Recuenco denuncia que el 38% de los contratos son eventuales

La Comunidad Valenciana es l¨ªder en precariedad laboral, seg¨²n denunci¨® ayer en Alicante Rafael Recuenco, secretario general de UGT del Pa¨ªs Valenciano. Recuenco dijo que la temporalidad en el empleo en la Comunidad supera en cinco puntos la media nacional y alcanza al 38% de los contratos firmados. La consecuencia de esta caracter¨ªstica del mercado de trabajo es el elevado ¨ªndice de siniestralidad laboral que, seg¨²n UGT, es superior, en este caso en cuatro puntos, a la media estatal.

Recuenco, junto a otros dirigentes de UGT, entre ellos Antoni Ferrer, secretario de Acci¨®n Sindical, particip¨® ayer en Alicante en una asamblea de la comisi¨®n ejecutiva con delegados del sindicato. El secretario general de UGT subray¨® que la precariedad laboral es m¨¢s grave en el caso de los j¨®venes, segmento donde el 70% de los contratos son eventuales.Por su parte, el secretario de Acci¨®n Sindical reclam¨® al Gobierno que presione a la patronal para que agilice el di¨¢logo social. "Si el ejecutivo act¨²a unilateralmente, el sindicato responder¨¢ con contundencia, ya que no es posible que se intente imponer una reforma laboral contra la voluntad de los trabajadores y del movimiento sindical", dijo Ferrer.

En opini¨®n del dirigente ugetista, hasta ahora el di¨¢logo y la negociaci¨®n social han dado buenos resultados y han generado un clima de confianza ante los inversores. "Adem¨¢s, ha servido al Gobierno y su presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, como tarjeta de presentaci¨®n ante la Uni¨®n Europea y el resto de pa¨ªses", argument¨®.

En cuanto a la negociaci¨®n colectiva para este a?o, Ferrer resalt¨® que la primera dificultad es la falta de credibilidad de las previsiones de inflacci¨®n del Gobierno. "Con el 2% que el Gobierno pretende imponer como referencia tope de la evoluci¨®n de los precios, lo que en realidad persigue es un recorte salarial del conjunto de los trabajadores", dijo Ferrer. "UGT va a solicitar incrementos superiores al 2% para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores", a?adi¨®.

Seg¨²n datos facilitados por Ferrer, la negociaci¨®n colectiva afecta a 2.200.000 empleados p¨²blicos, a 8.500.000 trabajadores del sector privado y al mill¨®n de ciudadanos cuyos ingresos est¨¢n sujetos al salario m¨ªnimo interprofesional. En este ¨²ltimo apartado, Ferrer asegur¨® que tanto UGT como CC OO van a exigir que el salario m¨ªnimo se fije en las 100.000, es decir 1,5 millones de pesetas brutas al a?o.

El sindicalistas destac¨® el positivo ritmo del crecimiento de la econom¨ªa espa?ola, pero critic¨® que esta mayor creaci¨®n de riqueza no se est¨¢ redistribuyendo equitativamente. "Las empresas tienen notables beneficios, pero ¨¦stos no se redistribuyen", explic¨®.

A juicio de Ferrer, esta bonanza econ¨®mica se ha de aprovechar para introducir mejoras en el sistema de protecci¨®n social, el acceso a la jubilaci¨®n anticipada y garantizar la solvencia financiera de la Seguridad Social. En este terreno, el secretario de Acci¨®n Sindical de UGT cuestion¨® que el Gobierno est¨¦ destinando el aumento de ingresos de la Seguridad Social al ¨²nico objetivo de alcanzar el d¨¦ficit cero y el equilibrio presupuestario.