"Quien pide la cadena perpetua presume que los etarras no son reinsertables"

Manuel Mar¨ªa Zorrilla, nacido en Cantabria en 1933, recibe en su despacho del ala noble del edificio de la Audiencia de Bilbao tras su reelecci¨®n al frente del Tribunal Superior de Justicia vasco. Su peculiar forma de dar las entrevistas -con la ayuda de una secretaria a la que dicta las respuesta como si de una clase magistral se tratara- y sus concesiones a la per¨ªfrasis, cierran el paso a la agilidad. Pero no a la firmeza de la defensa del Derecho de todo preso a acogerse al precepto constitucional de la reinserci¨®n.Pregunta. Encara los pr¨®ximos cinco a?os con diversos objetivos pendientes.

Respuesta. Hay que mejorar la calidad de las prestaciones de la Administraci¨®n de Justicia, esforz¨¢ndonos en que las respuestas judiciales a la sociedad sean convincentes y eviten las demoras que hacen de toda justicia tard¨ªa una justicia mal administrada.

P. ?El sistema de m¨®dulos impuesto por el Poder Judicial para controlar el trabajo de los jueces, pone en riesgo la calidad de las sentencias?

R. Se ha planteado como la soluci¨®n adecuada para estimular un rendimiento que reduzca la demora en los procedimientos. Aunque un ritmo desmedido de resoluciones judiciales puede, a la larga, provocar una p¨¦rdida de esa calidad. Tambi¨¦n hay que prestar atenci¨®n al perfeccionamiento profesional de los jueces, a la gesti¨®n ¨®ptima de los medios personales y reales de la Administraci¨®n de Justicia, y a extremos tan noticiables como el uso judicial del euskera.

P. Asunto recurrente en los ¨²ltimos a?os y de manera enconada.

R. El problema del uso judicial del euskera mantiene sus exigencias graduales de soluci¨®n, pero no refleja los planteamientos, un tanto exagerados, que no han tenido en cuenta la voluntad de promoci¨®n del euskera por parte de las instancias judiciales. Las oportunidades que tienen los jueces para aprender euskera han reducido la agresividad de ese problema que, con el tiempo, dejar¨¢ de serlo.

P. Pero motiv¨® dos comunicados de respuesta a declaraciones cr¨ªticas de Xabier Arzalluz sobre la conveniencia de que los jueces que impartan justicia aqu¨ª tengan que ser vascos.

R. Ambas declaraciones de la Sala de Gobierno respondieron a circunstancias anecd¨®ticas. Insistimos en que la circunstancia que las hab¨ªa provocado no era la m¨¢s oportuna para el desarrollo del euskera.

P. ?Sus relaciones con el PNV se han enfriado desde entonces?

R. No se ha registrado ning¨²n trauma en las relaciones con el PNV, que se reducen a contactos de cortes¨ªa.

P. Su reelecci¨®n se ha producido con una contestaci¨®n elevada: 11 s¨ªes y 10 abstenciones.

R. Los que han manifestado as¨ª su disidencia obedec¨ªan a poderosas razones de conciencia que me merecen el m¨¢ximo respeto.

P. ?Tiene la sensaci¨®n de que la Sala de Gobierno que preside est¨¢ coja al estar compuesta por miembros de una sola asociaci¨®n, la conservadora APM?

R. En modo alguno. Tanto la sala actual como otras anteriores, formadas por otras sensibilidades mayoritarias, han asumido, con gran objetividad, sus funciones y han rehuido cualquier actitud que pudiese implicar ausencia de objetividad o contacto con posiciones partidarias.

P. En la ¨²ltima memoria del alto tribunal criticaron que la falta de colaboraci¨®n entre el Ministerio del Interior y la Ertzaintza para transmitir informaci¨®n sobre objetivos de ETA, imped¨ªa una respuesta policial eficaz e incrementaba los riesgos...

