Un modelo a combatir
Las fuerzas pol¨ªticas, y especialmente la que sustenta al Gobierno, no deber¨ªan perder de vista los efectos provocados a comienzos de a?o por la explosi¨®n xen¨®foba de El Ejido en el debate del proyecto de nueva Ley de Extranjer¨ªa, que se inicia el pr¨®ximo lunes en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso.A los nueve meses de aquellos hechos lamentables, el balance de sus secuelas no puede ser m¨¢s desolador. La divisi¨®n social entre inmigrantes y poblaci¨®n aut¨®ctona se ha acentuado y la pol¨ªtica del alcalde de la localidad, pertenciente al sector m¨¢s reaccionario del Partido Popular, se ha impuesto a los planes moderadamente integradores de las otras administraciones.La integraci¨®n, objetivo al que no puede renunciar ninguna Ley de Extranjer¨ªa digna de ese nombre, ha sido sustituida en esa comarca almeriense por el aislamiento y la exclusi¨®n social de los casi 20.000 inmigrantes que contribuyen con su trabajo a la riqueza y al bienestar de sus habitantes.
?ste es el cuadro dibujado en el escenario social de El Ejido cuando a¨²n no se ha olvidado lo ocurrido en febrero pasado, cuando centenares de vecinos incendiaron y destrozaron propiedades y enseres de la poblaci¨®n inmigrante. La pol¨ªtica municipal de exclusi¨®n de los extranjeros del entorno urbano, como si se tratara de apestados, ha adquirido carta de naturaleza, sin que ninguna instancia oficial la haya denunciado, y menos combatido.
El alcalde de El Ejido no s¨®lo se ha negado a autorizar la instalaci¨®n cerca del n¨²cleo urbano de m¨®dulos prefabricados para realojar a los inmigrantes que perdieron sus chabolas a manos de los incendiarios, sino que ha boicoteado los planes de vivienda social promovidos por la Junta de Andaluc¨ªa. Las v¨ªctimas de aquellos desmanes siguen realojadas provisionalmente en m¨®dulos prefabricados instalados en los invernaderos, mientras que la pr¨¢ctica totalidad de los inmigrantes de la zona -unos 17.000- malviven sin techo digno, ocupando chabolas, cortijos ruinosos o antiguos transformadores el¨¦ctricos, a distancias no menores de 17 kil¨®metros del n¨²cleo urbano.
Que situaciones as¨ª, producto de una definida pol¨ªtica de segregaci¨®n social de motivaciones racistas, se produzcan en la Espa?a actual resulta escandaloso. Pero todav¨ªa escandaliza m¨¢s la ausencia de respuesta por parte de los partidos pol¨ªticos -en primer lugar, del PP, al que pertenece el alcalde- y la actitud contemporizadora de las autoridades del Estado. ?No constituyen esos comportamientos materia suficiente para que el fiscal general del Estado tome cartas en el asunto e investigue una posible y continuada vulneraci¨®n de derechos por parte de instancias p¨²blicas que est¨¢n m¨¢s obligadas que nadie a respetarlos? ?No tiene nada que decir el Defensor del Pueblo?
Ahora que se inicia en el Parlamento el debate, art¨ªculo por art¨ªculo, del nuevo texto de la Ley de Extranjer¨ªa, ser¨ªa buen momento para que el PP dejara bien claro que la nueva norma no brindar¨¢ apoyatura legal a modelos de tratamiento del fen¨®meno migratorio como el que practica el alcalde de El Ejido. La oposici¨®n, en todo caso, no deber¨ªa dejar pasar el debate parlamentario sin forzar al partido del Gobierno a una aclaraci¨®n en este sentido siempre que la cuesti¨®n debatida lo requiriese.
No hay que olvidar que los vergonzosos sucesos de febrero coincidieron con la campa?a de descr¨¦dito desencadenada por el Gobierno contra la todav¨ªa vigente Ley de Extranjer¨ªa; que el entonces portavoz del Gobierno no dud¨® en relacionarlos con esta ley, a pesar de llevar s¨®lo cinco d¨ªas de vigencia, y que el presidente Aznar se mostr¨® comprensivo con la reacci¨®n de los ciudadanos indignados por el crimen que precedi¨® a la explosi¨®n de violencia contra los inmigrantes. Si se except¨²a la inequ¨ªvoca condena que hizo entonces el titular de Trabajo, Manuel Pimentel, que dimitir¨ªa poco despu¨¦s, el Gobierno ha mantenido una actitud cuando menos ambigua. Si a ello se a?ade la d¨¦bil reacci¨®n policial -hoy hay m¨¢s polic¨ªas, pero los autores de los desmanes siguen sin ser juzgados- se explicar¨¢, al menos en parte, la persistencia en esa comarca de un r¨¦gimen segregacionista contra los inmigrantes que ninguna ley puede amparar.
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