Los m¨¦dicos de familia se movilizan contra la gesti¨®n de las altas laborales por las mutuas

La plena potestad de las mutuas para gestionar altas y bajas laborales, que incluye tambi¨¦n decidir cu¨¢ndo deja de percibir la correspondiente prestaci¨®n econ¨®mica un trabajador con incapacidad temporal, ha ca¨ªdo como una bomba entre los 13.000 m¨¦dicos de familia de la sanidad p¨²blica espa?ola. Este colectivo critica la introducci¨®n de "elementos de ¨ªndole econ¨®mica", en lugar de las razones m¨¦dicas, a la hora de dar el alta, y se plantea denunciar la medida ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, seg¨²n la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria.

Confidencialidad

La ampliaci¨®n de competencias de las mutuas laborales forma parte del paquete normativo aprobado en consejo de ministros el pasado 23 de junio. El rechazo frontal de UGT y CC OO a lo que consideran "un atentado" contra el sistema sanitario p¨²blico, adem¨¢s de un torpedo al di¨¢logo social, ha forzado al Gobierno a adoptar ahora una actitud abierta a negociaci¨®n de la que los m¨¦dicos "desconf¨ªan", seg¨²n declar¨® el vicepresidente de la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Aurelio Duque.Esta sociedad agrupa a 13.000 m¨¦dicos de toda Espa?a y tiene su sede en Barcelona. Los m¨¦dicos p¨²blicos quieren asegurarse el apoyo de otras sociedades cient¨ªficas contrariadas por la medida y, sobre todo, el de las dos grandes centrales sindicales. Duque conf¨ªa en poder sellar una "alianza" con UGT y CC OO, aunque "hace dos a?os [las mutuas ya pod¨ªan dar bajas laborales, que no altas] su respuesta fue muy tibia y les falt¨® cintura".

Fuentes del Tribunal de Defensa de la Competencia se declararon "competentes" para estudiar una eventual denuncia.

Los argumentos de los m¨¦dicos de familia p¨²blicos son dos. El primero, que la capacidad ampliada de las mutuas laborales se traduce en una merma de sus propias competencias, ya que la Ley General de la Seguridad Social les atribuye s¨®lo a ellos la capacidad de dar altas y bajas laborales. Adem¨¢s, para Aurelio Duque, la p¨¦rdida de competencias de este colectivo se refleja tambi¨¦n en aspectos como la capitalizaci¨®n de las mutuas. Dado que ¨¦stas no pueden tener beneficios, las mutuas reinvierten en tecnolog¨ªa los ahorros que se generan por la agilizaci¨®n de los diagn¨®sticos. "?Por qu¨¦ los m¨¦dicos de familia no podemos reinvertir en los centros de salud lo que ahorramos?", se lament¨® el vicepresidente de la semFYC. El segundo argumento, definitivo para ir de la mano de los sindicatos, radica en las supuestas desigualdades que el sistema originar¨ªa, de aplicarse, entre ciudadanos "de primera" y ciudadanos "de segunda" a la hora de acceder a la atenci¨®n sanitaria.

Otro aspecto que preocupa a los m¨¦dicos de familia es el de la confidencialidad sobre el estado de salud de un trabajador, que corre el riesgo de quebrarse si se producen eventuales "fugas de informaci¨®n" desde las mutuas hacia las empresas que las contratan. Por esta raz¨®n, la semFYC present¨® ya hace dos a?os un recurso contencioso-administrativo y espera una respuesta el pr¨®ximo oto?o.En Catalu?a, la confidencialidad se asegura mediante el Centro de Reconocimiento y Evaluaci¨®n M¨¦dica (CRAM), una entidad dependiente del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat creado hace ocho a?os y que se encarga de valorar m¨¦dicamente la incapacidad temporal de un trabajador. Este centro acord¨® con las mutuas hace cuatro a?os que ¨¦stas s¨®lo pudieran dar la baja, pero que no pudieran hacer, como s¨ª estaban legalmente habilitadas, propuestas de altas. "Sinceramente, en la mayor¨ªa de los casos estoy convencido de que desde las mutuas no se producen fugas de informaci¨®n hacia las empresas, pero no estoy de acuerdo con que puedan gestionar altas y bajas", coment¨® el director general del CRAM, Manuel Romero.

