Los jueces obligan al regidor de Galapagar a debatir si tiene que dejar el cargo por deber dinero al Consistorio

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al alcalde de Galapagar (19.000 habitantes), el socialista Manuel Cabrera, a convocar un pleno para debatir y votar su presunta incompatibilidad para ser alcalde y, a la vez, deber dinero al Ayuntamiento. El PP solicit¨® el 30 de diciembre pasado la celebraci¨®n de un pleno extraordinario para debatir la siguiente propuesta: "Que el pleno municipal declare incompatibles para desempe?ar los cargos de alcaldes y concejales del Ayuntamiento a Manuel Cabrera, Victoriano Mart¨ªnez, Isabel Andr¨¦s y Jos¨¦ Ponce por ser deudores directos del Consistorio". La propuesta instaba, adem¨¢s, al pleno a que, de aprobarse la incompatibilidad, el alcalde y los ediles renunciaran al cargo o bien pagaran de su bolsillo la cantidad adeudada al Consistorio.El PSOE, para bloquear la votaci¨®n de la propuesta del PP, interpuso un escrito en el que alegaba que el asunto de la deuda estaba a¨²n sin resolver en firme por los tribunales -hay un recurso ante el Supremo-, por lo que la votaci¨®n de la propuesta deb¨ªa esperar. Seg¨²n el procedimiento administrativo local, el pleno deb¨ªa votar antes la moci¨®n del PSOE y no la propuesta del PP. El PSOE gan¨® la votaci¨®n y consigui¨® parar el debate de la supuesta incompatibilidad del alcalde y los tres ediles.

El portavoz del PP, Santos de Juan, afirm¨® ayer que "los socialistas vulneraron el derecho de participaci¨®n de los concejales de la oposici¨®n y ahora los tribunales han hecho justicia y han ratificado esa actitud intolerante". El alcalde, Manuel Cabrera, del PSOE, afirm¨® ayer que "los juristas no aconsejaban el debate de la propuesta del PP por estar a¨²n el caso pendiente de resoluci¨®n judicial". "No tengo nada que ocultar ni que temer, as¨ª que convocar¨¦ el pleno dentro del plazo que marca la sentencia [15 d¨ªas]", a?adi¨® Cabrera.

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conden¨®, en 1995, al alcalde y a los tres ediles a devolver, con dinero de sus bolsillos, el sueldo que cobraron durante la legislatura 1991-1995, por un defecto formal.