Liberalizaci¨®n y pol¨ªtica econ¨®mica

El autor defiende el paquete de medidas liberalizadoras y asegura que su objetivo es elevar el nivel de renta y empleo.

Pasado ya aproximadamente un mes desde su aprobaci¨®n, el paquete de medidas liberalizadoras ha ido generando algunas reacciones contrapuestas. En ciertos entornos, las medidas se han calificado de insuficientes, y para otros, normalmente algunos de los directamente afectados, el plan supone un intervencionismo excesivo y la competencia que introduce ser¨¢ negativa para la evoluci¨®n del empleo y la inversi¨®n en sus sectores. Sin embargo, este contraste de opiniones puede resultar comprensible si se toma en consideraci¨®n tanto el n¨²mero e importancia de los mercados en los que se ha actuado como la demanda, relativamente novedosa, pero cada vez m¨¢s profunda, de mayor competencia econ¨®mica que plantea la sociedad espa?ola.No obstante, m¨¢s all¨¢ de las actuaciones sobre sectores concretos, es importante reflexionar sobre el objetivo fundamental que busca el conjunto de medidas aprobadas. Y ¨¦ste no es otro que el intentar fortalecer la capacidad de nuestra econom¨ªa para elevar su nivel de renta y empleo en los pr¨®ximos a?os. En los ¨²ltimos ejercicios, la econom¨ªa espa?ola ha crecido de forma pr¨¢cticamente continuada por encima del 3,5%, con una generaci¨®n muy alta de empleo y sin problemas de desequilibrios externos e internos. Es decir, se ha empezado a conformar un nuevo modelo de comportamiento mucho menos "proc¨ªclico" que en el pasado reciente, pero con una mayor capacidad de perdurar y de avanzar en la convergencia real. Ello ha sido consecuencia principalmente de nuestra incorporaci¨®n al euro, que determina un nuevo marco de actuaci¨®n de los agentes econ¨®micos, de la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico y de la estrategia acometida de privatizaci¨®n, desregulaci¨®n, reducci¨®n de impuestos y modernizaci¨®n del mercado de trabajo.

Ahora bien, los efectos de estas actuaciones han ido, como era l¨®gico, incorpor¨¢ndose al comportamiento de los agentes econ¨®micos, por lo que, para asentar y dar mayor continuidad al nuevo patr¨®n de crecimiento, resulta necesario tomar medidas adicionales. Y ello, especialmente si se toma en consideraci¨®n las condiciones monetarias actuales en que se mueve la econom¨ªa espa?ola, el deterioro de nuestra relaci¨®n de intercambio producido por la subida del precio del petr¨®leo, y la imposibilidad de modificar el tipo de cambio nominal respecto a un porcentaje muy elevado de nuestro comercio exterior para ganar competitividad.

En estas circunstancias, para prolongar sin interrupciones bruscas en el futuro la actual fase de auge econ¨®mico, necesitaremos una evoluci¨®n de los costes unitarios de producci¨®n al menos similar al del resto de nuestros socios comunitarios y ello requerir¨¢ de dos tipos de condiciones. En primer lugar, una negociaci¨®n salarial que facilite una adecuada determinaci¨®n de los costes laborales por unidad de producto. Por otro lado, unos precios suficientemente competitivos de los inputs de producci¨®n b¨¢sicos, que suponen aproximadamente el 30% de la demanda intermedia de nuestras empresas. La mejor forma de cumplir esta segunda condici¨®n viene dada por la existencia de mercados de bienes y servicios con competencia efectiva, que es lo que busca garantizar el paquete de medidas. Por ello se incluyen acciones tendentes a alcanzar dichas condiciones de rivalidad, como son las que establecen la independencia de los operadores de las redes de infraestructuras que utilizan, en sectores como el de combustibles, gas natural o telecomunicaciones, o aquellas que fijan limitaciones en la actuaci¨®n de los denominados operadores dominantes. En esta direcci¨®n van las medidas que restringen la apertura de nuevas gasolineras y la instalaci¨®n de capacidad adicional de generaci¨®n el¨¦ctrica a las empresas dominantes, o fijan el porcentaje m¨¢ximo que puede introducir un ¨²nico operador en el sistema nacional de gas. Lo anterior se complementa con los adelantos en los calendarios de liberalizaci¨®n en cuanto a la elecci¨®n de suministrador de gas y electricidad, que colocan a Espa?a como el pa¨ªs m¨¢s avanzado en estos ¨¢mbitos en Europa continental.

