La ley de inmigraci¨®n

El Gobierno ha dado luz verde a un proyecto de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa expurgado de algunos de los rasgos m¨¢s chirriantes del borrador conocido hace tres semanas. Era impensable que el consenso ofrecido por el Ejecutivo -tan importante como la elaboraci¨®n de una buena ley- pudiera traducirse en un texto dudosamente constitucional y poco garantista en el tratamiento reservado a los inmigrantes.No habr¨¢ dificultades para consensuar un endurecimiento de las sanciones -tambi¨¦n se anunci¨® ayer una reforma del C¨®digo Penal en este sentido- contra las mafias que trafican con los inmigrantes; las ¨²ltimas actuaciones policiales han sacado a la luz la desfachatez con la que act¨²an estos negreros, que no retroceden ante el secuestro de quienes no cumplen sus condiciones. En cambio, no est¨¢ asegurado que esta rectificacion parcial del proyecto -calificada de maquillaje por las asociaciones de inmigrantes- baste para conseguir la aquiescencia a su reforma por parte de las fuerzas pol¨ªticas.

El Gobierno ha moderado su anterior discurso, dr¨¢sticamente excluyente de derechos para el inmigrante irregular, al que se le negaba el pan y la sal, y al que se somet¨ªa a un r¨¦gimen de exclusi¨®n impropio de un Estado de derecho. Ahora no se le deja totalmente al margen de la tutela judicial si la Administraci¨®n decide expulsarlo y se le reconoce el derecho a la sanidad si cae enfermo, y el de educaci¨®n a sus hijos.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsor de la reforma, se lament¨® ayer de los juicios de inconstitucionalidad realizados sobre el borrador del Gobierno, al tiempo que se quej¨® de la supuesta benevolencia con que fue recibida la ley de 1985, vigente en los ¨²ltimos 15 a?os. Pero no hubo tal benevolencia: aquella ley, recurrida por el entonces Defensor del Pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, fue declarada inconstitucional en algunos aspectos esenciales. No reconoc¨ªa plenamente a los extranjeros los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n y el Constitucional record¨® al Gobierno socialista de entonces que no cabe hacer distinci¨®n alguna entre extranjeros y espa?oles en el ejercicio de tales derechos.Tambi¨¦n limitaba aquella ley el control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo respecto de los extranjeros y el Constitucional se?al¨® que ese control judicial debe ser pleno. A la luz de esta jurisprudencia no parece que el texto del Gobierno, incluso en su ¨²ltima versi¨®n, quede plenamente a salvo de sospechas de inconstitucionalidad.

Habr¨¢ tiempo de ajustar el contenido del proyecto del Gobierno a las exigencias de la Constituci¨®n y a las directrices de la UE, durante el tr¨¢mite parlamentario. Las modificaciones, aunque leves, introducidas por el Ejecutivo muestran que no est¨¢ cerrado a las cr¨ªticas fundadas. Tambi¨¦n que sus ideas no son tan firmes como aparenta. Si algo demuestra el err¨¢tico proceso de elaboraci¨®n de la actual Ley de Extranjer¨ªa es que la inmigraci¨®n es un asunto demasiado complejo para que ninguna fuerza pol¨ªtica pretenda gestionarlo por s¨ª sola. Es imprescindible abrir un proceso de pedagog¨ªa democr¨¢tica sobre lo que significa la inmigraci¨®n en sociedades abocadas a abrirse a personas procedentes de otros lugares, por razones econ¨®micas y de supervivencia. Si la ley no cumple ese objetivo, se convertir¨¢ ella misma en parte del problema que pretende encauzar.