El error Lia?o

Tomar como asesores a un respetable grupo de Juanito Sise?or es una pr¨¢ctica habitual entre nuestros pol¨ªticos cuando ocupan cargos de responsabilidad. Que se trata de una pr¨¢ctica de nefastas consecuencias para el Estado, y aun para la persona del asesorado, lo muestra paladinamente el caso del indulto del se?or G¨®mez de Lia?o. Vaya por delante que el acto de perdonar siempre me ha parecido, a m¨¢s de noble, simp¨¢tico. Eximir al pr¨®jimo del sufrimiento que acarrean las penas, aun cuando s¨®lo se logre un alivio parcial, me parece intr¨ªnsecamente bueno. Pero no es de moral de lo que se trata, sino de pol¨ªtica y Derecho. Tambi¨¦n aqu¨ª el perd¨®n tiene su papel en el Estado de Derecho. Ciertamente, si en dicho Estado pudi¨¦ramos asegurar que las leyes son siempre justas y los tribunales jam¨¢s yerran, el perd¨®n que el indulto supone no tendr¨ªa cabida. Mas como ni el legislador ni el juez son omniscientes y omnipotentes, como no son de condici¨®n divina, ning¨²n Estado de Derecho es inmune a la injusticia y el error. Y ese es el lugar del indulto.Cuando se trata de supuestos en los que est¨¢n en juego intereses primariamente privados, como sucede en la mayor parte de las infracciones, el titular de la prerrogativa de gracia puede permitirse ejercerla primariamente seg¨²n sus simpat¨ªas y convicciones, pero cuando se trata de infracciones en las que los intereses p¨²blicos ocupan el primer puesto, unas y otras deben ceder ante el bien p¨²blico. Y eso exactamente es lo que sucede cuando se trata de infracciones cometidas por toda clase de servidores p¨²blicos, con mayor motivo si en lugar de funcionarios se trata de titulares de un poder del Estado, como es el caso, supuesto este ¨²ltimo en el que la primac¨ªa del bien p¨²blico es particularmente fuerte. Y en el que las posibles excepciones merecen lo que suele denominarse un escrutinio estricto. Resulta obvio que ese es precisamente el escenario donde se inserta el indulto del se?or G¨®mez de Lia?o.

No voy a entrar en el debate legal acerca de la pertinencia o no del retorno ex indulto del se?or G¨®mez de Lia?o a la carrera judicial, entre otras cosas porque el debate me parece insustancial: la privaci¨®n definitiva del empleo es precisamente eso, definitiva, y lo es porque es privaci¨®n, esto es supresi¨®n del t¨ªtulo que habilita para el empleo, siendo eso lo que la separa de la suspensi¨®n. La inhabilitaci¨®n no consiste en prohibir el desempe?o de empleo o cargo durante equis tiempo (el de la duraci¨®n de la condena) sino en la privaci¨®n del empleo ex initio y la imposibilidad de volver a obtener t¨ªtulo habilitante para ejercerlo de nuevo hasta que no transcurra el tiempo de condena. Si se indulta el Gobierno puede perdonar lo que es perdonable, esto es, lo que no se ha cumplido, porque, que yo sepa, el Ministerio de Justicia no tiene la m¨¢quina del tiempo del se?or Wells, y no puede volvernos a todos, comprendido Lia?o, al momento de la condena. Lo que puede hacer el indulto es suprimir la prohibici¨®n del per¨ªodo durante el cual el condenado est¨¢ impedido de adquirir nuevo t¨ªtulo al afecto de acceder al empleo a cuya privaci¨®n definitiva fue condenado. Lo que, por cierto, no impide el retorno, aun inmediato, de G¨®mez de Lia?o a la judicatura, para lo que al menos tres v¨ªas quedan expeditas.

Lo que me parece el mayor de los errores que se est¨¢n cometiendo en este sucedido por parte del Gobierno no es que se intente habilitar a un juez por parte del Ejecutivo, facultad que corresponde en todo caso al CGPJ, con lo que incurre en un supuesto de invasi¨®n de la competencia de otro ¨®rgano constitucional. Ni que eso trate de hacerse privando al Tribunal Supremo de la facultad de apreciar la legalidad del indulto y sus condiciones. Ni siquiera que se haga eludiendo cuidadosamente en el Congreso el explicar el porqu¨¦ del indulto, en lo que alguna parte de la responsabilidad corresponde a los diputados. Lo que me parece el peor de los errores es el ataque, sin duda involuntario, pero no por ello menos directo y evidente, al papel, imagen y condici¨®n del juez que la conducta del Gobierno y del ministro de Justicia comportan.

El n¨²cleo esencial del papel de juez radica en ser un tercero, situado por encima de las partes de cualquier litigio, al efecto de obtener su imparcialidad. La independencia y la inamovilidad son instrumentos necesarios para alcanzar ese objetivo. La prevaricaci¨®n es el peor de los delitos que puede cometer un juez, no porque la misma resulte da?osa para los intereses de los ciudadanos destinatarios de la resoluci¨®n injusta, sino porque al destruir la imagen de imparcialidad atenta contra el elemento central de la definici¨®n del juez en el Estado de Derecho. Precisamente por eso el C¨®digo castiga ese delito con la "privaci¨®n definitiva" del empleo o cargo de juez. El juez que prevarica atenta directamente contra el n¨²cleo esencial de un poder del Estado: el Poder Judicial.

En ese escenario no parece que procurar el reingreso en la carrera de un juez condenado por el citado delito sea la mejor de las ideas. Por eso no es de extra?ar que repugne tanto al sentido com¨²n como al ethos profesional de los jueces y magistrados. El mero hecho de plantear desde el Ejecutivo la posibilidad de reingreso en la carrera es por ello un error, el error Lia?o en este caso. Lo ser¨ªa aunque el Gobierno gozara del apoyo de la oposici¨®n, y aunque el reingreso fuere de una legalidad paladina y transparente. Pero no lo es. El Gobierno no cuenta con ning¨²n apoyo externo a s¨ª mismo y su clientela, la legalidad de su actuaci¨®n es discutible y discutida -cuanto menos-, y para acabar de redondear la faena, pretende imponer una decisi¨®n cuando el decreto de indulto a¨²n no ha sido publicado (y por ello no ha entrado en vigor), usurpando facultades que corresponden a los tribunales y al Consejo y plante¨¢ndole un tr¨¢gala al Supremo.

Vistas as¨ª las cosas queda claro que las esperanzas de cambio puestas en el se?or Acebes dif¨ªcilmente van a sobrevivir, y que su posici¨®n va a resultar seriamente debilitada en sus relaciones con la oposici¨®n, los jueces y el Consejo. Que en estas condiciones el ministro, evidentemente mal asesorado, tenga posibilidades razonables de sacar adelante el Pacto de Estado sobre la Justicia, en el tiempo corto al menos, se asemeja improbable. El Gobierno ha cometido un error que se llama Lia?o.

Manuel Mart¨ªnez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.