R. Esas situaciones se hab¨ªan sucedido en alguna ocasi¨®n. Subrayamos que la informaci¨®n adquirida por Interior deb¨ªa transmitirse de inmediato, y para evitar riesgos, a los responsables de la Ertzaintza. En el tiempo intermedio, la Ertzaintza, que ten¨ªa a su cargo la protecci¨®n de empresarios, pol¨ªticos, jueces y fiscales, se ve¨ªa privada de adoptar iniciativa alguna, al no tener informaci¨®n. Esos defectos est¨¢n ya subsanados.

P. Apuntaban tambi¨¦n la posibilidad de asunci¨®n de responsabilidades penales por esa dejaci¨®n. Ha habido dos casos que pod¨ªan encajar en esa denuncia: los asesinatos de Fernando Buesa y del fiscal Luis Portero. Pero ning¨²n juez los investig¨®.

R. La percepci¨®n de las responsabilidades penales, y m¨¢s a¨²n por abstenciones dolosas o negligentes, no es f¨¢cil en todos los casos. Los penalistas insisten en la dificultad de localizar el proceso causal que conduce al resultado. Pero a nadie habr¨ªa causado sorpresa que en el caso de Buesa o de Portero se hubiese iniciado una averiguaci¨®n o pesquisa penal. Desde luego, no hubiese sido un disparate.

P. ETA les ha pueto de nuevo en su punto de mira preferente, tras el asesinato del magistrado Querol o las amenazas del etarra Iragi.

R. Ese estado de cosas es vivido con una cierta preocupaci¨®n que, desde luego, no llega a la exaltaci¨®n del victimismo. Se compone de impresiones in¨¦ditas de quienes no est¨¢n habituados a recibir amenazas ni consignas preventivas sobre la seguridad personal. En general, se aceptan de buen grado las medidas de seguridad aconsejadas, se procura que la normalidad se resienta m¨ªnimamente y que todo ello no repercuta negativamente en la voluntad y disposici¨®n de seguir aplicando la ley con objetividad e imparcialidad.

P. ?Cree eso posible? Un sector de la opini¨®n p¨²blica y de los partidos aseguran que en Euskadi no hay libertad.

R. Los jueces y fiscales viven libremente y ejercen sus funciones con la consiguiente libertad.

P. La ¨²ltima ofensiva de ETA ha hecho crecer en la opini¨®n p¨²blica la idea de forzar al legislador a endurecer las leyes contra los terroristas o a tomar medidas excepcionales.

R. El sistema constitucional no limita a la reinserci¨®n sus objetivos de las penas de c¨¢rcel y da por supuesto que con la reinserci¨®n concurren las finalidades de ejemplaridad, disuasi¨®n, expiaci¨®n,... Las soluciones consistentes en el cumplimiento ¨ªntegro de las penas y en la cadena perpetua niegan toda posibilidad de reinserci¨®n y presumen que unos determinados delincuentes son irresocializables. Esta afirmaci¨®n no puede mantenerse, sin perjuicio en que las operaciones efectuadas para constatar la resocializaci¨®n de los penados y su capacidad de retorno a la sociedad sean lo suficientemente garantizadoras de esos extremos y no facilite la escapatoria de quienes carecen de capacidad de reinserci¨®n.

P. ?Cree que endureciendo la Ley Penal del Menor se combatir¨¢ mejor la violencia callejera?

R. El endurecimiento de las penas producir¨¢ unos efectos inmediatos, pero es m¨¢s aventurado prever si, a medio plazo, se van a consolidar como resultados positivos.

P. ?A su juicio, la paz debe tener un precio. El Estado puede negociar con ETA de algo?

R. [Silencio prolongado] Los niveles de agresi¨®n social adquiridos por la acci¨®n terrorista, que ha tenido oportunidades de revertir, no hacen f¨¢cil que la dignidad del Estado decaiga ante sus conminaciones, porque una actitud de este signo, desautorizada por el ¨¢mbito cultural de los pa¨ªses civilizados, degradar¨ªa al propio Estado y har¨ªa cundir una desmoralizaci¨®n social enorme.