Las ONG sostienen que la nueva ley supone la "muerte civil" de los extranjeros 'sin papeles'

Una "muerte civil" para los sin papeles. As¨ª definen la mayor parte de las asociaciones de inmigrantes y de solidaridad el nuevo texto de la Ley de Extranjer¨ªa propuesto por el Gobierno. Cuestiones como la vuelta a las expulsiones de indocumentados, la negaci¨®n de los derechos de huelga y asociaci¨®n a los extranjeros sin permiso de residencia o el aumento del plazo de estancia exigido para acceder a la regularizaci¨®n permanente les llevan a temer que engrose la bolsa de extranjeros que viven y trabajan en Espa?a, pero a los que se les niega la condici¨®n de ciudadanos. Todas rechazan la reforma de la ley actual, que lleva vigente menos de un a?o y de la que ni siquiera se ha elaborado un reglamento de aplicaci¨®n. Consideran que el texto actual es "de m¨ªnimos" y que los cambios previstos suponen un "grave retroceso".

- Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos. "Negar a los indocumentados los derechos fundamentales de reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga nos parece muy grave porque supone establecer categor¨ªas de personas en derechos b¨¢sicos", asegura Clara Redal, miembro de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a. "Esta ley est¨¢ m¨¢s pensada para reprimir que para regular. Los inmigrantes van a seguir viniendo pero as¨ª se les dificulta la integraci¨®n", a?ade.Redal critica que los sin papeles deban demostrar una estancia de cinco a?os (no de dos como en la ley de Extranjer¨ªa vigente) para regularizar su situaci¨®n y, sobre todo, que se vuelva a sancionar con la expulsi¨®n a los indocumentados cuando ahora carecer de permiso de residencia s¨®lo supone una multa.

"El ministerio del Interior acaba teniendo tantas potestades con esta normativa que incluso es ¨¦l quien decide si se le concede un visado a un estudiante extranjero para seguir sus estudios en Espa?a", concluye.

- Asociaci¨®n Espa?ola de Solidaridad y Cooperaci¨®n con Colombia (AESCO). Yolanda Villavicencio, presidenta de esta entidad, considera que dificultar la regularizaci¨®n de los sin papeles y limitar sus derechos s¨®lo lleva a precarizar m¨¢s su situaci¨®n laboral.

"Tendr¨¢n que aguantar cualquier abuso sin herramientas para defenderse y eso puede llevar a que otros trabajadores les acusen de dumping (competencia desleal abaratando precios o salarios)", matiza.

"Si a?adimos que la nueva norma niega a los inmigrantes regularizados el voto en las elecciones municipales llegamos a la conclusi¨®n de que a los ciudadanos llegados de pa¨ªses pobres se les permite ser mano de obra barata, pero no sujetos activos de la sociedad", termina.

- ARI Per¨². "Si los inmigrantes venimos a Espa?a es porque, con papeles o sin ellos, encontramos empleo. Sin embargo, la reforma de la Ley no prev¨¦ mecanismos para que los patronos que buscan trabajadores puedan encontrarlos en nuestros pa¨ªses sin que la gente tenga que venir a la aventura, endeud¨¢ndose y jug¨¢ndose la vida", reflexiona Rosario Sanabria, presidenta de ARI.

"No es que el Estado espa?ol tenga que abrir sus puertas a los ciudadanos del Tercer Mundo por solidaridad, es que hay sectores laborales que nos necesitan. Pero en vez de intentar luchar contra la explotaci¨®n y la econom¨ªa sumergida, la nueva ley restringe derechos a los sin papeles conden¨¢ndolos a aguantar situaciones abusivas y a seguir en su situaci¨®n", a?ade. "Adem¨¢s, todo inmigrante corre el riesgo de caer en la irregularidad porque, aunque tenga un contrato de trabajo, puede perderlo", matiza.

- Voluntariado de Madres Dominicanas. Esta asociaci¨®n hace hincapi¨¦ en las consecuencias negativas que tendr¨¢ impedir a los sin papeles el acceso a cursos formativos que no sean los de los tramos de educaci¨®n obligatoria (de 6 a 16 a?os). "?Qu¨¦ alternativa vamos a dar a los cada vez m¨¢s numerosos chicos indocumentados de 16 y 17 a?os que llegan solos a Espa?a desde pa¨ªses como Marruecos? La formaci¨®n ocupacional o la garant¨ªa social son buenas salidas que pueden impedirles caer en la marginaci¨®n y prepararles para un trabajo", plantea.

