Olvido o error

La denominaci¨®n oficial de la llamada Ley de Extranjer¨ªa es Ley Org¨¢nica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espa?a y su Integraci¨®n Social. El t¨ªtulo es suficientemente expresivo como para alertar a alguien medianamente avisado sobre la exigencia institucional de que un anteproyecto legislativo que afecta a derechos fundamentales de la persona sea sometido al dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno, sin embargo, obvi¨® ese tr¨¢mite previo a la aprobaci¨®n del proyecto de reforma de la ley y se ha visto obligado a cumplimentarlo 15 d¨ªas m¨¢s tarde, a requerimiento del CGPJ.Olvido o ignorancia, lo sucedido deja en muy mal lugar al Ejecutivo y a sus asesores legales. El delegado para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez Miranda, ha admitido que "no se consider¨® necesario" remitir el anteproyecto al CGPJ. Es una confesi¨®n apenas velada de esa incre¨ªble ignorancia del Ejecutivo o, en todo caso, del p¨¦simo asesoramiento que ha tenido en la materia. A ello no es ajeno, seguramente, que el proyecto de Ley de Extranjer¨ªa haya sido elaborado por entero en los dominios del Ministerio del Interior, con escasa participaci¨®n del Departamento de Justicia. Sin duda, el equipo de Interior ha estado tan absorbido en la defensa pol¨ªtica de su reforma y la urgencia de sacarla adelante que no ha reparado en su incidencia directa en derechos constitucionales b¨¢sicos como la tutela judicial efectiva.

No es probable que el patinazo del Gobierno modifique el calendario previsto sobre la reforma. El CGPJ dispone de 15 d¨ªas para emitir su informe, por lo que no es descartable que el Consejo de Ministros pueda remitir el proyecto de ley al Congreso antes de irse de vacaciones. El informe no es vinculante para el Gobierno, pero en cuesti¨®n de derechos fundamentales y de su tutela judicial es poco menos que obligado escuchar al CGPJ y atender sus observaciones. El proyecto del ley sigue dejando mucho que desear en cuanto al reconocimiento de una tutela judicial plena a los inmigrantes. En un Estado de derecho no es f¨¢cil eludir los controles previstos. Siempre hay alguien con autoridad que saca la tarjeta roja: por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Si en 1985 el Gobierno socialista de entonces hubiera atendido en todo el informe del CGPJ sobre la anterior Ley de Extranjer¨ªa es posible que no hubiera dado ocasi¨®n al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales, dos a?os m¨¢s tarde, varios de sus preceptos.