Siete comunidades aut¨®nomas preparan leyes para regular las parejas de hecho

A falta de una ley nacional, comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos y algunas empresas reconocen, dentro de sus competencias, derechos a las parejas de hecho. As¨ª, dependiendo de d¨®nde vivan o d¨®nde trabajen, los componentes de estas uniones tienen derechos diferentes. Tres comunidades ya han elaborado leyes al respecto, y otras siete las han anunciado. Con ley o sin ella, 10 comunidades y m¨¢s de 200 poblaciones han abierto registros de parejas, seg¨²n datos de Miquel ?ngel Fern¨¢ndez, de la organizaci¨®n homosexual Lambda, de Valencia. Tambi¨¦n numerosos convenios colectivos de organismos oficiales y grandes empresas equiparan las uniones con los matrimonios para conceder traslados o permisos.

Arrendamientos urbanos

Las siete comunidades que han anunciado que est¨¢n preparando leyes de parejas son Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Canarias, Pa¨ªs Vasco, Andaluc¨ªa y Comunidad Valenciana. Esta ¨²ltima es la primera gobernada por el PP que se prepara para equiparar, en la medida de sus posibilidades, matrimonios y parejas de hecho. Mientras tanto, en el Congreso la tramitaci¨®n de una propuesta no avanza desde 1997, cuando se presentaron las proposiciones de Coalici¨®n Canaria, IU-IC y PSOE. El PP, con el apoyo entonces de CiU, rechaz¨® estas tres iniciativas, y present¨® su Ley de Uniones Civiles, pero ah¨ª acab¨® el debate. El martes pasado, los votos de los populares impidieron que se retomara el tema, al rechazar las proposiciones de IU, Iniciativa per Catalunya (IC), PSOE y CiU, que abogaban por una amplia equiparaci¨®n de derechos entre parejas de hecho y matrimonios.Este "gota a gota" legislativo, como lo defini¨® la diputada de IU Marisa Castro, se ampl¨ªa con los numerosos registros de parejas de hecho. Adem¨¢s de las tres comunidades con leyes de pareja propias, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andaluc¨ªa, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Pa¨ªs Vasco y Ceuta reconocen la inscripci¨®n de estas uniones, lo mismo que sucede en m¨¢s de 200 pueblos y ciudades. Un desbarajuste, como demuestra que no haya una lista oficial de municipios donde inscribirse. As¨ª, puede darse el caso de que a una pareja le interese m¨¢s apuntarse en el registro de su ayuntamiento que en el de su comunidad para conseguir un piso de promoci¨®n municipal o descuentos en las instalaciones deportivas, o que lo haga en los dos. Si adem¨¢s trabajan en una gran empresa podr¨¢n disfrutar al registrarse de los 15 d¨ªas de permiso que se concede por convenio a quienes se casan.

Tambi¨¦n la legislaci¨®n ha ido incorporando en los ¨²ltimos a?os situaciones en las que se equiparan las parejas de hecho con los matrimonios. Entre ellas, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite la subrogaci¨®n del alquiler al conviviente, la del habeas corpus y la de ayudas para v¨ªctimas del terrorismo, que incluye la posibilidad de que las parejas de hecho de los fallecidos cobren las indemnizacionesNavarra, Arag¨®n y Catalu?a ya tienen leyes propias. Los Ejecutivos que las aprobaron pertenec¨ªan a partidos distintos (CiU en Catalu?a, UPN en Navarra, PSOE en Arag¨®n). Cada una de ellas reconoce derechos diferentes, seg¨²n sus competencias. No pueden equiparar derechos sucesorios, ni regular acerca de pensiones o concesi¨®n de nacionalidades, por ejemplo. La ley catalana fue la primera en aprobarse, y su reglamentaci¨®n es muy parecida a la de la aragonesa y a la propuesta que CiU present¨® en el Parlamento. La ¨²nica que permite la adopci¨®n por parejas homosexuales es Navarra, pero para hacerlo tuvo que recurrir a un truco: en vez de incluir esta posibilidad en la ley de parejas, la comunidad foral modific¨® la ley del menor.

La pol¨¦mica no se ci?e s¨®lo a los derechos que deban tener las uniones. Las diferencias empiezan por su descripci¨®n. El proyecto del PP de 1997 estaba destinado a quienes quisieran "formalizar una uni¨®n civil por medio de un contrato". Una definici¨®n "asexuada que no reconoce la afectividad de las parejas de hecho ni de las homosexuales", en palabras de Jordi Petit, presidente honorario de la Coordinadora Gay-Lesbiana.

La portavoz del grupo parlamentario popular Rosa Estar¨¤s, que defendi¨® la postura de su partido en la C¨¢mara Baja, reconoce que se trata de una formulaci¨®n "mejorable, en vista de la realidad social", y apunta que "aunque no se puede identificar uni¨®n civil con matrimonio, s¨ª que tiene que perfeccionarse", incluyendo la idea de que se trata de "dos personas con un proyecto de vida en com¨²n".

Esta definici¨®n se acerca m¨¢s a las de las propuestas rechazadas. IU e Iniciativa por Catalu?a hablan de "equiparaci¨®n al c¨®nyuge de las personas que convivan en an¨¢loga relaci¨®n de afectividad". El PSOE se refiere a "quienes convivan en pareja de forma libre, p¨²blica y notoria, en una forma de afectividad similar a la conyugal", algo muy parecido a lo que establece CiU: "La convivencia de quienes lo hacen con voluntad de permanecer en la misma y con an¨¢loga relaci¨®n de afectividad a la del matrimonio".