Int¨¦rprete de Justicia, v¨ªctima de los formalismos judiciales

La burocracia impide a Zemou, un ciudadano marroqu¨ª, cobrar casi cinco millones por su trabajo durante tres a?os para la Administraci¨®n

Las tres de la tarde de un d¨ªa de octubre de 1998. Un tel¨¦fono rompe la tranquilidad de un acogedor pisito en el madrile?o barrio de Malasa?a. Una voz procedente de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Madrid da orden de que su arredantario, Zemou, un ciudadano marroqu¨ª de 41 a?os de edad, se persone en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, "inmediatamente", a petici¨®n del Juzgado n¨²mero 2 de Valdemoro. A las cuatro Zemou est¨¢ ya en las dependencias del cuerpo. El Grupo 32 de Blanqueo de Dinero pone a su disposici¨®n un conjunto de cintas magnetof¨®nicas que contienen unas complejas conversaciones, que combinan hasta cinco idiomas y varios dialectos del ¨¢rabe, obtenidas por intervenciones telef¨®nicas en el curso de una investigaci¨®n que se est¨¢ realizando.

Desde que lleg¨® a Espa?a, en 1988, despu¨¦s de diplomarse en Filosof¨ªa y licenciarse en Semi¨®tica por la Universidad de Fez, Zemou trabaj¨® como profesor de franc¨¦s y traductor en varias organizaciones sociales. A?os m¨¢s tarde y conocedor de seis idiomas, entre ellos tres dialectos del ¨¢rabe, present¨® su curr¨ªculo ante la Gerencia Territorial de Madrid del Ministerio de Justicia ofreci¨¦ndose como int¨¦rprete. Enseguida pas¨® a ser uno m¨¢s de los 700 incluidos en los listados de dicho organismo y que, en consecuencia, pueden ser llamados en cualquier momento para asistir como traductores a alguno de los m¨¢s de 150 juzgados de la comunidad de Madrid.

"A este tipo de empleo puede tener acceso cualquier persona sin necesidad de titulaci¨®n. Basta con que conozca el idioma que dice saber. La mayor¨ªa de las personas que aparecen en nuestros listados no son profesionales. Tenemos desde un ama de casa hasta un estudiante, pasando por un vendedor ambulante", explica Vicente Rodr¨ªguez, responsable de la Gerencia Territorial. Y a?ade: "Hasta ahora no hemos tenido ning¨²n problema". Sin embargo, muchos int¨¦rpretes consideran que las malas traducciones han perjudicado seriamente a imputados en juicios.

Se trata de un trabajo por horas: unas 6.000 pesetas por cada una en los d¨ªas laborables y unas 9.000 en los festivos.

?sa era la primera vez que Zemou iba a trabajar directamente con un cuerpo de seguridad del Estado tras varios a?os ejerciendo su labor de int¨¦rprete en distintos juzgados de Madrid y cobrando puntualmente sus honorarios en la Gerencia Territorial. Ser¨ªan tres meses de intensa labor que dar¨ªan un vuelco a su vida.

Despu¨¦s de 15 d¨ªas trabajando para la Guardia Civil por orden del Juzgado de Valdemoro, el caso desbord¨® las competencias de dicho ¨®rgano y pas¨® a la Audiencia Nacional. Pero Zemou continu¨® realizando la misma labor de escucha, traducci¨®n, transcripci¨®n e interpretaci¨®n de las conversaciones de los entonces supuestos implicados en una red de blanqueo de dinero. La Guardia Civil ya lo consideraba un experto en el asunto y hab¨ªa obtenido buenos resultados en sus investigaciones.

La ¨²nica diferencia, una vez que el caso pas¨® a depender de la Audiencia, era que las transcripciones eran enviadas al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1, que dirig¨ªa y dirige Juan del Olmo y cuya secretaria era Mar¨ªa Mariscal de Gante, prima de la ex ministra de Justicia. Adem¨¢s, los peritos judiciales de la Audiencia, en este caso un int¨¦rprete, cobran sus honorarios a trav¨¦s de otra gerencia, la de ?rganos Centrales.

El 31 de enero de 1999, cuando llevaba trabajando m¨¢s de tres meses y person¨¢ndose diariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, Zemou reclam¨® sus honorarios y present¨® 80 facturas -todas ellas selladas por la Guardia Civil- por valor de m¨¢s de dos millones de pesetas ante el ¨®rgano pagador de la Audiencia.