"Tambi¨¦n se restringe la reagrupaci¨®n familiar. Por ejemplo, un chico peruano que ha conseguido traerse a su hermano inv¨¢lido para que no estuviese s¨®lo no podr¨ªa hacerlo con la reforma de la ley porque se limita la reagrupaci¨®n familiar a padres, c¨®nyuges e hijos", apostilla.

- Asociaci¨®n de Emigrantes Marroqu¨ªes en Espa?a (AEME). Para Riduan Aisouk, portavoz de esta entidad, la futura ley "sigue considerando a los inmigrantes como una amenaza y dej¨¢ndolos bajo control policial". Su asociaci¨®n defiende el derecho de cualquier persona a elegir libremente el pa¨ªs de residencia. "Las diferentes leyes de extranjer¨ªa no han acabado con el drama humano del Estrecho, donde cada a?o hay m¨¢s v¨ªctimas, y adem¨¢s han provocado temor hacia el extranjero abonando el terreno a sucesos racistas como los de El Ejido. Los inmigrantes siguen viniendo s¨®lo que jug¨¢ndose la vida porque no les dan visados para entrar en la Pen¨ªnsula de otra forma", a?ade.

- Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR). Seg¨²n Enrique Santiago, secretario general de esta organizaci¨®n, la reforma de la ley va a vulnerar derechos b¨¢sicos de los solicitantes de asilo. "Se sanciona a las compa?¨ªas a¨¦reas por traer a Espa?a a solicitantes de asilo cuya petici¨®n no es admitida a tr¨¢mite y con eso se potencia que esas empresas seleccionen a sus pasajeros pudiendo dejar en tierra a personas perseguidas. El vigilante de una aerol¨ªnea no es la persona adecuada para juzgar qui¨¦n es un refugiado", matiza.

"La ley tambi¨¦n permitir¨¢ expulsar con custodia policial a solicitantes llegados de terceros pa¨ªses ", a?ade. Ahora, en esos casos los peticionarios de asilo son conminados a regresar al pa¨ªs por el que han entrado al espacio Schengen pero en muchos casos se quedan en Espa?a. "No existen garant¨ªas de que el tercer pa¨ªs al que se les retorna no vaya a expulsarles al lugar de donde huyeron", concluye Santiago.

- Asociaci¨®n de Trabajadores Inmigrantes Marroqu¨ªes en Espa?a (ATIME). Denuncian que la nueva ley elimina el derecho a la asistencia jur¨ªdica de los extranjeros no admitidos en frontera pero no su derecho a asistencia letrada. "Eso supone que el extranjero inadmitido podr¨ªa contratar a un abogado particular pero no solicitar uno de oficio si carece de medios". En la actualidad existe un turno de oficio gratuito especializado en estos casos que trabaja en aer¨®dromos como el de Barajas. Atime tambi¨¦n critica que, al eliminarse los derechos de huelga y sindicaci¨®n para los sin papeles "se est¨¢n obviando las situaciones de los numerosos extranjeros empleados en la econom¨ªa sumergida con el consiguiente lucro de los empleadores sin escr¨²pulos".

- Asociaci¨®n de Inmigrantes Senegaleses en Espa?a (AISE). Tafsir Dia, portavoz de esta asociaci¨®n, tambi¨¦n considera que la nueva ley, al negar los derechos de sindicaci¨®n y huelga a los extranjeros, "parece responder a los intereses de grupos vinculados a la econom¨ªa sumergida".

"Es como si el Gobierno nos considerase a los inmigrantes como delincuentes potenciales. Esta ley aborda la inmigraci¨®n como problema y no como un fen¨®meno producido por el orden econ¨®mico actual", apostilla. "No garantiza la ciudadan¨ªa porque niega derechos b¨¢sicos a los indocumentados e impide que los regularizados participen en pol¨ªtica con su voto", concluye Dia.

- M¨¦dicos del Mundo. Amparo S¨¢nchez, vicepresidenta de esta asociaci¨®n socio-sanitaria, espera que la nueva norma mantenga el derecho a la sanidad p¨²blica de todos los indocumentados empadronados y de las embarazadas y los menores aunque no est¨¦n censados. Pero tambi¨¦n reclama que ese derecho se haga efectivo. "Hay comunidades donde a los sin papeles se les exigen tantos requisitos para empadronarse que no pueden hacerlo con lo que quedan sin cobertura sanitaria salvo en caso de emergencia", asegura.

"Esa situaci¨®n de hecho nos est¨¢ obligando a crear nuevos dispensarios, como el de Tenerife, o a reabrir otros, por ejemplo en Valencia, cuando nuestro objetivo era que se encargasen de este cometido los servicios p¨²blicos de salud de cada comunidad", apostilla.