El Gobierno de Brasil confisca 62,7 millones de hect¨¢reas en manos de 1.899 propietarios irregulares
El Gobierno de Brasil ha usado mano dura con los 1.899 propietarios de grandes extensiones de terrenos que no han podido demostrar la legitimidad de dichas propiedades, que ascienden a 62,7 millones de hect¨¢reas. Transcurridos los tres meses que el Gobierno hab¨ªa dado para regularizar la situaci¨®n de tres mil haciendas, la propiedad de las tierras cuya legalidad no ha sido probada ha quedado cancelada. Seg¨²n el Ministro de la Reforma Agraria, Raul Jungman, se ha tratado de una "importante decisi¨®n pol¨ªtica que somete las grandes propiedades al Estado de derecho". Seg¨²n el ministro, dichas propiedades no eran otra cosa que "puro papel que serv¨ªa s¨®lo para el blanqueo de dinero".
El ministro ha a?adido que el latifundio improductivo de Brasil, una de las mayores plagas de este inmenso pa¨ªs, "ha recibido un duro golpe en el h¨ªgado". Precisamente eran estas tierras improductivas las que durante los ¨²ltimos a?os sol¨ªan ser invadidas por el Movimiento de los Sin Tierra para darlas a pobres campesinos para su cultivo pagando a veces dicha osad¨ªa con la muerte a manos de pistoleros a sueldo de los propietarios ilegales.
Ahora, los tribunales de Justicia actuar¨¢n contra cada uno de los ex propietarios de terrenos para que puedan pasar al Estado, que decidir¨¢ sobre su futuro uso. Las fincas confiscadas est¨¢n distribuidas por todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en la regi¨®n norte del pa¨ªs, con 33,5 millones de hect¨¢reas. En el noroeste son 10 millones; en el centro-oeste, 18 millones. Donde menos propiedades confiscadas aparecen es en el suroeste, 830.000 hect¨¢reas, y en el sur, con 137.000.
El bi¨®logo M¨¢rcio Ayres declar¨® a EL PA?S que en los registros de la propiedad, que se pasan de padres a hijos y que a veces est¨¢n en manos de aut¨¦nticas mafias, llegan a envejecer artificialmente el papel para que los t¨ªtulos de propiedad parezcan antiguos. Los hacenderos inscrib¨ªan los t¨ªtulos de propiedad falsos en otras instituciones, incluso estatales.
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