Los municipios dejan de ingresar 11.000 millones del sector el¨¦ctrico y de telefon¨ªa
Los ayuntamientos catalanes dejaron de ingresar el a?o pasado 11.000 millones de pesetas, en concepto de impuestos locales, de las nuevas empresas que operan en los sectores energ¨¦tico y de telecomunicaciones, seg¨²n la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC). Los alcaldes acusan a estas empresas de aprovecharse de las normas fiscales de los municipios, no adaptadas al proceso de liberalizaci¨®n de ambos mercados, para no pagar tributos locales. Los municipios exigen un cambio legal que acabe con la situaci¨®n.
La Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a, presidida por Manel Mas, alcalde de Matar¨®, atribuye a supuestas "presiones" de los operadores del mercado de la energ¨ªa y las telecomunicaciones el hecho de que, por el momento, el Gobierno "haya hecho la vista gorda" a unas normas fiscales locales "inadecuadas" a la liberalizaci¨®n gradual de ambos sectores. En este sentido, los ayuntamientos sugieren que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar beneficia, con su actitud, a estas empresas."Los nuevos operadores se est¨¢n aprovechando de una ley desfasada", declar¨® ayer Llu¨ªs Miquel P¨¦rez, alcalde de Reus y presidente de la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Presupuestos de la FMC.
El origen de la discordia es la ley que regula las haciendas locales, que obliga a las empresas suministradoras de servicios a pagar una tasa por usar el llamado dominio p¨²blico. Las empresas el¨¦ctricas con red propia est¨¢n obligadas a pagar a los ayuntamientos el 1,5% de sus ingresos anuales por pasar por cada localidad.
Los ayuntamientos no tienen problema para controlar cu¨¢nto facturan las empresas propietarias de la red en cada municipio. El problema se cre¨® con el arranque del proceso gradual de liberalizaci¨®n del mercado de la energ¨ªa, que inicialmente ten¨ªa que culminar en el a?o 2007 y que posteriormente se adelant¨® a 2003. La liberalizaci¨®n -a la que la FMC dice que no se opone- comporta que todos los consumidores ser¨¢n libres para escoger un suministrador de electricidad.
La paulatina apertura del mercado a nuevos operadores permite que un operador propietario de la red se la alquile a otros. "Los ayuntamientos no tenemos manera de detectar la facturaci¨®n de estos segundos usuarios de la red, y esto les permite escaparse de su obligaci¨®n de tributar por el uso del dominio p¨²blico", lamenta el alcalde de Reus.
La revisi¨®n legal que piden los concejales de hacienda locales consiste precisamente en plasmar en la norma que las empresas explotadoras de suministros no s¨®lo incluyan a las "propietarias de la red que aprovecha o usa el dominio p¨²blico", sino tambi¨¦n a "aquellas que la utilizan para la comercializaci¨®n de dicho suministro alquil¨¢ndola mediante el abono de un peaje".
La actual redacci¨®n "inadecuada" origin¨®, el a?o pasado, que los municipios de toda Espa?a dejaran de ingresar 12.600 millones de pesetas que, seg¨²n la FMC, deber¨ªan haber pagado las el¨¦ctricas.
Pago selectivo
En el caso de las telecomunicaciones, cuya liberalizaci¨®n est¨¢ mucho m¨¢s avanzada, P¨¦rez eleva la gravedad del problema. La obligatoriedad de pagar este tributo a los ayuntamientos -en este caso, el equivalente al 1,9% de la facturaci¨®n del operador- s¨®lo se aplica a Telef¨®nica, anteriormente en r¨¦gimen de monopolio, y no a sus nuevos y m¨²ltiples competidores. Las estimaciones de la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a elevan a 44.000 millones de pesetas el dinero que dejaron de embolsarse en las arcas de los consistorios espa?oles en 1999.Sumando ambos sectores, los municipios dejaron de ingresar el a?o pasado 56.000 millones, de los que 11.000 corresponden a Catalu?a.
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