El fiscal rebaja a un a?o la petici¨®n de pena para los nueve acusados de fraude en el voto por correo

El juicio a los nueve militantes del Partido Popular acusados de un presunto fraude en el voto por correo, descubierto en las elecciones municipales de 1991, dio ayer un nuevo giro. El fiscal Juan P¨¦rez Mart¨ªnez retir¨® la imputaci¨®n de delito electoral a tres de los implicados, para los cuales hab¨ªa solicitado penas de nueve a?os de c¨¢rcel. Mantuvo, eso s¨ª, la acusaci¨®n de falsedad contra todos ellos, pero en condici¨®n de particulares y no de funcionarios p¨²blicos, como anunci¨® en un principio. Por esta raz¨®n, rebaj¨® sus peticiones y solicit¨® para los nueve militantes un a?o de prisi¨®n y multa de 60.000 pesetas.

Petici¨®n de IU

La de ayer era la cuarta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para Guillermo N¨²?ez Vaquero, Esperanza M¨¢rquez G¨®mez y Mar¨ªa del Pilar Rodr¨ªguez penas de nueve a?os de prisi¨®n por un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento oficial. Los otros acusados se enfrentaban a una petici¨®n de dos a?os de c¨¢rcel. Las defensas insisten en la inocencia de los imputados. El fiscal decidi¨® modificar sus escritos acusatorios. Retir¨® la imputaci¨®n de delito electoral -aunque cree que fue come-tido- porque, seg¨²n explic¨® ante el tribunal, en el a?o 1991 los acusados no cometieron el delito en calidad de funcionarios p¨²blicos, sino como particulares. La Ley Electoral en esa ¨¦poca, se?al¨®, no sancionaba tales casos.

Lo que s¨ª mantuvo el representante del Ministerio P¨²blico fue la acusaci¨®n de falsedad en documento oficial para los nueve militantes del PP, tambi¨¦n en calidad de particulares. Solicit¨® para todos ellos un a?o de prisi¨®n menor, la imposici¨®n de una multa de 60.000 pesetas y seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n para el derecho de sufragio pasivo. En su escrito, el fiscal sostiene que los implicados falsearon la firma del notario Alberto Ballar¨ªn para legitimar 3.366 votos. Adem¨¢s, se saltaron la normativa electoral y votaron al PP en nombre de personas supuestamente incapacitadas.

Para delegar en otros la tramitaci¨®n de un voto postal (no para votar, pues eso es personal e intransferible) es necesario que un notario d¨¦ fe de ello y lo certifique con su firma. En aquellas elecciones el PP alcanz¨® la mayor¨ªa absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, pero el margen de votos que obtuvo el Partido Popular fue muy superior a los m¨¢s de tres mil supuestamente falsificados.

El fiscal argument¨® en sus conclusiones finales que los acusados, evidentemente, "falsearon la firma del notario", pero que a lo largo de la vista ha sido imposible determinar qui¨¦n fue la persona que "materialmente lo hizo".

Durante su intervenci¨®n, el representante del Ministerio P¨²blico hizo ¨¦nfasis en la excesiva demora en la celebraci¨®n de este juicio (han transcurrido ya nueve a?os). En su opini¨®n, esta situaci¨®n debe atribuirse a las "dilaciones de la defensa". "Quiz¨¢ la respuesta penal pueda ser injusta, dado el tiempo que ha pasado. Cinco a?os -cuando lleg¨® el sumario a la audiencia- es un tiempo suficiente para que la gente pierda la memoria", indic¨®.

La acusaci¨®n particular, representada por la coalici¨®n Izquierda Unida, tambi¨¦n expuso sus conclusiones definitivas. El letrado Juan Francisco Pla solicit¨® seis meses de arresto y 300.000 pesetas de multa para Ricardo Hurtado, Mar¨ªa Paloma P¨¦rez Montero y Mar¨ªa Antonia Astudillo L¨®pez (hermana del ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Jos¨¦ Gabriel Astudillo) como culpables de un delito electoral. Para Mar¨ªa Asunci¨®n de la Pe?a mantuvo la petici¨®n de un a?o de prisi¨®n por falsedad en documento oficial. En cuanto al resto de los acusados, Pla solicit¨® que se sostenga la pena de arresto y multa siempre y cuando se acredite que eran apoderados del Partido Popular. De lo contrario, se retirar¨¢ la solicitud.La abogada que representa al notario Alberto Ballar¨ªn, Beatriz de la Cuesta, por su parte, retir¨® la acusaci¨®n de falsedad en documento p¨²blico. La letrada argument¨® que no niega que la falsificaci¨®n de la firma de Ballar¨ªn hubiese existido, pero que "ha sido imposible averiguar la mano autora". De la Cuesta considera que se cometi¨® un delito electoral cuya pena deber¨¢ rebajarse en un grado por el atenuante de que los acusados no eran funcionarios p¨²blicos.

La acusadora en representaci¨®n de Ballar¨ªn asegur¨® que no duda que los militantes del PP juzgados "introdujeron las papeletas en el sobre". Y agreg¨®: "Ese tr¨¢mite debe hacerse de forma personal". Esta acusaci¨®n solicita seis meses de arresto mayor, multa de 300.000 pesetas e inhabilitaci¨®n especial del sufragio activo y pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Los abogados de la defensa solicitaron la absoluci¨®n y hoy expondr¨¢n sus informes ante el tribunal presidido por el magistrado Jos¨¦ Manuel Maza. El juicio quedar¨¢ as¨ª visto para sentencia.