Rehenes energ¨¦ticos

La ola de protesta social por el aumento del precio de los carburantes no acaba de extinguirse en Espa?a.Globalmente se est¨¢ produciendo con menos virulencia que la registrada semanas atr¨¢s en Francia y en el Reino Unido, los dos pa¨ªses de referencia pr¨®ximos, pero algunos incidentes aislados no se han quedado a la zaga, como los duros enfrentamientos habidos entre las fuerzas policiales y grupos de pescadores y agricultores que han intentado en los ¨²ltimos d¨ªas bloquear puertos y dep¨®sitos de combustible en diversos puntos de Espa?a. En todo caso, el conflicto se est¨¢ prolongando m¨¢s tiempo que en el resto de Europa. Cada d¨ªa que transcurre sin llegar a una soluci¨®n aumenta el riesgo de que el conflicto se encone. Ayer, varios miles de agricultores catalanes sacaron sus tractores a la carretera, y el estrat¨¦gico sector del transporte amaga con una huelga de tres d¨ªas a partir de hoy que, de llevarse a cabo, acarrear¨ªa graves perjuicios al conjunto de los ciudadanos. La situaci¨®n es delicada en estos momentos. Existen bases s¨®lidas para que el conflicto se resuelva de una vez si las partes afectadas son conscientes de lo que realmente se puede negociar y adaptan sus exigencias. Pero tambi¨¦n existe el peligro cierto de que se produzca un retroceso en las negociaciones en curso si los agravios comparativos o los intereses sectoriales se imponen de forma desmedida al sentido de responsablidad. El principio de acuerdo alcanzado el viernes entre el Gobierno y las principales organizaciones de pescadores y agricultores, aunque de momento no satisfaga al conjunto de ambos sectores, constituye un s¨®lido punto de partida para resolver el indudable problema econ¨®mico que la escalada del crudo les plantea en sus actividades. E, indudablemente, tambi¨¦n puede servir para resolver el espec¨ªfico de los transportistas

En principio parece correcta la estrategia negociadora del Gobierno, que consiste en compensar las p¨¦rdidas de rentas que produce la subida del gas¨®leo con ventajas fiscales espec¨ªficas para cada sector (en IVA e IRPF, sobre todo) y con l¨ªneas de cr¨¦dito a tipos de inter¨¦s subvencionados. Es un tratamiento espec¨ªfico de rentas para un problema de costes concreto, y se supone que temporal. Las ofertas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa costar¨¢n al Tesoro unos 100.000 millones de pesetas, a cambio de mantener inalterable el impuesto especial de hidrocarburos, que act¨²a como un gravamen disuasorio del consumo. La decisi¨®n de no tocar este impuesto se puede defender con diversos argumentos. Es verdad que a corto plazo el consumo no depende del precio, pero s¨ª a medio y largo plazo. Adem¨¢s, ser¨ªa un error tomar una decisi¨®n de este tipo de aplicaci¨®n exclusiva a agricultores, pescadores y transportistas. Si se decidiese rebajar el impuesto del gas¨®leo que gastan estos sectores, el resto de los consumidores podr¨ªa defender igualmente que sus rentas tambi¨¦n se deterioran por el encarecimiento de los precios.

Lo que no est¨¢ tan claro es si el Gobierno ha acertado en la t¨¢ctica. Las dudas surgen cuando se aprecia que las negociaciones, iniciadas con retraso por la inicial actitud de Gobierno de no sentirse afectado por la situaci¨®n, no se acaban de cerrar y, lo que es m¨¢s inquietante, algunos grupos importantes -caso de la organizaci¨®n agraria COAG y varias cofrad¨ªas pesqueras- se han retirado de las negociaciones.

Al margen de qui¨¦n sea el responsable de las sucesivas rupturas, la pol¨ªtica negociadora del Gobierno debe orientarse ahora a recuperar a los disidentes y, por supuesto, a garantizar que el suministro de combustible a todos los ciudadanos no resulte afectado por la magnitud y orientaci¨®n de las protestas. Porque, si se impone una escasez artificial de carburantes, los grupos de manifestantes que han abandonado la negociaci¨®n habr¨¢n tomado como reh¨¦n al resto de la sociedad.