Los militares chilenos presionan al Ejecutivo para conseguir un gesto en favor de Pinochet

La orden de detenci¨®n y procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, emitida el viernes por el juez Juan Guzm¨¢n, ha colocado en una situaci¨®n inc¨®moda al jefe del Ej¨¦rcito, el general Ricardo Izurieta, que en las ¨²ltimas horas ha presionado con fuerza al Gobierno para que haga un gesto que denote preocupaci¨®n por el encausado. La negativa del Ejecutivo, a trav¨¦s del ministro del Interior y presidente en funciones, Jos¨¦ Miguel Insulza, ha sido tajante. El Ejecutivo estima que el procesamiento de Pinochet como presunto autor intelectual de 57 homicidios y 19 secuestros se ajusta a derecho.

Proceso por asesinato

El Gobierno tampoco considera oportuna la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que reclaman los uniformados. Los jefes militares decidieron el mismo viernes pedir al Gobierno una reuni¨®n extraordinaria de ese organismo, que formalmente convoca el presidente de la Rep¨²blica, pero Ricardo Lagos se encuentra en M¨¦xico en visita oficial. Despu¨¦s de varias deliberaciones entre los generales y de dos visitas del jefe del Ej¨¦rcito al palacio presidencial de La Moneda en un mismo d¨ªa, algo totalmente inusual, el alto mando decidi¨® esperar el regreso a Chile del jefe del Estado para tomar una decisi¨®n definitiva.El Consejo de Seguridad Nacional, creado por la Constituci¨®n de 1980, es uno de los residuos de la dictadura de Pinochet. Lo integran el presidente de la Rep¨²blica, los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema y el Contralor General de la Rep¨²blica (equivalente a fiscal general). Pueden asistir a las reuniones, s¨®lo con derecho a voz, los ministros del Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Econom¨ªa. Es el ¨²nico organismo en el que el poder militar se sienta de igual a igual junto al poder civil, ya que el voto de un general vale lo mismo que el del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En la pr¨¢ctica, es la puerta que la Constituci¨®n deja abierta para que los militares expresen su malestar.

Desde que Chile tiene un presidente socialista, hace ocho meses, el Cosena no ha celebrado ninguna reuni¨®n. En el anterior Gobierno de la Concertaci¨®n, el democratacristiano Eduardo Frei convoc¨® el consejo en tres ocasiones por el caso Pinochet, siempre a petici¨®n de los militares. Pero los generales pueden convocarlo por su cuenta, s¨®lo con que dos de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. En los diez a?os de transici¨®n desde el fin de la dictadura no se ha dado el caso. Si los militares decidieran llamar unilateralmente al Cosena, pagar¨ªan un alto precio al transmitir al mundo la imagen de que las Fuerzas Armadas presionan al Gobierno y a la justicia para defender a Pinochet. Chile aparecer¨ªa nuevamente polarizado, como en los d¨ªas de m¨¢xima tensi¨®n durante la detenci¨®n de Pinochet en Londres, y esta vez por culpa de la actitud unilateral de los militares. Adem¨¢s, el clima de reconciliaci¨®n que tratan de propiciar el Gobierno, la Iglesia y desde el mismo Ej¨¦rcito, quedar¨ªa seriamente da?ado.

El general Izurieta afronta un dilema: c¨®mo adoptar una postura de firmeza ante sus hombres, demostrando que no se queda de brazos cruzados sin arruinar los pasos dados para resolver el problema pendiente de las violaciones de derechos humanos. El jefe del Ej¨¦rcito visit¨® en las ¨²ltimas semanas los cuarteles para transmitir tranquilidad a sus hombres tras el procesamiento del general Hern¨¢n Ram¨ªrez Hald, que acab¨® siendo pasado a retiro antes de tiempo. Izurieta explic¨® la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos: todo oficial que sea procesado pasar¨¢ autom¨¢ticamente a retiro para evitar el deshonor de la instituci¨®n.

Hern¨¢n Ram¨ªrez, jefe del Comando de Industria Militar e Ingenier¨ªa, ha sido el primer general en activo procesado desde que Chile vive en democracia. El juez Sergio Mu?oz ha declarado probada la complicidad del militar, antiguo jefe del departamento primero del Cuerpo de Inteligencia del Ej¨¦rcito, en el asesinato del sindicalista Tucapel Jim¨¦nez en febrero de 1982. Varios miembros de la polic¨ªa pol¨ªtica de la dictadura y del aparato de inteligencia confesaron su participaci¨®n en el crimen, por el que est¨¢n procesadas 17 personas, en su mayor¨ªa militares.En este contexto, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones decidir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas si acoge el recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet. Carmen Hertz, una de las abogadas querellantes y viuda de una de las v¨ªctimas de la Caravana de la Muerte por la que ha sido procesado el ex dictador, recordaba ayer que desde el desafuero de Pinochet, aprobado por la Corte Suprema el pasado 8 de agosto, la defensa no ha aportado una sola prueba contundente para exonerar al inculpado. "Han pasado cuatro meses. Cualquier otro parlamentario, despu¨¦s de los fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, habr¨ªa sido procesado al d¨ªa siguiente", asegur¨®.