La oposici¨®n votar¨¢ contra la reforma si niega derechos pol¨ªticos a los inmigrantes irregulares

Los partidos de la oposici¨®n est¨¢n dispuestos a dejar que el Gobierno y el PP saquen adelante en solitario la reforma de la vigente ley de Extranjer¨ªa si no se modifican aspectos sustanciales del nuevo texto legal. Las intensas negociaciones que el Ejecutivo va a mantener hasta el jueves, d¨ªa en el que el pleno del Congreso debate la reforma, no han logrado a¨²n recabar el apoyo de PSOE, CiU y Coalici¨®n Canaria, que siguen considerando inasumible que no se reconozcan los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga a los inmigrantes que est¨¦n irregularmente en Espa?a.

S¨®lo los "legales"

Las negociaciones que ha llevado a cabo el delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, han permitido modificar aspectos sustanciales del proyecto de reforma de la vigente Ley de Extranjer¨ªa, la 4/2000, pero las diferencias entre la oposici¨®n y el Ejecutivo siguen siendo amplias. El PP plante¨® la llamada "contrarreforma" de la ley nada m¨¢s conseguir la mayor¨ªa absoluta en las elecciones del 12 de marzo. Desde entonces ha venido defendiendo el argumento de que durante la corta vigencia de la actual ley -menos de un a?o- se han detectado ya "aspectos en los que la realidad del fen¨®meno migratorio supera las previsiones de la norma".La aprobaci¨®n, en la recta final de la legislatua pasada, de la ley 4/2000, de 11 de enero, supuso una dura derrota en el Congreso de los populares, que una vez que obtuvieron la mayor¨ªa absoluta se dispusieron a enmendar. El Gobierno, no obstante, sostiene que no quiere aprobar en solitario la reforma. De hecho, desde la presentaci¨®n del proyecto, Fern¨¢ndez-Miranda comenz¨® a negociar con socialistas, convergentes y Coalici¨®n Canaria (CC) para recabar su apoyo. Pero las espadas siguen en alto.

Las reuniones mantenidas hasta ahora han fructificado en la aceptaci¨®n de 59 enmiendas de la oposici¨®n, que fueron aprobadas durante la sesi¨®n de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso el 6 de noviembre. La estrella de aquel debate fue la aceptaci¨®n de una enmienda del PSOE, ligeramente modificada, por la que el Gobierno se compromet¨ªa a elaborar un real decreto para que los inmigrantes a los que, en el ¨²ltimo proceso extraordinario de regularizaci¨®n, se les ha denegado su solicitud de residencia "exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en Espa?a antes del 1 de junio de 1999", pudieran legalizar su situaci¨®n sin presentar de nuevo toda la documentaci¨®n necesaria.

No obstante, el debate se centra ahora en el reconocimiento o no a todos los inmigrantes de los derechos pol¨ªticos de reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga. El texto del Gobierno reconoce que los extranjeros tendr¨¢n esos derechos con car¨¢cter general, pero limita la posibilidad de ejercerlos a "cuando obtengan autorizaci¨®n de estancia o residencia en Espa?a", los inmigrantes que el Gobierno define como "legales".La oposici¨®n vot¨® entonces en bloque contra la postura del Ejecutivo. Y ¨¦se sigue siendo, a d¨ªa de hoy, el principal escollo para la reforma, ya que mientras la oposici¨®n asegura que no duda de que ¨¦sos son derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, el Gobierno mantiene que son derechos sociales o de configuraci¨®n legal reconocidos en la Constituci¨®n, cuyo ejercicio puede regularse por leyes de menor rango.

Consuelo Rum¨ª, del PSOE, admite que, a pesar de que el Gobierno ha recogido "el 58% de las enmiendas de los socialistas", su partido no podr¨¢ apoyar la reforma si no se extienden esos derechos a todos los inmigrantes. "De aqu¨ª al jueves lo veremos, pero tal y como est¨¢ el texto no podemos apoyar el conjunto de la ley", asegura, al tiempo que subraya "el empecinamiento" del Gobierno en no extender a todos esos derechos: "Se van a ejercer, aunque el Ejecutivo no los reconozca". En similares t¨¦rminos se expresa Carles Campuzano, de CiU, para quien si no se modifican aspectos sustanciales de la ley "va a ser muy dif¨ªcil apoyarla".

No obstante, el Gobierno ha seguido cediendo y aceptando modificaciones que le hab¨ªan reclamado CiU y PSOE. El propio Campuzano celebraba el viernes el anuncio hecho en Sevilla por Fern¨¢ndez-Miranda de que el Ejecutivo aceptar¨ªa la gratuidad de la asistencia letrada y de int¨¦rprete para todos los proceso de repatriaci¨®n de inmigrantes y la inclusi¨®n del concepto de arraigo a la hora de conceder a los inmigrantes permisos de trabajo o residencia. Ambas eran, precisamente, modificaciones que socialistas y convergentes pretend¨ªan introducir. Campuzano y Rum¨ª consideran que de aqu¨ª al jueves "a¨²n queda tiempo" para llegar a nuevos acuerdos sobre la ley e incluso para poder apoyarla en su totalidad junto con CC.

Mucho m¨¢s alejados est¨¢n IU y PNV, con los que ni siquiera se han entablado negociaciones. "No podemos apoyar la ley si no se modifica el asunto de los derechos, que va contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos", asegura Margarita Uria, del PNV. El diputado de IU Felipe Alcar¨¢z sostiene que la ley "se carga los derechos humanos y los derechos fundamentales y elimina todo tipo de garant¨ªas para los inmigrantes en las fronteras".