El Consell reconoce su "d¨¦ficit" t¨¦cnico y humano para aplicar la ley del menor

La Generalitat pondr¨¢ en marcha tres juzgados de menores y construir¨¢ cuatro centros de acogida para poder aplicar en la Comunidad Valenciana la Ley Penal del Menor, una iniciativa que entra en vigor el pr¨®ximo enero y establece las nuevas formas de procesamiento y castigo aplicables a los menores de 14 a 18 a?os que cometen delitos o faltas. El Consell, que reconoce que la Comunidad Valenciana es "deficitaria" en las instalaciones y medios que requiere la nueva legislaci¨®n, reforzar¨¢ los equipos t¨¦cnicos y humanos.

As¨ª lo anunciaron ayer los consejeros de Justicia y Administraciones P¨²blicas, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, y Bienestar Social, Rafael Blasco, quienes presentaron un plan para la aplicaci¨®n de la Ley que pretende superar las carencias de infraestructuras y personal con las que la justicia valenciana afronta la aplicaci¨®n del nuevo plan, una verdadera revoluci¨®n en el tratamiento a dar a los menores que delinquen. Blasco explic¨® que el Plan de actuaci¨®n tiene como objetivo adecuar y ampliar las infraestructuras de la Generalitat, ya que, seg¨²n reconoci¨®, la Comunidad Valenciana es "deficitaria" en las instalaciones necesarias para cumplir lo que se?ala la ley.

Actualmente hay cerca de un centenar de menores ingresados en los centros penitenciarios valencianos, aunque cuando la ley entre en vigor saldr¨¢n de prisi¨®n unos 85, que ser¨¢n ingresados, en funci¨®n de la tipolog¨ªa del delito que hayan cometido, en un centro de reeducaci¨®n o en uno de formaci¨®n.

La entrada en vigor de la Ley Org¨¢nica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores obligar¨¢ a la Generalitat a poner en marcha tres nuevos juzgados de menores, uno en cada provincia, que se sumar¨¢n a los dos ya existentes en Alicante y Valencia.

Tambi¨¦n se construir¨¢n un centro para la atenci¨®n de menores extranjeros y otros "dos o tres m¨¢s" en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, al tiempo que ser¨¢n rehabilitados los centros de Pi Gros, en Castell¨®n, y el de Godella, en Valencia, "ya que actualmente no re¨²nen las condiciones adecuadas", se?al¨® Blasco.

"De esta forma creemos que podemos tener unas instalaciones que puedan dar cobertura a las necesidades de atenci¨®n a los menores, pero a cada uno dentro de sus propias caracter¨ªsticas", a?adi¨® el consejero de Bienestar Social.

Para abordar la puesta en marcha de estas infraestructuras y del personal que precisar¨¢n, en ocasiones especializado, ambas consejer¨ªas calculan que ser¨¢ necesaria una inversi¨®n de cerca de 5.000 millones de pesetas, que contar¨¢ con financiaci¨®n de laGeneralitat y de los fondos europeos Feder, de donde se podr¨¢n "distraer", seg¨²n Blasco, unos 2.400 millones de pesetas.

Los consejeros reconocieron la complejidad de la aplicaci¨®n de Ley Penal del Menor y la premura de su entrada en vigor, aunque consideraron que el "esfuerzo" de los dos departamentos "har¨¢ posible cumplir el objetivo de cualquier menor, sea cual sea su condici¨®n, encuentre en esta Comunidad las debidas atenciones".

Carlos Gonz¨¢lez Cepeda record¨® que la Comunidad Valenciana tiene las competencias transferidas en materia de Justicia desde 1995, aunque fueron ampliadas dos a?os m¨¢s tarde, y agreg¨® que aunque la aplicaci¨®n de esta ley ha sido "cuestionada" en otras autonom¨ªas "aqu¨ª existe el compromiso del Gobierno Valenciano para su puesta en marcha".