Una justicia europea

Aunque de momento s¨®lo se trate de un mero acuerdo program¨¢tico, tiene mucha importancia la decisi¨®n del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE de impulsar reformas legislativas que otorguen eficacia inmediata en cada uno de los pa¨ªses miembros a las resoluciones judiciales dictadas en cualquiera de ellos. La progresiva materializaci¨®n de ese acuerdo supondr¨¢ una contribuci¨®n decisiva a la creaci¨®n de un espacio judicial com¨²n entre socios que profesan el mismo credo democr¨¢tico, disponen de sistemas jur¨ªdicos homologables y tienen un compromiso institucional en defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.En este acuerdo de principio ha influido de forma decisiva el tratado que acaban de firmar Espa?a e Italia para resolver el contencioso de los mafiosos refugiados en suelo espa?ol. Pero pretende llegar m¨¢s lejos, abarcando no s¨®lo el ¨¢mbito penal, sino el civil y mercantil, de indudable trascendencia en un escenario fuertemente econ¨®mico y comercial como la UE.

El reciente tratado hispano-italiano marca posiblemente el modelo a seguir en la simplificaci¨®n de tr¨¢mites judiciales cl¨¢sicos que obstaculizan, m¨¢s que favorecen, la acci¨®n de la justicia en el espacio de los Estados de la UE. Es el caso, en especial, del procedimiento de extradici¨®n, justificado en el pasado y en la actualidad entre pa¨ªses de distintas culturas jur¨ªdicas y con sistemas penales alejados entre s¨ª, pero que ha dejado de tener sentido entre zonas regidas por los mismos principios jur¨ªdicos y democr¨¢ticos. Es posible que a Espa?a, por causa del terrorismo, le urja m¨¢s que a ning¨²n otro pa¨ªs de la UE la pronta materializaci¨®n de un espacio judicial europeo. Pero a todos debe interesar por igual que se desmantelen cuanto antes las barreras jur¨ªdicas que pueden suministrar alg¨²n tipo de refugio legal no s¨®lo a terroristas, sino a mafiosos, blanqueadores de dinero negro y la gama de delincuentes que genera un crimen organizado que no respeta ninguna frontera. No se trata, naturalmente, de recortar la iniciativa judicial en la persecuci¨®n del delito, sino de agilizarla y de impedir la impunidad del delincuente. Sin restarle ninguna garant¨ªa, pero sin prestarle ning¨²n santuario.