¨® ayer que al impedir la demolici¨®n de una planta de viviendas "se est¨¢n protegiendo los intereses de los compradores que son ajenos a la infracci¨®n que nos hab¨ªan pedido que busc¨¢ramos una soluci¨®n".

Las dos formaciones de la oposici¨®n, PSOE e IU, coincidieron en cuestionar el car¨¢cter democr¨¢tico de la actuaci¨®n del PP y afirmaron que el equipo de Gobierno no cumpli¨® deliberadamente el acuerdo de demolici¨®n para "esperar tiempos mejores". El portavoz socialista, Francisco Oliva, record¨® que en mayo de 1999 el pleno aprob¨® por unanimidad una moci¨®n en la que se conced¨ªa dos meses de plazo a la promotora del edificio, Sociedad Colombina, y a la constructora, Noriega, para ejecutar el derribo y que de lo contrario ser¨ªa el Ayuntamiento quien en el plazo de un mes lo har¨ªa de forma subsidiaria. "No ha habido ninguna voluntad de hacerlo", concluy¨® Oliva.

El alcalde, que en todo momento evit¨® un debate profundo y eludi¨® muchas de las cargas cr¨ªticas de la oposici¨®n, argument¨® las dificultades que el Ayuntamiento tendr¨ªa para actuar sobre una propiedad privada.