El Poder Judicial critica que la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa prive de derechos fundamentales

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® ayer mostrar su "preocupaci¨®n" al Gobierno porque la reforma que pretende hacer de la Ley de Extranjer¨ªa privar¨¢ a los extranjeros en situaci¨®n irregular de derechos humanos fundamentales que s¨ª protege la ley vigente. De los 20 consejeros presentes, 14 votaron a favor de esa cr¨ªtica, que considera un retroceso el anteproyecto, mientras que seis, propuestos por el PP, votaron en contra. Uno de ellos, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, dijo que el Consejo no debe pronunciarse sobre si es o no constitucional el texto sometido a informe.

"Preocupaci¨®n"

Varela reconoci¨® que el pleno del Poder Judicial dio su aprobaci¨®n aproximadamente al 95% del proyecto de informe elaborado por la Comisi¨®n de Estudios e Informes, de contenido cr¨ªtico con el anteproyecto de ley, pero asegur¨®, sin embargo, que el texto final, del que resalt¨® su car¨¢cter "t¨¦cnico, ni elogioso ni cr¨ªtico", envuelve m¨¢s "consideraciones positivas que negativas".Criterio diferente mantiene uno de los ponentes del informe, Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel, quien asegur¨® ayer que "el informe aprobado por el pleno es m¨¢s cr¨ªtico con el anteproyecto que el elaborado por la comisi¨®n". S¨¢ez basa su afirmaci¨®n en la introducci¨®n del texto que expresa la preocupaci¨®n del Consejo por la privaci¨®n a los extranjeros en situaci¨®n irregular de la titularidad de una serie de derechos fundamentales, aunque para su ejercicio sean admisibles modulaciones.

Control judicial

El texto a?adido al informe fue redactado por el presidente del CGPJ, Javier Delgado, y en ¨¦l se manifiesta que al Consejo le produce "preocupaci¨®n el regreso al sistema de la ley de 1985, privando a los extranjeros en situaci¨®n irregular de los derechos de asociaci¨®n, reuni¨®n y manifestaci¨®n, libertad sindical y huelga, independientemente de que su regulaci¨®n legal pueda incluir las restricciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".Algunos de los vocales opuestos a ese texto mostraron su inquietud porque con ¨¦l se ofreciera "un titular" a los peri¨®dicos. De los 20 consejeros presentes en el momento de la votaci¨®n -por ausencia de Esther Gim¨¦nez Salinas-, 14 votaron a favor y lo hicieron en contra los seis siguientes, propuestos en su d¨ªa por el PP: Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto, Manuel Dami¨¢n ?lvarez, Rub¨¦n Antonio Jim¨¦nez, Francisco Monterde y Benigno Varela.

La mayor¨ªa del CGPJ consider¨® que los extranjeros en situaci¨®n irregular no pueden quedar excluidos de la titularidad de esos derechos fundamentales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional apoya este criterio. El m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n anul¨® en 1987 varios preceptos de la Ley de Extranjer¨ªa de 1985. As¨ª, la necesidad de que los extranjeros tuvieran que solicitar autorizaci¨®n del ¨®rgano competente para ejercer el derecho de reuni¨®n fue declarada inconstitucional, y por el mismo motivo fue anulada la facultad que la ley de 1985 daba al Consejo de Ministros de suspender las actividades de las asociaciones promovidas o integradas mayoritariamente por extranjeros. El Constitucional exigi¨® resoluci¨®n judicial motivada para disolver o suspender una asociaci¨®n y, en general, restringir derechos fundamentales.

De acuerdo con esos criterios, el informe aprobado ayer por el CGPJ exige el control judicial de toda decisi¨®n administrativa limitadora de derechos fundamentales de los extranjeros. De ah¨ª que critique que la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa pretenda hacer desaparecer ese control en cuanto al car¨¢cter ejecutivo de sanciones, como la de expulsi¨®n, o mediante la no motivaci¨®n de algunas de las modalidades de denegaci¨®n del visado, o a trav¨¦s de la no consideraci¨®n de privaci¨®n de libertad de acuerdos administrativos sobre extranjeros.El portavoz Varela se?al¨® que, en cuanto a la oportunidad de la reforma, a menos de seis meses de la ley a modificar, el Poder Judicial no se pronuncia, si bien constata que "desde la seguridad jur¨ªdica, conviene que las normas no se reformen constantemente". Tambi¨¦n asegur¨® que al CGPJ "no le corresponde hablar de la constitucionalidad del anteproyecto", aunque el informe se apoya en la doctrina constitucional.