El fiscal jefe de la Audiencia de C¨¢diz pide que se legalice el comercio de hach¨ªs
Hidalgo afirma que la medida servir¨¢ para acabar con el "narcobienestar"
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de C¨¢diz, Isidoro Hidalgo, y un grupo de fiscales de esta jurisdicci¨®n, abogan por un pacto internacional para legalizar el comercio de hach¨ªs. Defienden esta medida como f¨®rmula para combatir el incremento del tr¨¢fico registrado desde la entrada en vigor del c¨®digo penal de 1995 y la econom¨ªa basada en el comercio de esta droga, llamada "narcobienestar" y a la que atribuyen graves fracturas sociales.
Sentencias dispares
Hidalgo declar¨® ayer que la propuesta no ha prosperado hasta ahora "porque no ha habido acuerdo con los dem¨¢s pa¨ªses" y advirti¨®: "Un pa¨ªs no puede adoptarla, porque se quedar¨ªa solo frente a la agresi¨®n del tr¨¢fico de hach¨ªs". A su juicio, esta decisi¨®n "no tendr¨ªa una trascendencia enorme para la salud de las personas, que es lo que se pretende proteger", y entiende que la legalizaci¨®n del comercio del cannabis es la medida m¨¢s adecuada para poner fin a los problemas que se derivan de su venta ilegal.Hidalgo considera, adem¨¢s, que la legalizaci¨®n "deber¨¢ ir acompa?ada de otras medidas como la disminuci¨®n de la producci¨®n y el consumo . "Favorecer s¨®lo la libertad del consumo total aumentar¨ªa la demanda y no ser¨ªa bueno", explic¨®.
La propuesta del fiscal se produce por los graves problemas sociales generados por el tr¨¢fico de hach¨ªs en varios municipios de la provincia de C¨¢diz. Los elevados ingresos provenientes de esta actividad ilegal han conducido a estas zonas al llamado "narcobienestar", un estado en el que se registran pocos delitos comunes y en el que la situaci¨®n econ¨®mica real es boyante por m¨¢s que las cifras oficiales registren una elevada tasa de desempleo e indiquen la existencia de una econom¨ªa deprimida.
El fiscal jefe de la Audiencia de C¨¢diz lleva ya varios a?os reflejando en su memoria anual el efecto pernicioso que ha producido el C¨®digo Penal de 1995 en esta materia: las penas casi se han equiparado para los peque?os y los grandes traficantes que trabajan organizadamente.
La Audiencia Provincial de C¨¢diz ha dictado condenas de tres a?os de c¨¢rcel para dos j¨®venes detenidos con dos kilogramos de hach¨ªs, y de cuatro a?os y medio para un industrial detenido por su relaci¨®n con un alijo de 700 kilogramos de una red organizada de narcotr¨¢fico. El C¨®digo Penal prev¨¦ penas de tres a?os a partir de la intervenci¨®n de un kilogramo de esta droga y un m¨¢ximo de seis para los detenidos que trafiquen con m¨¢s de una tonelada y tengan responsabilidad en alguna organizaci¨®n criminal.
La memoria de la Fiscal¨ªa de 1997 ya reflejaba que la provincia de C¨¢diz "contin¨²a siendo el centro neur¨¢lgico del tr¨¢fico de hach¨ªs hacia el resto de Espa?a y Europa". El fiscal jefe calificaba de "rid¨ªculas" las penas que se aplican a los peque?os narcotraficantes y a?ad¨ªa: "Es m¨¢s rentable traer desde Marruecos grandes cantidades de hach¨ªs, pues la pena a imponer va a variar poco". De hecho, el fiscal apreci¨® un aumento "cuantitativo" de los cargamentos procedentes del norte de ?frica desde 1995. La Fiscal¨ªa ha recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias de la Audiencia Provincial de C¨¢diz con condenas consideradas muy bajas por el ministerio p¨²blico.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, se sum¨® ayer a la propuesta de los fiscales de la Audiencia de C¨¢diz y record¨® que lleva "a?os" pidiendo "la legalizaci¨®n de todas las drogas" y medidas contra el blanqueo de capitales y las organizaciones de narcotraficantes.
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