El Gobierno regional suprime subvenciones a inmigrantes para respetar la Ley de Extranjer¨ªa

El Gobierno regional, del PP, ha suprimido el programa de subvenciones al alquiler para extranjeros necesitados incluido en el pen¨²ltimo borrador del Plan Regional de Inmigraci¨®n. El viceconsejero de Servicios Sociales, Jos¨¦ Mar¨ªa Alonso Seco, explica que estas ayudas "chocaban" con la actual Ley de Extranjer¨ªa. "Supon¨ªan una discriminaci¨®n positiva hacia los inmigrantes, porque no existe un programa similar al que puedan optar los madrile?os, y la ley dice que los extranjeros deben acceder a las ayudas en vivienda en las mismas condiciones que los espa?oles", matiza.

Otros servicios

El plan preve¨ªa 400 ayudas de hasta el 50% de la renta el primer a?o y del 25% el segundo para pisos arrendados por trabajadores extranjeros . As¨ª pretend¨ªa combatir el hacinamiento y el chabolismo vertical que sufren los sectores de la poblaci¨®n con menos ingresos, entre ellos numerosos inmigrantes. Pero el art¨ªculo 13 de la actual Ley de Extranjer¨ªa sobre el derecho a ayudas en materia de vivienda dice textualmente: "Los extranjeros residentes y los que se encuentren en Espa?a inscritos en el padr¨®n del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a acceder al sistema p¨²blico de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los espa?oles".

Alonso Seco, jurista de formaci¨®n y asesor del Defensor del Pueblo en temas de sanidad hasta que hace un mes asumi¨® el cargo de viceconsejero de Servicios Sociales, estima que esas 400 ayudas al alquiler previstas en tres a?os (de 2001 a 2003) vulneran dicho art¨ªculo porque suponen "una discriminaci¨®n positiva hacia los inmigrantes", ya que "no existe otro programa similar al que puedan acceder tambi¨¦n los espa?oles".

"A nosotros nos gustar¨ªa poder incluir esas ayudas al alquiler porque creemos que son una medida muy adecuada, pero no podemos colisionar con la Ley de Extranjer¨ªa, el plan tiene que estar articulado legalmente", a?ade el viceconsejero.

El suprimido programa de subvenci¨®n de alquileres a dos a?os no era algo innovador ni experimental. Ya se ensay¨® en 1997 para desmantelar el poblado chabolista magreb¨ª de Pe?a Grande (Fuencarral). Entonces se concedieron ayudas para el pago de la renta a 134 familias (el primer a?o la subvenci¨®n pod¨ªa llegar hasta el 75%).

A la pregunta de por qu¨¦ entonces se pudo hacer y ahora no, el viceconsejero replica que la anterior Ley de Extranjer¨ªa, la de 1985, no regulaba el derecho a la vivienda o a los servicios sociales de los inmigrantes, sino s¨®lo aspectos relacionados con los permisos de residencia y trabajo. "Si la ley actual no apostillara lo de 'en igualdad de condiciones' no habr¨ªa problema alguno", a?ade.

El plan propone otros servicios espec¨ªficos para inmigrantes, como la apertura de 16 nuevos centros de atenci¨®n social para ellos o la creaci¨®n de 240 plazas de acogida (en pisos tutelados y hostales), donde los extranjeros en situaciones de urgente necesidad puedan cobijarse durante un m¨¢ximo de tres meses. ?Por qu¨¦ esos servicios no se consideran discriminaci¨®n positiva?Alonso Seco replica que esos centros son servicios sociales generales, dirigidos, sobre todo, a inmigrantes que a¨²n no tienen el permiso de residencia, "y en esos casos la ley no impide que existan servicios espec¨ªficos porque no especifica que deban de prestarse en igualdad de condiciones con los espa?oles". El art¨ªculo 14 de la ley indica que "los extranjeros, cualquiera que sea su situaci¨®n administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones b¨¢sicas".

Inmigrantes residentes y espa?oles tienen igualdad de derechos en el Plan de Vivienda de la Comunidad (pisos sociales de rentas bajas, ayuda de hasta el 100% del alquiler a un a?o para parejas j¨®venes...). De hecho, seg¨²n datos del propio plan, un 17% de los adjudicatarios de pisos sociales en 1999 fueron inmigrantes.

El viceconsejero recuerda que el actual borrador del plan no es todav¨ªa el definitivo al estar sujeto a cambios, pues deben elaborar informes sobre ¨¦l los sindicatos, empresarios y expertos del Consejo Econ¨®mico y Social (CES), el Foro Regional de la Inmigraci¨®n, integrado por instituciones y ONG, y los parlamentarios auton¨®micos. Hasta oto?o no se aprobar¨¢ en la Asamblea.

En la regi¨®n viven 158.885 inmigrantes con permiso de trabajo y residencia (una quinta parte del total de todo el Estado), seg¨²n datos del Ministerio del Interior de diciembre de 1999. El 60% son extracomunitarios y el resto son ciudadanos originarios de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea o familiares. Estas cifras aumentar¨¢n a partir de que el 31 de julio finalice el proceso de regularizaci¨®n, iniciado el 21 de marzo y al que en Madrid se han presentado ya 52.401 sin papeles.