Adem¨¢s, y dada la necesidad de hacer m¨¢s eficiente la supervisi¨®n de estos mercados, se incluyen dos importantes medidas de pol¨ªtica de competencia. En primer lugar, se acorta el periodo m¨¢ximo del procedimiento de control de concentraciones de siete a cuatro meses y se establece, al igual que en la regulaci¨®n comunitaria o de EE UU, la suspensi¨®n de la operaci¨®n hasta que culmine dicho procedimiento de control. Por otro lado, se establecen limitaciones al ejercicio de los "derechos politicos" de aquellos accionistas que tengan participaciones, directas o indirectas, superiores al 3% en m¨¢s de un operador principal en determinados mercados, como el energ¨¦tica o telecomunicaciones, para evitar potenciales comportamientos colusivos. Por ¨²ltimo, el conjunto de medidas se completa con una serie de actuaciones con impacto inmediato sobre el bienestar de los ciudadanos, como son aquellas relacionadas con la fiscalidad, ITV, intermediaci¨®n inmobiliaria, fe p¨²blica, farmacia, etc¨¦tera.

De este modo, Espa?a se ajusta tanto a las conclusiones de la reciente cumbre de Lisboa como a las recomendaciones ¨²ltimamente realizadas por la OCDE de que nuestro pa¨ªs para avanzar en la convergencia real deber¨¢ ir en el ¨¢mbito de la reforma estructural m¨¢s deprisa que el conjunto de pa¨ªses europeos a los que nos queremos aproximar en renta per c¨¢pita y empleo.

No obstante, la estrategia de pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno debe ser m¨¢s amplia que las actuaciones en los mercados de productos. Tal como se indicaba anteriormente, el comportamiento de los costes laborales unitarios es un elemento b¨¢sico de nuestra competitividad. Y por ello, la modernizaci¨®n del funcionamiento del mercado de trabajo, que actualmente est¨¢ siendo negociado por los agentes sociales, adquiere una importancia fundamental. Se trata, en definitiva, de continuar reduciendo la todav¨ªa muy elevada temporalidad de nuestra contrataci¨®n, de facilitar f¨®rmulas m¨¢s adecuadas para la incorporaci¨®n al mercado de trabajo de aquellos que tienen m¨¢s dificultades, como es el caso de las mujeres y los j¨®venes, y que la negociaci¨®n colectiva refleje adecuadamente, tanto geogr¨¢fica como funcionalmente, los avances de productividad que se obtengan.

El ¨¦nfasis en las actuaciones sobre la oferta, es decir, mercados de productos y de factores, deriva de la nueva realidad de la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola en el marco del euro. Los instrumentos tradicionales de regulaci¨®n de la demanda agregada, fundamentalmente el m¨¢s poderoso que es la pol¨ªtica monetaria, ya no est¨¢ a disposici¨®n de las autoridades nacionales. As¨ª, la pol¨ªtica fiscal se convierte en la ¨²nica posibilidad de actuaci¨®n sobre la demanda agregada. Ahora bien, ser¨ªa importante hacer una reflexi¨®n profunda sobre la capacidad de influir sobre la demanda que tiene la pol¨ªtica fiscal en el seno de una uni¨®n monetaria y en una econom¨ªa tan abierta al exterior como la espa?ola.

Seguramente, el acento de la pol¨ªtica fiscal, m¨¢s que ponerlo en el "ajuste fino" de la demanda dom¨¦stica, deber¨ªa subrayar la necesidad de alcanzar objetivos de medio plazo, como es la sostenibilidad de las finanzas p¨²blicas incluso ante potenciales recesiones futuras o el facilitar el marco de actuaci¨®n de la pol¨ªtica monetaria como principal responsable de la estabilidad de precios. Es por ello que el Gobierno ha revisado recientemente los objetivos inicialmente previstos en nuestro Programa de Estabilidad para el presente ejercicio y el siguiente, adelantando al pr¨®ximo a?o la obtenci¨®n de un equilibrio presupuestario, lo que supone eliminar pr¨¢cticamente el componente estructural del d¨¦ficit p¨²blico. As¨ª, las cuentas p¨²blicas estar¨¢n en una situaci¨®n que permitir¨¢ hacer frente a los retos de futuro de la sociedad espa?ola, garantizando el cumplimiento en cualquier circunstancia del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Luis de Guindos es secretario general de Pol¨ªtica Econ¨®mica y Defensa de la Competencia.