El Gobierno advierte de que los inmigrantes no regularizados ser¨¢n expulsados de Espa?a
"Habr¨¢ un cierto n¨²mero de personas que no podr¨¢n quedarse en Espa?a". El delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, disip¨® as¨ª todas las dudas que sindicatos, fuerzas pol¨ªticas y ONG hab¨ªan planteado en relaci¨®n con las medidas que tomar¨¢ el Ejecutivo con aquellos inmigrantes que quedar¨¢n excluidos del proceso extraordinario de regularizaci¨®n que empez¨® el 21 de marzo y finaliz¨® el pasado d¨ªa 31 de julio
"Habr¨¢ un cierto n¨²mero de personas que no podr¨¢n quedarse en Espa?a". El delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, disip¨® as¨ª todas las dudas que sindicatos, fuerzas pol¨ªticas y ONG hab¨ªan planteado en relaci¨®n con las medidas que tomar¨¢ el Ejecutivo con aquellos inmigrantes que quedar¨¢n excluidos del proceso extraordinario de regularizaci¨®n que empez¨® el 21 de marzo y finaliz¨® el pasado d¨ªa 31 de julio. M¨¢s de 50.000 personas, seg¨²n datos de los agentes sociales y las propias estimaciones de Fern¨¢ndez-Miranda, podr¨ªan ser expulsadas del pa¨ªs por permanecer indocumentadas, tal y como establece el texto reformado de la Ley de Extranjer¨ªa que el Gobierno aprobar¨¢ el pr¨®ximo viernes en Consejo de Ministros.
El secretario de Estado para la Inmigraci¨®n present¨® ayer las cifras oficiales de la regularizaci¨®n, que han desbordado todas las previsiones iniciales. Son casi 225.000 las solicitudes presentadas en toda Espa?a, de las que hasta el momento se han resuelto 101.517. De ¨¦stas, han sido concedidas 85.526, mientras que se han denegado 12.710 y otras 3. 200 est¨¢n sin clasificar o han sido archivadas. Catalu?a, con 58.000, y Madrid, con 48.796, concentran el 40% del total de las solicitudes, seguidas por Andaluc¨ªa, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.
Estar en Espa?a antes del 1 de junio de 1999 era el requisito principal para acogerse al proceso de regularizaci¨®n. Todos los inmigrantes que no hayan demostrado su estancia antes de esa fecha o hayan llegado despu¨¦s generar¨¢n una bolsa de extranjeros que, de quedarse en el pa¨ªs, permanecer¨¢n ilegalmente. Fern¨¢ndez-Miranda eludi¨® hablar de "expulsiones", aunque afirm¨® que las personas que se encuentren en esa situaci¨®n "no podr¨¢n estar legalmente entre nosotros". Adem¨¢s, trat¨® de justificar las posibles expulsiones: "No podemos hacernos cargo de que se garanticen los derechos de las personas en situaci¨®n irregular y, por tanto, es mejor para nosotros y para ellos, que podr¨ªan ser explotados. Esperamos que sea el menor n¨²mero posible de personas posible porque ¨¦ste ha sido un proceso mod¨¦lico", a?adi¨®.
Asimismo, record¨® que los que no obtengan el permiso de residencia "siempre podr¨¢n agotar todas las v¨ªas administrativas recurriendo las resoluciones tal y como les permite el procedimiento, o bien acogerse a los pr¨®ximos contingentes". El hecho de que, pese al proceso de regularizaci¨®n, todav¨ªa queden personas en situaci¨®n de irregularidad en Espa?a se contradice con el objetivo del Gobierno, reiterado ayer por Fern¨¢ndez-Miranda, de "poner el contador de la inmigraci¨®n a cero para conocer la realidad de la cual arrancamos".
Del total de 224.959 solicitudes presentadas, el 58%, unas 131.000, corresponden a personas que nunca antes hab¨ªan intentado regularizar su situaci¨®n. A las que obtengan una resoluci¨®n favorable, se les conceder¨¢ un permiso de residencia por un a?o. Los 10.762 solicitantes que hab¨ªan sido titulares de un permiso anterior obtendr¨ªan otro permiso por un periodo superior al que antes hubiesen tenido. Aquellos que han cursado la solicitud como familiares de residentes comunitarios, 11.800 seg¨²n Interior, conseguir¨¢n un permiso de residencia por cinco a?os.
La procedencia de los inmigrantes que solicitaron normalizar su situaci¨®n en Espa?a es principalmente de Marruecos (32,3%), Ecuador (12,9%) y Colombia (7,7%). Por sectores, m¨¢s de un tercio (34,5%) de las peticiones son para trabajar en el servicio dom¨¦stico, seguidas de la construcci¨®n (19,6%) y la hosteler¨ªa (11,8%).
Libre circulaci¨®n
Recurrir y recurrir
Todos los extranjeros a los que no les sea concedida la regularizaci¨®n y el correspondiente permiso de residencia podr¨¢n recurrir la resoluci¨®n si consideran que es injustificada, aunque la normativa administrativa general establece que la expulsi¨®n, en caso de haberse ordenado, debe ejecutarse.De haber recibido una resoluci¨®n negativa, los afectados podr¨¢n interponer un recurso ordinario dirigido a la Direcci¨®n General de Migraciones, el organismo que remite la carta de resoluci¨®n. Si el recurso es estimado y han sido expulsados previamente, podr¨¢n regresar antes de los tres a?os que establece la ley. Si por el contrario no lo es, podr¨¢n seguir recurriendo, ahora ante la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa.
El hecho de estar pendientes de que se resuelvan sus recursos no evita que las personas que se encuentren en esa situaci¨®n puedan ser devueltas a sus pa¨ªses. De hecho, seg¨²n la responsable de inmigraci¨®n de CC OO, Paloma L¨®pez, "es algo que se ha venido haciendo ¨²ltimamente".
Hay casos en los que, despu¨¦s de a?os de recursos, se ha llegado hasta el Supremo.
La reforma de la ley incluir¨¢ sugerencias del Poder Judicial y del Consejo de Estado
Fern¨¢ndez-Miranda aludi¨® a la observaci¨®n realizada por el CGPJ de que se mejore la definici¨®n de algunos preceptos, en referencia a las limitaciones a la libre circulaci¨®n de las personas. Este ¨®rgano pide, en ese sentido, que se haga de forma individualizada, motivada y en proporci¨®n a las razones que obligan a limitar los movimientos.Adem¨¢s, confirm¨® que se aceptar¨¢ la sugerencia del Consejo de Estado de contemplar el derecho a la educaci¨®n como "derecho y deber", dado que algunas comunidades aut¨®nomas han denunciado que numerosas familias impiden la escolarizaci¨®n completa de las ni?as.
El nuevo texto tambi¨¦n definir¨¢, como pide el Consejo de Estado, las condiciones de reagrupamiento familiar, que se especificar¨¢n por v¨ªa reglamentaria con el fin de evitar el efecto domin¨®; es decir, que cualquier persona que venga a residir en Espa?a habiendo sido reagrupada pueda, a su vez, iniciar ese proceso.
En lo que se refiere a la pol¨¦mica suscitada por el recorte de derechos, sobre el que llam¨® la atenci¨®n inicialmente el CGPJ, Fern¨¢ndez-Miranda no quiso pronunciarse, si bien se?al¨® que el propio informe del Poder Judicial reconoce que son comentarios que hace dentro de "su competencia ampliada, m¨¢s all¨¢ de su competencia legal".
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