Seg¨²n los m¨¦dicos p¨²blicos, las mutuas privadas tienden a establecer los periodos de baja estrictamente a partir de los plazos estipulados para cada tipolog¨ªa o diagn¨®stico, sin tener en cuenta la situaci¨®n particular de cada paciente, con lo que los periodos de reposo tienden a ser m¨¢s cortos. La flexibilidad en la concesi¨®n del alta, a?aden por su parte los sindicatos, reportar¨ªa beneficios a las empresas asociadas a las mutuas (pues los quince primeros d¨ªas de baja los paga la empresa), y tambi¨¦n a las propias mutuas, ya que, con los mismos ingresos, har¨ªan frente a un menor volumen de prestaciones.

El colectivo de m¨¦dicos de familia tampoco se cree las dimensiones del fraude en las que se apoya el Gobierno. Seg¨²n el Ministerio de Trabajo, el n¨²mero de bajas en las que el INSS detect¨® fraude en 1999 asciende a 117.153, un 37,3% del total. Trabajo asegura que, con una sola llamada telef¨®nica, el 21% de los elegidos pidi¨® el alta de inmediato. Para la semFYC, "es casi imposible de probar", pero, en todo caso, las irregularidades no afectan m¨¢s que a un 5% de los trabajadores de baja.

Un poder en aumento

El abanico de competencias de las mutuas privadas en Espa?a se ha ido desplegando progresivamente en los ¨²ltimos a?os. Desde 1997, las mutuas est¨¢n facultadas legalmente para dar bajas laborales y para hacer propuestas de altas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta medida abri¨® la posibilidad de que retiraran la prestaci¨®n econ¨®mica de un paciente con incapacidad temporal en contra del criterio de su m¨¦dico de familia, aunque para hacerlo necesitaban el refrendo del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En 1998 se les permiti¨® tratar las llamadas "contingencias comunes" o enfermedades ajenas a la actividad laboral, como un catarro o una pulmon¨ªa. Desde enero de 1999, los trabajadores aut¨®nomos est¨¢n obligados a acudir a una mutua laboral cuando precisan una baja por enfermedad.

El ¨²ltimo paso ha sido el Real Decreto-ley 6/2000, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de junio.

Esta norma, cuyo desarrollo en un reglamento dan por seguro los m¨¦dicos para dentro de medio a?o, pese a la marcha atr¨¢s insinuada en las ¨²ltimas semanas desde el Gobierno, ampl¨ªa las facultades de las mutuas para poder gestionar las altas de las prestaciones econ¨®micas, equiparando sus funciones a las del Instituto Nacional de Salud (INS).

El Ministerio de Trabajo insiste en que "la ¨²ltima palabra" la seguir¨¢n teniendo los inspectores de los servicios p¨²blicos sanitarios, pero, en este punto, los m¨¦dicos advierten de que la sobrecarga de trabajo que soportan los inspectores les impide con frecuencia dar su conformidad sobre un alta laboral en los reglamentarios tres d¨ªas de plazo.

Ante esta situaci¨®n, las mutuas "se pueden saltar el paso", seg¨²n temen fuentes m¨¦dicas, de esperar el benepl¨¢cito de la inspecci¨®n.

Aunque posteriormente un inspector confirme que un enfermo al que una mutua haya dado el alta no est¨¦ en condiciones de trabajar, el paciente en cuesti¨®n habr¨¢ dejado de percibir las prestaciones econ¨®micas que le habr¨ªan correspondido de haber continuado con la baja. El dinero, por tanto, no se recupera.