El Reino Unido autoriza a los empresarios a vigilar el correo electr¨®nico de sus empleados

Los empresarios brit¨¢nicos tendr¨¢n el amparo de la ley para controlar el correo electr¨®nico y las llamadas telef¨®nicas de sus empleados en su lugar de trabajo. El pr¨®ximo 24 de octubre, el Gobierno de Blair dictar¨¢ una norma que permitir¨¢ el "acceso rutinario" a los correos y llamadas de los empleados para comprobar si se refieren a cuestiones de trabajo. La secretaria brit¨¢nica de Comercio Electr¨®nico, Patricia Hewitt, ha matizado que habr¨¢ "limitaciones legales" como la de no poder interceptar llamadas personales sin razones justificadas.

Sin jurisprudencia

La norma brit¨¢nica no exigir¨¢ el consentimiento del empleado. El texto oficial en el que se anuncia la medida anticipa el marco gen¨¦rico en que se justifica la inspecci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas o digitales de los trabajadores. Situaciones que van desde la sospecha de conducta criminal a garantizar el cumplimiento de las normas de conducta internas. Los sindicatos brit¨¢nicos se oponen rotundamente a la medida ya que consideran que dar¨¢ carta blanca a los directivos para inmiscuirse en los asuntos privados de los trabajadores y vulnera los tratados de Derechos Humanos.Juan Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos espa?ola, manifest¨® a este diario que este tipo de inspecciones es totalmente legal con una ¨²nica condici¨®n: que lo sepa el afectado.

"Es absolutamente l¨ªcito indagar en el correo electr¨®nico del trabajador, porque el correo es una herramienta del empleador. Lo ¨²nico que debe hacer es advertirlo". Fern¨¢ndez L¨®pez asegura, adem¨¢s, que este criterio es compartido por sus hom¨®logos europeos. "En reuniones comunitarias lo hemos analizado y estamos de acuerdo en ello". Sin llegar a la sospecha de una conducta delictiva, prosigue Fern¨¢ndez L¨®pez, el empresario puede necesitar abrir el correo electr¨®nico del empleado que no est¨¢ para saber si han llegado nuevos pedidos, por ejemplo.

En Espa?a no hay jurisprudencia sobre el barrido empresarial del correo electr¨®nico de los trabajadores, y en el caso de la vigilancia de las llamadas telef¨®nicas, el rastreo de sentencias da resultados contradictorios. En algunas decisiones judiciales se ha admitido el pinchado telef¨®nico por parte de la empresa como prueba de la conducta desleal del empleado, y, en otras, se ha rechazado por considerarse que la prueba se ha obtenido por m¨¦todos ileg¨ªtimos.

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 protege la inviolabilidad de los efectos personales del trabajador y cita en qu¨¦ condiciones la empresa puede registrar la taquilla del empleado. El abogado Xavier Ribas, especializado en el sector, coincide con Fern¨¢ndez L¨®pez en que el correo electr¨®nico no es una herramienta que sea propiedad del trabajador. "Junto al derecho a la intimidad del trabajador, un derecho renunciable, est¨¢ la responsabilidad de la empresa por la conducta de sus empleados en el trabajo. Es lo que se llama culpa in vigilando. ?C¨®mo puede responsabilizarse a la empresa si no tiene instrumentos de vigilancia sobre esta conducta?".

El propio Ribas intervino en el caso de unos laboratorios espa?oles con 7.000 trabajadores que introdujo el control del correo electr¨®nico. Inicialmente, los sindicatos se opusieron, pero tras el establecimiento de unas normas internas de c¨®mo y en qu¨¦ circunstancias se producir¨ªa el control, el colectivo laboral acept¨® la medida. "Generalmente no se vigila de manera indiscriminada todo el correo electr¨®nico" porque se trata de un flujo muy importante de mensajes que es imposible controlar. "En la mayor¨ªa de los casos, primero surge la sospecha sobre la conducta de un empleado, y es a partir de entonces cuando se instalan los controles", concluye Ribas.

V¨ªctor Domingo, de la Asociaci¨®n de Internautas (AI) se mostr¨® particularmente preocupado al conocer la noticia ya que teme que la medida vulnere el derecho a la intimidad y genere un ambiente de desconfianza en el seno de las empresas. La AI asesor¨® a los sindicatos espa?oles en un contencioso con una entidad bancaria que quer¨ªa restringir el uso del correo electr¨®nico de sus empleados. Objetivo del que desisti¨® finalmente. "Permitir el control rutinario del correo del trabajador es introducir los h¨¢bitos del estado policial en la empresa. El correo electr¨®nico deber¨ªa contemplarse como las taquillas personales, que s¨®lo pueden abrirse ante sospechas ciertas y con determinadas garant¨ªas en el proceso".

En Estados Unidos se calcula que un 45% de las grandes empresas tienen instalados sistemas para vigilar el correo electr¨®nico de sus empleados. En California se elabor¨® una ley que prohib¨ªa este tipo de supervisi¨®n, pero fue retirada antes de entrar en vigor. Hace pocos meses, un senador dem¨®crata propuso una liviana normativa federal para obligar a las empresas a informar a sus trabajadores de que pod¨ªan escudri?ar su correo electr¨®nico. La iniciativa tampoco prosper¨®.

El principal argumento empresarial para controlar el correo electr¨®nico de sus empleados es la prevenci¨®n del espionaje industrial por parte de un trabajador desleal. Pero tambi¨¦n se han dado otros argumentos m¨¢s imprevistos como el vigilar el intercambio por correo electr¨®nico de jueguecitos digitales que se guardan en el ordenador de la empresa y ocupan espacio en la memoria del sistema. En Estados Unidos hizo furor en las oficinas un juego de ¨¦stos, ElfBowling, que ocupaba un megabyte y cuya instalaci¨®n masiva en centenares de despachos de una firma merm¨® la capacidad de su sistema.

Los programas que monitorizan el correo del empleado acostumbran a trabajar con palabras o frases clave -los nombres de las compa?¨ªas de la competencia y de los productos de la empresa- y husmean el contenido de los mensajes cuando el programa alerta de que un correo contiene alguna de las palabras sospechosas.

La iniciativa brit¨¢nica coincide con otra del mismo Gobierno que pretende obligar a los servidores de acceso a Internet a suministrar a la polic¨ªa todos los datos sobre los movimientos en la red de un sospechoso. La medida ha levantado un importante debate porque no exige permiso judicial.

La medida brit¨¢nica se suma a la existencia de programas de espionaje sobre el correo y uso de Internet por parte de un ciudadano investigado, como el Carn¨ªvoro del FBI, y otros m¨¢s globales, como Echelon, lanzado por el Gobierno norteamericano. Los sat¨¦lites de Echelon son capaces de escudri?ar el contenido de cualquier comunicaci¨®n sospechosa en cualquier soporte.