El juez impone m¨¢s de 5.300 millones de fianza por el fraude de las gasolineras
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 45 de Madrid ha impuesto 5.325 millones de pesetas de fianza en concepto de responsabilidad civil por el fraude de las gasolineras, denunciado en enero de 1998 por la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU). As¨ª figura en el auto de apertura de juicio oral contra 35 personas, entre directivos, t¨¦cnicos y mec¨¢nicos de 16 sociedades distribuidoras de combustible que serv¨ªan a los clientes un 5% menos de lo cobrado. El juzgado ha iniciado ya el embargo de las gasolineras afectadas, en Madrid, Toledo y Albacete, para hacer frente a la fianza
Juicio en la Audiencia
La investigaci¨®n judicial sobre el llamado fraude de las gasolineras ya ha concluido. La OCU dio a conocer ayer el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 20 de julio por el juzgado madrile?o encargado del caso.En dicho auto se imputa por el presunto fraude a un total de 35 personas, vinculadas a 16 sociedades dedicadas a la distribuci¨®n de gasolina. El juez impone, adem¨¢s, una fianza de m¨¢s de 5.300 millones de pesetas para atender a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran fijarse en la sentencia.
Habit¨¢culo oculto
De la misma deben responder los administradores de las sociedades mercantiles implicadas, as¨ª como los encargados de las gasolineras y los t¨¦cnicos de mantinimiento, cuya participaci¨®n se considera imprescindible para la comisi¨®n del presunto delito.
Tras se?alar que los imputados deben hacer frente a la fianza en met¨¢lico o mediante la presentaci¨®n de los correspondientes avales, el auto advierte de que, en caso de que ¨¦sta no se materialice, se proceder¨¢ al embargo de los bienes propiedad de dichas sociedades.
Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n se?alaron ayer que, al no haberse depositado la fianza, ya ha empezado a ejecutarse el embargo de las gasolineras y de las concesiones administrativas. Ello supone que los propietarios no podr¨¢n traspasarlas a terceros ni hipotecarlas hasta que haya sentencia firme.
Las defensas de los acusados han presentado el correspondiente recurso, pero ¨¦ste no paraliza la ejecuci¨®n de los embargos.
Con la apertura del juicio oral concluye la instrucci¨®n desarrollada durante m¨¢s de dos a?os y el caso pasa a una de las secciones de lo penal de la Auciencia Provincial de Madrid, que ser¨¢ la encargada de enjuiciarlo, dada la gravedad de las penas.Las fuentes consultadas indicaron que a¨²n no hay fecha para la celebraci¨®n del juicio, pero dieron por seguro que ¨¦ste se celebrar¨¢ y que los imputados tendr¨¢n que sentarse en el banquillo, a la vista de las pruebas acumuladas en la investigaci¨®n de los hechos.
Tambi¨¦n el director de la OCU, Jos¨¦ Mar¨ªa M¨²gica, subray¨® ayer la importante cuant¨ªa de la fianza impuesta por el juez y agreg¨® que ¨¦sta demuestra la magnitud del fraude y avala la denuncia realizada en su d¨ªa por su asociaci¨®n.
El auto judicial se ha dictado en base a las peticiones de las acusaciones, entre ellas la de la propia OCU, y del Ministerio Fiscal. El escrito presentado en abril pasado por el fiscal de Consumo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio Mart¨ªnez de Muniain, fue especialmente contundente, al reclamar penas de hasta nueve a?os de c¨¢rcel para los principales directivos de las sociedades implicadas en el fraude.
Aunque formalmente las 16 sociedades son independientes entre s¨ª y cuentan con su propio Consejo de Administraci¨®n, todas ellas est¨¢n vinculadas a trav¨¦s de sus propietarios y funcionan en la pr¨¢ctica como un holding, el denominado Grupo Villanueva, encabezado por el empresario Francisco Javier Villanueva Aranguren.
En el momento en que se destap¨® el esc¨¢ndalo este grupo era, sin contar a las compa?¨ªas petroleras, el m¨¢s importante de Espa?a en el sector de la distribuci¨®n de gasolinas, con una facturaci¨®n superior a los 50..000 millones anuales. Entre sus estaciones de servicio se encuentran algunas de las m¨¢s rentables de Espa?a, ya que est¨¢n en las principales v¨ªas de acceso a Madrid y en la propia capital, que padece un d¨¦ficit hist¨®rico de gasolineras.
Un fondo para los consumidores
Uno de los aspectos m¨¢s complejos del caso de las gasolineras es la dificultad de identificar a los afectados. De la investigaci¨®n se deduce que pudieron ser decenas de miles las personas estafadas al llenar sus dep¨®sitos y recibir menos combustible del que pagaban. Pero la mayor¨ªa de ellas no guardan recibos con los que avalar su reclamaci¨®n y tampoco se han personado en el procedimiento, salvo algunas asociaciones de transportistas.De hecho, para cuantificar el montante del fraude, la fiscal¨ªa recurri¨® al procedimiento de aplicar un 5%, que fue el porcentaje medio de merma calculado por la OCU, a la cantidad de combustible suministrada por las petroleras a las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el n¨²mero de surtidores manipulados y el precio, y tomando como base el periodo 1988-1998.
Eso explica por qu¨¦ la cuant¨ªa de las fianzas no es la misma para todas las sociedades. A Cerro de la Caba?a S. A., propietaria de una gasolinera en la autov¨ªa de Valencia, se le piden 854 millones de pesetas, y a Lema S. L., en la carretera de Extremadura, 767.
La OCU propone que este dinero se destine a un fondo com¨²n, gestionado por las asociaciones de consumidores, para financiar estudios sobre precisi¨®n y calidad de los combustibles que eviten la repetici¨®n del fraude.
Un caso que forz¨® a cambiar los m¨¦todos de inspecci¨®n
Seg¨²n explicaba el fiscal en su escrito, los impulsos el¨¦ctricos que transmiten al contador, situado en la parte superior del surtidor, a la vista del p¨²blico, la cantidad de combustible sumistrada por la manguera ten¨ªan una derivaci¨®n que permit¨ªa alterarlos desde un habit¨¢culo oculto en el interior de la gasolinera.Gracias a un interruptor, el encargado pod¨ªa restablecer el suministro normal cuando alg¨²n cliente protestaba o recib¨ªa la visita de un inspector. Los gasolineros, agregaba el fiscal, actuaban con la impunidad que les daba saber que las inspecciones "ten¨ªan un car¨¢cter absolutamente formal, no comprob¨¢ndose nunca el estado de los precintos, a pesar de que para ello bastaba con levantar la tapa del surtidor".
M¨¢s tarde, la Asamblea de Madrid cre¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n, ante la que comparecieron los hermanos ?scar y Jes¨²s Bugliot Utrera, dos empleados de gasolinera cuya inicial denuncia a EL PA?S dio lugar al estudio de la OCU.
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