Bruselas cree que el Gobierno inyect¨® en Astilleros 10.000 millones de forma ilegal

El cerco se cierra sobre Astilleros Espa?oles. La Comisi¨®n Europea anunci¨® ayer que abrir¨¢ una investigaci¨®n porque cree que el Gobierno inyect¨® ayudas por 10.000 millones al comprar la SEPI los astilleros de Juliana (Gij¨®n) y C¨¢diz y la planta de motores Diesel de Manises (Valencia). A ese problema se a?ade la posibilidad de que Bruselas denuncie a Espa?a porque Astilleros no ha devuelto 18.451 millones que en octubre pasado fueron declarados ayudas ilegales. La denuncia podr¨ªa aprobarse antes de agosto. Hace s¨®lo unos d¨ªas, Bruselas denunci¨® a Espa?a por la aplicaci¨®n de la acci¨®n de oro.

El efecto combinado de esas decisiones pone de nuevo a Astilleros Espa?oles (AESA) en una situaci¨®n delicad¨ªsima porque la compa?¨ªa se puede ver obligada a devolver cerca de 30.000 millones en un momento de baja actividad. Las medidas pactadas con Corea de Sur en primavera para acabar con la competencia desleal de este pa¨ªs no se han traducido, al menos hasta ahora, en una mejora de la cartera de pedidos y de la tasa de actividad de la construcci¨®n naval espa?ola.La operaci¨®n que ayer acord¨® investigar la Comisi¨®n despert¨® sospechas desde el primer momento. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, ya admiti¨® en diciembre pasado que ese holding comprar¨ªa activos de Astilleros Espa?oles para inyectar fondos a esas empresas y salvar su futuro, a pesar de que "prevemos problemas con la Comisi¨®n Europea".

Acuerdo

Tras llegar a un acuerdo con los sindicatos, la SEPI adquiri¨® a Astilleros Espa?oles las instalaciones navales de Juliana y C¨¢diz y la f¨¢brica de motores de Manises por unos 10.000 millones de pesetas. Ayer, la SEPI afirm¨® que fue una operaci¨®n "normal" que no alter¨® las masas patrimoniales de ambas compa?¨ªas. En el mismo sentido, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, afirm¨® que la compra de los astilleros "no debe calificarse como ayuda de Estado", ya que se ha ajustado "a las normas contables europeas".Muy al contrario, la Comisi¨®n cree que esas operaciones no ten¨ªan ning¨²n sentido comercial y que su ¨²nico objetivo era el de dar liquidez a Astilleros en un momento de graves dificultades financieras, por lo que sospecha que son ayudas de Estado.

Por eso, ha decidido abrir una investigaci¨®n para determinar si considera que esa operaci¨®n constituye un nuevo caso de ayudas p¨²blicas encubiertas que deben ser notificadas al Ejecutivo europeo para que ¨¦ste pueda decidir posteriormente si son legales o no. En este caso es pr¨¢cticamente seguro que ser¨ªan declaradas subvenciones ilegales, porque las ayudas a AESA se enmarcan en un plan muy estricto y controlado muy de cerca por Bruselas.

Para el a?o 2000, las ayudas prorrogadas por la Comisi¨®n se elevan a algo m¨¢s de 6.000 millones de pesetas. La Comisi¨®n Europea record¨® ayer que el Gobierno espa?ol debe notificarle "cualquier medida, incluida una eventual fusi¨®n con Baz¨¢n, antes de que sea ejecutada".

Los r¨ªgidos controles de la Comisi¨®n sobre el sector naval europeo en reconstrucci¨®n ya le crearon el a?o pasado fuertes quebraderos de cabeza al Gobierno espa?ol. En octubre pasado, la Comisi¨®n Europea declar¨® como ayudas ilegales los 18.450 millones que el Ejecutivo inyect¨® en Astilleros en forma de exenciones fiscales. Al declararlos ayudas ilegales oblig¨® a la empresa naval a devolverlos.

"El Gobierno espa?ol todav¨ªa no ha ejecutado la decisi¨®n, por lo que vamos a denunciar a Espa?a ante el Tribunal de las Comunidades Europeas para que inste al Gobierno a cumplirla y obligar a Astilleros a devolver ese dinero", declararon a este diario fuentes de la Comisi¨®n. Las mismas fuentes creen "muy posible" que la denuncia se decida antes de las vacaciones.