El Consell interviene para zanjar la crisis en la Miguel Hern¨¢ndez

Las cr¨ªticas de un sector cualificado del profesorado de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez a la gesti¨®n irregular y vertical realizada por la comisi¨®n gestora (nombrada por el Consell para el periodo preestatutario) ha forzado la intervenci¨®n del Gobierno Zaplana. El director general de Universidades, Salvador Forner, inici¨® el jueves una ronda de negociaciones en busca de un pacto que garantice una salida airosa al actual equipo y permita organizar las primeras elecciones democr¨¢ticas a rector sin convulsiones.

Proceso electoral

La quinta universidad de la Comunidad Valenciana, decretada por el Gobierno de Zaplana nada m¨¢s llegar al poder, atraviesa uno de los periodos m¨¢s cr¨ªticos desde su entrada en funcionamiento en octubre de 1997. El director general de Universidades, Salvador Forner, pr¨¢cticamente instalado en Alicante, ha emprendido una intensa ronda de negociaciones, por una parte, con una quincena de catedr¨¢ticos de peso, algunos de los cuales han hecho p¨²blicas recientemente sus quejas contra las reformas departamentales y decisiones adoptadas por el equipo que dirige Jes¨²s Rodr¨ªguez Mar¨ªn y, por otra, con los miembros de la comisi¨®n gestora y de la gerencia, en busca de una salida a un conflicto que se puso de manifiesto inicialmente reducido a dos grupos afines del PP, pero que a estas alturas se ha hecho extensivo a una buena parte de profesores y funcionarios.De hecho, s¨®lo en la facultad de Medicina, al menos 58 profesores se han adherido ya a la protesta de los alumnos y varios catedr¨¢ticos contra la edificaci¨®n de otro instituto de Neurociencias en medio del campus y se han dirigido al alcalde de San Juan para pedir que ceda a la universidad una parcela adyacente para trasladarlo all¨ª. En este contexto, Salvador Forner ha mantenido encuentros con los catedr¨¢ticos de Medicina con m¨¢s autoridad acad¨¦mica como el ex decano Joaqu¨ªn Rueda (que dimiti¨® ante el bloqueo de la gestora al reglamento marco para que Medicina tuviera elecciones), Jordi Mat¨ªas, Alfonso Puchades o Jos¨¦ Horja, quienes transmitieronal la necesidad de "democratizar la universidad" y el riesgo que corre de proseguir con el actual sistema vertical de decisiones a la falta de juntas de facultad y de decanos electos y ante la alta tasa de interinidad del funcionariado.

El director general tambi¨¦n se ha entrevistado con profesores de los campus de Orihuela y Elche, con miembros de personal de administraci¨®n y dirigentes sindicales de todas las corrientes, seg¨²n todas las fuentes consultadas. De entrada, la Administraci¨®n ha fijado el techo de la negociaci¨®n en el adelanto de unos meses de la convocatoria de elecciones, con la intenci¨®n de que el proceso democr¨¢tico no suponga la defenestraci¨®n pol¨ªtica del actual equipo nombrado por el Consell ni acabe en los tribunales, puesto que hay varios recursos que Forner trata de evitar que deriven en un proceso jurd¨ªdico que pondr¨ªa en tela de juicio la apuesta de Zaplana por crear una universidad. As¨ª, la oferta de Forner pasa por adelantar a enero del 2001 la elaboraci¨®n del reglamento electoral para que ¨¦ste estuviera aprobado en verano y se convocaran elecciones en enero del 2002, que en realidad es el plazo que marca la Ley de Creaci¨®n de la Universidad (tambi¨¦n elaborada por la Generalitat) para iniciar el proceso electoral. Ante la ambig¨¹edad de la ley, Forner lo que hace es usar el plazo del 2002 fijado para, en vez de empezar el proceso electoral, culminarlo.

Sin embargo, este acuerdo no resuelve las quejas por la falta de transparencia en las contrataciones a dedo de una parte del personal de servicios, ante el retraso de la gestora en elaborar el instrumento legal de Relaci¨®n de Puestos de Trabajo (retraso que en diciembre de 1999 forz¨® por primera vez la intervenci¨®n en contra de la digitalizaci¨®n de plazas de la ex directora general Carmen Martorell y del Gabinete Jur¨ªdico del Consell), lo que oblig¨® a elaborar una RPT que ayer fue aprobada por la gestora tras incorporar varias enmiendas de la Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica encaminadas a evitar que crezca el personal laboral y que instan a funcionarizar las plazas. Sin embargo, un estudio detallado del documento refleja que la RPT que ser¨¢ enviada de nuevo a la Direcci¨®n de Universidades para su aprobaci¨®n no resuelve varios recursos susceptibles de acabar en los tribunales y no zanja la situaci¨®n de 15 funcionarios del m¨¢ximo nivel que siguen figurando en dos plazas (los llamados puestos colch¨®n), pero s¨ª consolida una parte del aparato de personal que fue nombrado a dedo y tendr¨ªa su peso cuando se conformara el futuro claustro constituyente que deber¨¢ elegir al rector.