"No ha habido nombramiento y, por tanto, no puede cobrar". ?sa es la frase que le han repetido hasta la saciedad Mar¨ªa Mariscal de Gante, Del Olmo y el responsable de la Gerencia de ?rganos Centrales, Rom¨¢n Moro. De uno a otro, de otro a uno, de la secretaria al gerente y del gerente a la secretaria. Nada: "No ha existido nombramiento".

El nombramiento o llamamiento es un formalismo jur¨ªdico que, seg¨²n la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe realizar el juez que instruye un caso para facultar a un perito judicial para que realice su labor. Del Olmo nunca hizo tal nombramiento en favor de Zemou, seg¨²n la secretaria del juzgado, "porque desconoc¨ªa que estuviese realizando esos trabajos" pese a que sus traducciones pasaron a formar parte del procedimiento que ¨¦l mismo instru¨ªa.

Mientras Zemou recib¨ªa todo tipo de evasivas y como fruto de sus traducciones, en julio de ese mismo a?o la Guardia Civil detuvo a una banda clandestina en Melilla que operaba como un banco legal, con lo que qued¨® desarticulada una red que hab¨ªa lavado un bill¨®n de pesetas por el m¨¦todo de cambiar divisas obtenidas de la venta de hach¨ªs en el norte de Marruecos a intermediarios europeos. Se llam¨® Operaci¨®n Solarium y fueron detenidas 48 personas, entre ellas el director y el apoderado de una sucursal del Banco Popular en la ciudad mencionada.

"A mi entender", comenta Mar¨ªa Mariscal de Gante, "lo que est¨¢ clar¨ªsimo es que la Guardia Civil se aprovech¨® de las traducciones de este hombre para avanzar en su investigaci¨®n, aunque es cierto que despu¨¦s nos hemos aprovechado todos". "Pero quien le tiene que pagar es el Ministerio del Interior", afirma con rotundidad tras admitir que recibi¨® un informe certificado por dicha instituci¨®n en el que se constata que Zemou hab¨ªa estado prestando sus servicios como int¨¦rprete en el caso durante m¨¢s de tres meses. "Yo no puedo certificar lo que no he visto. El int¨¦rprete deb¨ªa haberse cerciorado de que ten¨ªa un nombramiento para seguir con su trabajo", concluye de forma contundente.

Esto es algo que Zemou no hizo porque la Gerencia Territorial de Madrid, el organismo que hasta entonces se encargaba de sus honorarios, no exige ese formalismo, seg¨²n explica su responsable, Vicente Rodr¨ªguez: "Lo normal es que los int¨¦rpretes que han realizado traducciones en un juicio remitan un certificado del secretario del juzgado correspondiente, de tal manera que se da por hecho el nombramiento y se les paga".

A d¨ªa de hoy, y despu¨¦s de haber dejado de trabajar por retraso de pagos, Zemou no ha recibido un solo duro ni de la Audiencia Nacional ni del Ministerio del Interior.

Pero el asunto no se qued¨® ah¨ª. Zemou sigui¨® atendiendo las demandas de los juzgados y el 2 de febrero de 2000 el departamento fiscal antidroga de la Direcci¨®n de la Guardia Civil, con sede en Llanes (Asturias), le requiri¨® a ¨¦l, no a otro, para traducir otras cintas, correspondientes esta vez a una investigaci¨®n de narcotr¨¢fico.

El tema volvi¨® a pasar a la Audiencia, concretamente al Juzgado Central n¨²mero 4. Esta vez, y despu¨¦s de su experiencia anterior, Zemou solicit¨® ser nombrado por el juez del juzgado, el magistrado Carlos Divar Blanco. Sin embargo, ¨¦ste s¨®lo autoriz¨® el nombramiento por escrito, sin llegar a efectuarlo.

La historia se repiti¨® y ahora las facturas ascienden tambi¨¦n a m¨¢s de dos millones de pesetas, con lo que el total de la deuda es casi de cinco millones. "No ha habido nombramiento", pero s¨ª hay un recurso, interpuesto por el afectado contra la gerencia de la Audiencia Nacional, que tambi¨¦n ha sido desestimado.

A la una de la tarde de un d¨ªa del actual mes de agosto de 2000 un tel¨¦fono rompe la ficticia tranquilidad de un destartalado pisito del madrile?o barrio de Malasa?a. Una voz de mujer, enfadada, afirma que va a expulsar a su inquilino porque le debe ocho meses de alquiler. Es Zemou, que, derrotado por el des¨¢nimo, afirma indignado: "Ya me resultan iguales los jueces que los narcos".