La mitad de los nuevos proyectos energ¨¦ticos est¨¢n parados por cuestiones ambientales y urban¨ªsticas
La mitad de los proyectos energ¨¦ticos previstos para Euskadi en los pr¨®ximos a?os, con un presupuesto cercano a los 260.000 millones, est¨¢n frenados por cuestiones ambientales o urban¨ªsticas. La planta IGCC para la generaci¨®n de electricidad gracias a residuos de refiner¨ªa, la incineradora de basuras de Zabalgarbi -ambas en el ¨¢rea metropolitana de Bilbao- y la central de ciclo combinado en Amorebieta se han topado con problemas, aunque sus responsables aseguran su puesta en marcha. Ecologistas y grupos vecinales pugnan por su paralizaci¨®n total.
El pol¨¦mico Zabalgarbi
Las nuevas inversiones energ¨¦ticas previstas alcanzan la media docena de proyectos, con la central de ciclo combinado de Iberdrola Santurtzi IV, que cuenta con una inversi¨®n de 25.000 millones para una potencia instalada de 400 megawatios/hora y est¨¢ prevista su puesta en marcha en 2004; la Bah¨ªa Bizkaia Electricidad, promovida por BP-Amocco, Repsol, Iberdrola y el EVE y ubicada en terrenos del Puerto de Bilbao, con 45.000 millones y una potencia de 800 megawatios, que se espera funcione para 2003, y el parque e¨®lico de Elgea, entre Guip¨²zcoa y ?lava, que ya est¨¢ en marcha, ha requerido una inversi¨®n de 4.000 millones y tiene capacidad para generar 24 megawatios.Estas tres infraestructuras tienen el camino pr¨¢cticamente despejado, pese a que tambi¨¦n han surgido movimientos de protesta, como en el caso del parque de Elgea por el impacto de los molinos de viento instalados y el proceso de tramitaci¨®n urban¨ªstica de las licencias.
Los mayores inconvenientes se est¨¢n centrando en los otros tres proyectos. El m¨¢s importante es Piemsa, la planta de IGCC impulsada por Iberdrola y Petronor que aprovecha los residuos de refiner¨ªa para la producci¨®n de electricidad. Es el plan de mayor inversi¨®n, con 170.000 millones y prev¨¦ generar 820 megawatios. Las intenciones de sus promotores es que est¨¦ en funcionamiento en 2003. Pero su puesta en marcha ha encontrado un importante obst¨¢culo: el Ayuntamiento de Abanto y Ci¨¦rvana ha rechazado la recalificaci¨®n de los terrenos (de su actual calificaci¨®n urbana a la industrial) donde se quiere ubicar la planta, al considerar que producir¨¢ da?os "irreversibles" a las personas y el medio ambiente.
Los promotores del proyecto IGCC est¨¢n convencidos de que, pese al retraso que supondr¨¢, este obst¨¢culo se superar¨¢ y la planta se pondr¨¢ en funcionamiento.
En el caso de la planta de Amorebieta, el rechazo ha procedido de los vecinos del barrio de Boroa, donde se quiere instalar el proyecto de ciclo combinado, con una potencia de 750 megawatios y una inversi¨®n de 65.000 millones. A diferencia del de IGCC, donde las protestas son m¨¢s recientes, el proyecto de Boroa ha sido contestado desde finales del pasado a?o al aludir a las emisiones t¨®xicas y los vertidos en el r¨ªo Ibaizabal. La creciente oposici¨®n llev¨® al Ayuntamiento a oponerse, en mayo pasado, a la central pero por incumplir las normas urban¨ªsticas debido a la excesiva altura de sus torres. A¨²n est¨¢ pendiente la declaraci¨®n de impacto que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente.
Los promotores, la empresa irlandesa ESB, niegan cualquier tipo de impacto y aseguran que "cumple los marcos urban¨ªsticos y medioambientales". A su juicio, el rechazo de los partidos del Ayuntamiento de Amorebieta est¨¢ motivado s¨®lo por "razones pol¨ªticas disfrazadas" y recuerdan que apoyaron el proyecto cuando se les present¨® en 1998.
