El Tribunal de Cuentas recomienda al Parlamento que aumente el control de las sociedades p¨²blicas

El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas ha aconsejado al Parlamento que controle m¨¢s la gesti¨®n de las sociedades p¨²blicas creadas por las administraciones. En un novedoso informe sobre la financiaci¨®n y el endeudamiento de las sociedades mercantiles en las que la participaci¨®n de las tres administraciones -Gobierno, ayuntamientos y diputaciones- supera el 10% del capital social, el tribunal recomienda a la C¨¢mara vasca que elabore una norma de control homog¨¦nea aplicable a todas estas entidades para que ninguna se mueva en zonas de sombra.

136 en esta d¨¦cada

Las administraciones recurren a las sociedades mercantiles para descentralizar su gesti¨®n, para liberarse del cors¨¦ normativo propio del Gobierno, ayuntamientos o diputaciones y encontrar menos trabas burocr¨¢ticas a la hora de desarrollar algunas pol¨ªticas p¨²blicas. Al regirse por el derecho privado, este tipo de sociedades emplean formas privadas de gesti¨®n empresarial, lo que, por ejemplo, les permite simplificar -a veces, saltarse- tr¨¢mites a la hora de contratar a su personal y realizar compras. Durante la d¨¦cada de los noventa ha proliferado la aparici¨®n de este tipo de sociedades, hasta el punto de que el Parlamento encarg¨® el a?o pasado al Tribunal de Cuentas un cat¨¢logo de las existentes en Euskadi con participaci¨®n p¨²blica. Cada administraci¨®n es consciente de las que tiene a su cargo, pero hay muchos casos en los que el capital de dos o m¨¢s administraciones se cruzan en la misma firma y nadie sabe a ciencia cierta a qui¨¦n corresponde la titularidad del ente creado.El ¨®rgano fiscalizador ha cerrado su informe. Por primera vez, existe un cat¨¢logo de todas las sociedades que precisa el grado de participaci¨®n de cada administraci¨®n. Con este texto, al que ha tenido acceso EL PA?S, el Parlamento tiene una fotograf¨ªa completa del complejo entramado de sociedades y podr¨¢ determinar si su n¨²mero es excesivo y si es necesario, tal y como sugiere el tribunal, homogeneizar las normas de control. El ¨®rgano fiscalizador justifica esta recomendaci¨®n por la importancia del patrimonio gestionado por las administraciones vascas mediante sociedades mercantiles, los diferentes grados de control que sobre las mismas tienen las administraciones implicadas y por la existencia de sociedades participadas por varias administraciones.

En la actualidad, existen 236 entidades. Sus actividades m¨¢s significativas son la promoci¨®n industrial y econ¨®mica, energ¨ªa, urbanismo, vivienda y actividades culturales. En la d¨¦cada de los 90 se constituyeron 136 -58% de las existentes-, entre las que destacan en el Ejecutivo las de energ¨ªa y las de gesti¨®n de pol¨ªgonos industriales; en las diputaciones forales, las de obras p¨²blicas, y en los ayuntamientos, las relacionadas con el urbanismo.Adem¨¢s de analizar la evoluci¨®n en el n¨²mero de sociedades participadas, el estudio ofrece cifras de endeudamiento, detalla sus fuentes de financiaci¨®n y analiza los procedimientos establecidos en las administraciones para el control de sus participaciones. Precisamente es en este apartado donde el tribunal se muestra m¨¢s cr¨ªtico.

Las administraciones consideran p¨²blicas, a efectos de incluirlas en sus presupuestos, a aquellas sociedades en la que su participaci¨®n supera el 50% del capital. Las compa?¨ªas en las que ninguna administraci¨®n tiene una participaci¨®n individual superior al 50% del capital social no se consideran sociedades p¨²blicas, aunque la participaci¨®n conjunta de todas las administraciones sea superior a ese 50%. As¨ª, los presupuestos de la comunidad aut¨®noma, de las diputaciones y de los ayuntamientos no incluyen las cuentas de estas sociedades. Por ejemplo, el Gobierno a la hora de elaborar su presupuesto tiene en cuenta a EITB -en la que participa con el 100% de capital-, pero no hace lo mismo con una sociedad donde tiene un 33%, por ejemplo, y en la que a menudo un ayuntamiento cuenta con otro 33% de participaci¨®n y la diputaci¨®n correspondiente cubre el resto del capital, como el Puerto Deportivo de Getxo o el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

De esta forma, estas sociedades escapan al control del Parlamento o de las juntas generales, que queda en manos de sus consejos de administraci¨®n, a pesar de que la actividad que realizan es igual de p¨²blica que cualquier otro ente en el que la participaci¨®n de una administraci¨®n supere el 50% del capital.

Seg¨²n establece el tribunal en su trabajo, la futura norma deber¨ªa establecer varios principios: son p¨²blicas aquellas sociedades mercantiles en las que la participaci¨®n global de las administraciones en su capital social es mayoritaria o tiene posici¨®n dominante -con un 10% puede ser el socio mayoritario si el resto de accionistas est¨¢ muy atomizado-; la determinaci¨®n de la administraci¨®n que ha de ejercer el control de manera m¨¢s significativa; la informaci¨®n a incluir en la cuenta general de cada administraci¨®n accionista, y las normas de contrataci¨®n aplicables para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, m¨¦rito, capacidad y publicidad.