Atacar las causas

Es alarmante la desvalorizaci¨®n que, en los ¨²ltimos 20 a?os, se ha producido respecto a lo que antes se denominaba la dignidad del trabajo. Actualmente, cualquier medida que degrada las condiciones laborales parece estar justificada en nombre del empleo, contratos formativos que, en realidad, son contratos baratos, que, m¨¢s que formar, descualifican; traslado a los trabajadores de las cargas sociales bajo la triqui?uela de convertirlos en "trabajadores aut¨®nomos"; renuncia al principio de "a igual trabajo, igual salario" mediante el establecimiento de escalas salariales diferentes en funci¨®n de la fecha de entrada al trabajo; mercantilizaci¨®n de la intermediaci¨®n laboral; altas m¨¦dicas del trabajador accidentado concedidas antes de su definitiva curaci¨®n; precariedad laboral en una triple dimensi¨®n que afecta al estatuto profesional, salarial y de protecci¨®n social. Incluso la salud, la seguridad y la vida en el trabajo parecen tener una valoraci¨®n subordinada a la de los costes de producci¨®n.La escasa atenci¨®n informativa que, hasta hace bien poco, se ha prestado a la siniestralidad laboral en nuestro pa¨ªs -1.671.004 accidentes laborales el a?o pasado, de los que 1.572 fueron mortales- contrasta con la alarma social que provocan, por ejemplo, las muertes que pueden estar vinculadas a las listas de espera en los servicios de cirug¨ªa cardiovascular de los hospitales p¨²blicos, que son, num¨¦ricamente, mucho menos cuantiosas. Tambi¨¦n contrasta con la prontitud y contundencia en la respuesta gubernamental: mientras que la ministra de Sanidad se ha visto impelida a presentar r¨¢pidamente en el Parlamento un plan de choque respecto a las listas de espera, no hay ning¨²n anuncio de que el ministro de Trabajo vaya a presentar a la C¨¢mara algo parecido en cuanto a los accidentes laborales.

La insensibilidad ante el dram¨¢tico problema de los accidentes en el trabajo es un mal extendido en Espa?a. En las empresas, porque impera el axioma de que lo m¨¢s importante es la producci¨®n, la seguridad es secundaria. De tal manera que se tiende a valorar la prevenci¨®n m¨¢s como un coste que como una inversi¨®n. En los trabajadores prevalecen los comportamientos tendentes al fatalismo y una escasa cultura de la autoprotecci¨®n. La actitud pasiva de la Administraci¨®n encuentra su origen en una mezcla de causas en la que se combinan: la escasa dotaci¨®n de los servicios de Inspecci¨®n de Trabajo junto a una cierta tendencia desde hace bastantes a?os a mirar para otro lado para no gravar la competitividad de las empresas; el debilitamiento y deshilachamiento de las estructuras p¨²blicas nacionales y auton¨®micas creadas en torno al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y un cierto reduccionismo normativo, que cifra todas las esperanzas en la nueva Ley de Prevenci¨®n, que, en general, es un marco normativo homologable con el de otros pa¨ªses europeos, pero que no puede solucionar por s¨ª sola las causas estructurales que est¨¢n en la base del problema. El anuncio del Defensor del Pueblo de una investigaci¨®n sobre la siniestralidad laboral o la disposici¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Madrid a intervenir en esta materia indican que algo est¨¢ cambiando paulatinamente en los comportamientos de la Administraci¨®n.

Las causas de la anormal siniestralidad espa?ola hay que situarlas en la escasa cultura de empresarios y trabajadores frente al riesgo laboral (la propia ley se?ala que el efecto m¨¢s importante de la misma ha de ser el de promover un cambio cultural en la prevenci¨®n de los riesgos del trabajo) y en factores estructurales de nuestro mercado de trabajo. Entre ¨¦stos, la extensi¨®n del horario de trabajo (el 73% de los trabajadores espa?oles trabajan, efectivamente, m¨¢s de 40 horas a la semana), que es, seg¨²n la OCDE, el m¨¢s alto de Europa, tras Portugal; la presi¨®n sobre los ritmos de trabajo, que se est¨¢ incrementando de forma constante; las formas de trabajo a destajo y por incentivos individuales en actividades peligrosas. Y, sobre todo, la precariedad y la rotaci¨®n en el empleo: el 60% de los accidentes laborales los sufren trabajadores j¨®venes (la temporalidad supera el 70% entre los j¨®venes menores de 25 a?os) y la velocidad en la rotaci¨®n del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los trabajadores precarios que entre los fijos.

En cuanto a las respuestas, probablemente ser¨¢ necesario remediar los incumplimientos y las imperfecciones de la Ley de Prevenci¨®n con iniciativas como, por ejemplo, reconocer la participaci¨®n sindical en la prevenci¨®n de las empresas m¨¢s peque?as.

Pero, esencialmente, lo que resulta imprescindible es actuar sobre las causas estructurales, con medidas restrictivas en el uso intensivo y extensivo de la fuerza de trabajo, la reducci¨®n dr¨¢stica de la temporalidad en el empleo, la limitaci¨®n del uso de trabajadores de las ETT en trabajos con riesgo, la reducci¨®n de las horas extraordinarias, el establecimiento de criterios de "excelencia preventiva", ya que la calidad en las condiciones de trabajo debe formar parte de sistemas de calidad total que engloban a todas las funciones de la empresa, desde el dise?o del producto hasta la comercializaci¨®n.

Asimismo, es necesaria la puesta en marcha de un plan de choque para las aproximadamente 30.000 empresas en las que se concentran el 50% de los accidentes; mayor utilizaci¨®n, selectiva y ejemplarizante, por parte de la Inspecci¨®n de Trabajo, del recurso a la paralizaci¨®n productiva, posibilidad recogida en nuestro ordenamiento, lo mismo que en el de otros pa¨ªses europeos; replanteamiento del papel de las mutuas de accidentes, que en otros pa¨ªses europeos -al no tener solamente una composici¨®n patronal- cumplen una funci¨®n de denuncia de situaciones de riesgo que aqu¨ª no ejercen. En este sentido, la mercantilizaci¨®n de la elaboraci¨®n de los informes de los estudios de evaluaci¨®n de riesgos est¨¢ propiciando que ni cambien las condiciones de trabajo ni se asuman pol¨ªticas preventivas eficaces; la realizaci¨®n de campa?as informativas y formativas enfocadas a grupos laborales espec¨ªficos, que pueden ser m¨¢s efectivas que las acciones estandarizadas que venden prevenci¨®n como quien vende detergentes.

Finalmente, la recuperaci¨®n del papel de las instituciones p¨²blicas especializadas, y su adaptaci¨®n a los nuevos requisitos de la Ley de Prevenci¨®n, es un factor necesario para viabilizar un plan nacional de prevenci¨®n.

Jos¨¦ Mar¨ªa Zafiaur Narvaiza es miembro del Comit¨¦ Econ¨®mico y Social de la Uni¨®n Europea.