La tercera inversi¨®n energ¨¦tica es la m¨¢s pol¨¦mica. Es el proyecto Zabalgarbi para habilitar una planta de incineraci¨®n de basuras, con lo que se generar¨ªa electricidad. La capacidad es de 90 megawatios y la inversi¨®n ronda los 25.000 millones de pesetas. La promotora, que tiene un 45% de capital p¨²blico e inversores privados como el grupo Vivendi (20%), est¨¢ a la espera de conseguir los permisos del Ayuntamiento de Bilbao y la declaraci¨®n de impacto ambiental, que corresponde al Gobierno. Los ecologistas han denunciado graves incumplimientos en el proyecto, como la carencia de un estudio actual de la zona donde se ubicar¨¢, en el vertedero bilba¨ªno de Artigas. El propio consistorio ha comprobado ocho principales deficiencias pero ha delegado la autorizaci¨®n definitiva en el Ejecutivo vasco.La plataforma Ecologistak Martxan, que agrupa a gran parte de los grupos vascos, censura los seis proyectos y aboga por estudios de impacto ambiental globales para los tres ubicados en el ¨¢rea metropolitana. "No se puede hacer de forma individualizada porque est¨¢n concentrados en un mismo sitio, la Margen Izquierda", apuntan.
Este asunto llegar¨¢ tras el verano al Parlamento, puesto que IU-EB ha presentado una propuesta para elaborar un plan de energ¨ªa "que justifique la necesidad de todas las nuevas centrales energ¨¦ticas e incluya el ahorro y reducci¨®n del consumo". Aseguran que la puesta en marcha de los seis proyectos "duplica las necesidades actuales" de abastecimiento energ¨¦tico en el Pa¨ªs Vasco.
La denuncia llega a las carreteras
Adem¨¢s de los proyectos industriales, las carreteras se est¨¢n convirtiendo tambi¨¦n en motivo de queja por parte de grupos ecologistas y ciudadanos. La Diputaci¨®n de Vizcaya es la instituci¨®n que m¨¢s reclamaciones recibe y la mayor parte de sus ¨²ltimos planes viarios han sido rechazados e incluso demandados ante los tribunales de justicia.Las tres nuevas autov¨ªas de acceso a Bilbao -los t¨²neles de Artxanda, la Variante Baja de Deusto y la Variante Este-, que suponen una inversi¨®n superior a los 20.000 millones, han sido censurados por los vecinos afectados. La situaci¨®n es especialmente grave en el caso de la Variante Este, ya abierta y que ha provocado tres demandas diferentes, una de las cuales acab¨® con el pago de 1.500 millones de pesetas por el Ayuntamiento de Bilbao a varios propietarios. En los otros dos casos, las denuncias siguen su curso, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el proyecto de obra y no ha dado validez a las expropiaciones realizadas. La Diputaci¨®n ha recurrido ante el Supremo ambos fallos.
En los t¨²neles de Artxanda, la que ser¨¢ la primera autov¨ªa de peaje de Vizcaya con un coste de 15.000 millones de pesetas, tambi¨¦n se ha planteado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior por la escasa distancia del vial respecto a varios bloques de viviendas.
Y hay m¨¢s casos. La variante de Berriz, en servicio, es investigada por un juzgado debido a un posible delito ecol¨®gico en la destrucci¨®n de ¨¢rboles y la de Ondarroa, pendiente de iniciarse las obras, ha sido motivo de una reclamaci¨®n ante la Uni¨®n Europea por la destrucci¨®n de la ¨²nica marisma existente en la zona. Bizirik, un grupo creado hace dos a?os para oponerse a la construcci¨®n indiscriminada de carreteras, se ha quejado repetidamente de los proyectos "que se hacen una y otra vez salt¨¢ndose la legalidad".
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