El auto se?ala que la nueva direcci¨®n del organismo se desvincul¨® de sus compromisos de forma "unilateral"

El auto del juez Vicente R¨ªos no deja lugar a dudas acerca del origen del supuesto "quebranto econ¨®mico" de 1.046 millones de pesetas que motiv¨® la querella. As¨ª, explica que a principios de 1995 Ford comunic¨® a Procova -empresa predecesora del Ivex- su inter¨¦s de exportar coches a T¨²nez, para lo que necesitaba acreditar su relaci¨®n con la aquisici¨®n de productos metalmec¨¢nicos en ese pa¨ªs para obtener las oportunas licencias de importaci¨®n, con la intermediaci¨®n de la empresa p¨²blica. ?sta, por indicaci¨®n de Ford, estableci¨® para ello contacto con la empresa tunecina Sonotube y con la francesa Apod, ambas del Grupo Lagier. El correspondiente contrato fue firmado en julio de 1995. Las operaciones se desarrollaron con normalidad hasta que a finales de ese a?o la empresa Apod comenz¨® a sufrir dificultades financieras, que le impidieron hacer frente a las facturas que le giraba el Ivex. En esa situaci¨®n, el Banco Exterior se neg¨® a seguir financiando las operaciones a trav¨¦s de la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n (CESCE), por lo que Procova se dirigi¨® al Arab Bank para que lo hiciera. El auto se?ala que a finales de 1996 la deuda de Apod sumaba 368 millones de pesetas, como revel¨® el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a ese ejercicio, y creci¨® hasta los 533 millones un a?o despu¨¦s, para quedar reducida a 484 a finales de 1998 gracias a una renegociaci¨®n de la operaci¨®n, con la entrada en escena de la empresa belga Graficom como receptora de los productos tunecinos.El nuevo procedimiento funcion¨® hasta el mes de junio de 1999, ya que mientras Tabares permaneci¨® al frente del Ivex los efectos comerciales presentados al descuento por Sonotube y aceptados por Graficom con el aval del organismo dependiente de la Generalitat fueron satisfechos sin mayor problema. Pero el 17 de septiembre del a?o pasado Tabares fue sustituido por Carmen de Miguel al frente del Ivex. En ese momento, los efectos pendientes avalados por Tabares sumaban, seg¨²n contabiliza el auto, 562 millones de pesetas. Una cifra que, unida a los 484 pendientes del ejercicio anterior, sumaba los 1.046 millones del supuesto "quebranto econ¨®mico" que motiv¨® la querella.

El juez pone de manifiesto que, tras conocer el relevo de Tabares, las empresas implicadas se pusieron en contacto con el Ivex para interesarse acerca de la persona que le reemplazaba, "a efectos de asegurar la continuidad del acuerdo existente". Paralelamente, y tras un contacto del director financiero del Ivex, Joaqu¨ªn Barber, con uno de los bancos implicados, que avisaba del pr¨®ximo vencimiento de unas letras, la nueva directora general remiti¨® una carta en la que aseguraba que el organismo "no ten¨ªa ning¨²n conocimiento" de que hubiera prestado su aval. Y eso a pesar de que, como reiteradamente refleja el auto, el consejo de administraci¨®n del Ivex conoci¨® en cada momento el estado de las operaciones. El juez lo dice muy claro en uno de sus razonamientos jur¨ªdicos: "El consejo de administraci¨®n del Ivex se ha desvinculado de forma unilateral de distintos compromisos y obligaciones contractuales de la entidad (...) y pretendiendo incluso negar la existencia de aquellas obligaciones m¨¢s evidentes, ha venido a atribuir hechos, en definitiva penalmente irrelevantes, a los se?ores Tabares y Lagier".