Dif¨ªcil enmienda

A estas alturas, si una cosa est¨¢ clara del pol¨¦mico proceso de adjudicaci¨®n de licencias de telefon¨ªa m¨®vil es que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar cometi¨® un inmenso error en marzo pasado, cuando, a toda prisa y en v¨ªsperas de las elecciones, resolvi¨® el concurso por el que ingres¨® s¨®lo 86.000 millones de pesetas, frente a los 6,5 billones que poco despu¨¦s lograr¨ªa el Reino Unido o los m¨¢s de ocho que ha recaudado Alemania hace pocos d¨ªas. La diferencia es tan abismal que los argumenttos esgrimidos en su d¨ªa en favor del concurso suenan ahora rid¨ªculos. Una vez conocidos los fabulosos ingresos logrados por la Hacienda alemana, la oposici¨®n acus¨® a Aznar de regalar las licencias y de renunciar a un dinero con el que los socios europeos de Espa?a mejorar¨¢n su capacidad de competir internacionalmente, al dedicar estos recursos a inversiones en infraestructura, investigaci¨®n o recorte de impuestos. Tras estallar la pol¨¦mica en Espa?a, el Ejecutivo se ha puesto a buscar una f¨®rmula con la que compensar los bajos ingresos que el concurso que dise?¨® le ha deparado, prueba evidente de que es consciente de haber da?ado los intereses del Estado con aquella decisi¨®n. Las posibilidades de que lo logre son bien escasas.

De momento, y en perfecta sinton¨ªa con anteriores actuaciones, s¨®lo se sabe lo que no va a hacer. El Ejecutivo parece haber descartado una operaci¨®n de cirug¨ªa mayor: declarar nulo el concurso de marzo y convocar una subasta que le permita una recaudaci¨®n en l¨ªnea con el resto de Europa, y que la mayor¨ªa de los c¨¢lculos cifran en unos cuatro billones de pesetas.

Parece una decisi¨®n correcta. Dejar de ingresar cuatro billones de pesetas es un error pol¨ªtico por el que el Gobierno debe dar explicaciones inmediatamente; pero anular un concurso internacional por culpa de la precipitaci¨®n y el c¨²mulo de negligencias con el que se convoc¨® podr¨ªa convertirse en un desastre gigantesco. Habr¨ªa que hilar muy fino para evitar que una decisi¨®n que cuestionase el principio de seguridad jur¨ªdica inherente a todo Estado de derecho arrojara sobre Espa?a una imagen de rep¨²blica bananera en la que el Gobierno de turno hace y deshace en funci¨®n de sus intereses.

Descartada al parecer esa salida, el equipo econ¨®mico del Ejecutivo est¨¢ buscando fren¨¦ticamente una alternativa menos traum¨¢tica que le permita, por una parte, salvarse del acoso pol¨ªtico que previsiblemente se desatar¨¢ en el inminente inicio del curso pol¨ªtico, y que, por otra, no chirr¨ªe demasiado en el conjunto de la normativa sobre telecomunicaciones. Las dos opciones m¨¢s barajadas consisten en aumentar el canon anual que las operadoras pagan por las licencias (el 1,5 por mil de sus ingresos brutos) o fijar un sistema de precios m¨¢ximos para que los usuarios espa?oles paguen menos que los alemanes por utilizar el futuro m¨®vil multimedia. Pero ninguna de las dos resulta satisfactoria.

Aumentar la tasa hasta donde permiten las leyes vigentes (un 2 por mil de los ingresos brutos de explotaci¨®n) apenas tendr¨¢ efectos recaudatorios. Fijar precios m¨¢ximos, adem¨¢s de ir en contra de la filosof¨ªa pol¨ªtica del Gobierno (que la competencia resulta el mejor camino para lograr tarifas justas), tiene un inconveniente mayor. Vista la diferencia entre lo ingresado por Alemania y Espa?a por las licencias, el usuario espa?ol deber¨ªa pagar por utilizar el m¨®vil un 1% de lo que paguen los alemanes. Una cifra que suena a broma. Y de no ser as¨ª, los espa?oles tendr¨¢n la sensaci¨®n de que con su factura del m¨®vil est¨¢n contribuyendo a las arcas p¨²blicas alemanas, dado que algunas compa?¨ªas que ofrecer¨¢n servicio en Espa?a tambi¨¦n lo har¨¢n en Alemania (Telef¨®nica, por ejemplo). Siendo similar en ambos pa¨ªses el coste de desplegar la infraestructura necesaria, resulta ingenuo negar que el ahorro de costes en Espa?a por las bajas licencias no contribuye a financiar el bill¨®n y medio que cada compa?¨ªa ha pagado por operar en Alemania.

Encontrar una salida resulta complicado, pero ello no justifica la silente pasividad del Gobierno. Ning¨²n responsable pol¨ªtico ha ofrecido explicaci¨®n alguna a los ciudadanos, a la espera quiz¨¢ de que el temporal amaine. Pero, a juzgar por las declaraciones de la oposici¨®n, no amainar¨¢, y septiempre est¨¢ a la vuelta de la esquina. El Ejecutivo est¨¢ obligado a, primero, ofrecer una explicaci¨®n sobre las razones que le llevaron a convocar con tanta premura un concurso que, a la luz de lo sucedido despu¨¦s, se ha revelado como un desacierto total, en el mejor de los casos, o una operaci¨®n favorable a determinados intereses, en el peor. Segundo, a buscar de forma consensuada con la oposici¨®n y las compa?¨ªas afectadas una soluci¨®n que repare, en lo posible, el desacierto cometido en marzo.