Una ley recortada

El Gobierno del PP sac¨® adelante ayer en el Congreso su Ley de Extranjer¨ªa con el apoyo de CiU y Coalici¨®n Canaria y los votos en contra del PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto. El acercamiento sustancial entre el PP y el PSOE en varios puntos de la ley no ha resistido la disparidad de criterios de ambos partidos en el asunto central del reconocimiento de los derechos de reuni¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. Los socialistas consideran que tales derechos son inherentes a la persona y previos a cualquier estatus legal y administrativo, seg¨²n establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la jurisprudencia constitucional m¨¢s solvente. El partido del Gobierno mantiene que se trata de derechos de configuraci¨®n legal, cuyo ejercicio depende de la obtenci¨®n, en este caso, del permiso de residencia o trabajo. Incluso los aliados parlamentarios del PP -CiU y Coalici¨®n Canaria- juzgan errada la posici¨®n del PP en este punto y no renuncian a convencerle de que d¨¦ marcha atr¨¢s en el Senado.Hay que desear ¨¦xito a CiU y a Coalici¨®n Canaria. Podr¨ªa retomarse el camino del consenso en un asunto que afecta al Estado y que, por tanto, exige la mayor legitimaci¨®n posible de la norma que lo regula. Esta norma no puede tener en contra al partido del Gobierno, como ha sucedido con la todav¨ªa vigente Ley de Extranjer¨ªa. Pero tampoco al principal partido de la oposici¨®n, que puede ser Gobierno ma?ana. Ser¨ªa adem¨¢s frustrante que, tras el esfuerzo de aproximaci¨®n llevado a cabo por el PP y el PSOE -el primero renunciando a sus posiciones m¨¢s extremas y el segundo no presentando una enmienda de totalidad al proyecto-, la nueva ley naciera amputada del apoyo de una parte importante del Parlamento.

Tienen raz¨®n, no s¨®lo el PSOE, sino CiU y Coalici¨®n Canaria, al calificar de maximalista la postura del PP en el tema de los derechos de los inmigrantes irregulares. Choca que esta postura se mantenga a rajatabla despu¨¦s de que la Comisi¨®n de Bruselas haya entonado un mea culpa por la pol¨ªtica europea de inmigraci¨®n, basada en la err¨®nea creencia de que unas leyes restrictivas frenar¨ªan los flujos clandestinos. La denegacion de derechos a los inmigrantes irregulares no impedir¨¢ su llegada a Espa?a; har¨¢ su vida m¨¢s penosa, oblig¨¢ndoles a una clandestinidad no s¨®lo administrativa, sino personal, que facilitar¨¢ su explotaci¨®n laboral, empujar¨¢ a no pocos a la delincuencia y har¨¢ pr¨¢cticamente inalcanzable a casi todos esa regulaci¨®n que la ley ofrece tras una larga espera de cinco a?os. Todav¨ªa queda tiempo para que el PP recapacite en el Senado su posici¨®n restrictiva en cuanto a derechos y facilite el consenso final de una ley que ya lo tiene en una buena parte de su contenido.