Los socialistas proponen revisar la inmunidad presidencial tras el discurso de Chirac
Representantes de asociaciones judiciales y de partidos de izquierda criticaron ayer al presidente de Francia, Jacques Chirac, por rechazar la idea misma de que el jefe del Estado, "que obtiene su poder del conjunto de los franceses y es el garante de la continuidad del Estado", pueda estar sometido "a la dependencia de un juez". Ninguno de los instructores de los sumarios en los que se menciona a Chirac le ha llamado a declarar, pero el presidente ya les ha cerrado la puerta. "Esto demuestra hasta qu¨¦ punto es necesario revisar la inmunidad presidencial", opina el l¨ªder socialista, Fran?ois Hollande.
Las argumentaciones de Chirac son "arcaicas", seg¨²n Val¨¦ry Turcey, presidente de la Uni¨®n Sindical de la Magistratura (mayoritaria entre los jueces), que ironiza sobre el jefe del Estado: se cree "situado a tanta altura que no va a rebajarse a responder a las convocatorias de un juez". Una decisi¨®n del Consejo Constitucional de 1999 garantiza al presidente de la Rep¨²blica que no ser¨¢ procesado durante el ejercicio de sus funciones, salvo en caso de alta traici¨®n. Chirac, por tanto, tiene un respaldo formal para mantener su postura, por m¨¢s que lo haga cuando el mundo acaba de asistir a la batalla judicial que ha dirimido la presidencia de EE UU. Puede que la firmeza emocional con que se manifest¨® como garante de las instituciones haya hecho mella en una parte de los 12 millones de personas que le vieron por televisi¨®n; lo mismo que imputar al espect¨¢culo montado por jueces y peri¨®dicos la sensaci¨®n de que Francia vive una crisis pol¨ªtica y moral, que Chirac niega. El problema es si esto le bastar¨¢ para aguantar un calendario electoral que se abre en marzo con las municipales y termina un a?o despu¨¦s con las presidenciales y las legislativas.
Chirac aparece mencionado en cinco investigaciones judiciales distintas, pero no est¨¢ acusado en ninguna de ellas. El testimonio m¨¢s contundente contra ¨¦l es el de Jean-Claude M¨¦ry, que ha confesado haber organizado un sistema para trucar las adjudicaciones de obras en viviendas sociales a cambio de comisiones para la Uni¨®n por la Rep¨²blica (RPR), y que asegura haberlo hecho a las ¨®rdenes de Chirac. Pero esta cinta se ha conocido s¨®lo tras la muerte del testigo. El otro testimonio importante procede de una persona viva: Louise- Yvonne Casetta, ex directora administrativa de la RPR, quien dice haberse dedicado a la colecta de fondos entre adjudicatarios de obras en institutos de ense?anza media con la seguridad de que actuaba al servicio de Chirac.
En los medios de comunicaci¨®n, menospreciados por el presidente como "vendedores de papel" -en la estela de los comentarios que hiciera en otro tiempo Fran?ois Mitterrand-, se extraen consecuencias. El director de la Redacci¨®n de Le Monde, Edwy Plenel, defiende el papel del peri¨®dico para impulsar la reflexi¨®n democr¨¢tica. "Lo que constituye un peligro para la democracia no es la revelaci¨®n de la corrupci¨®n, sino su existencia", recordaba ayer el editorial del diario que anticipa la mayor parte de los esc¨¢ndalos pol¨ªticos. Y el presidente de Lib¨¦ration, Serge July, sugiere a Chirac que, si quiere devolver a la funci¨®n presidencial una parte de la autoridad perdida, "se someta al veredicto de los electores" y anticipe las presidenciales, como ya hizo en 1997 con las legislativas. Chirac ha rechazado el simple cambio de orden en las elecciones de 2002. Con argumentos constitucionales, se resiste a la propuesta de inversi¨®n del calendario electoral que los socialistas y los centristas de la UDF quieren hacer aprobar en la Asamblea Nacional, y cuyo primer debate est¨¢ previsto la semana pr¨®xima.
La anticipaci¨®n de las presidenciales de 2002, para que se celebren un par de meses antes que las legislativas, le parece a Chirac una actuaci¨®n precipitada, un cambio de reglas del juego "en condiciones que no me parecen dignas", y que s¨®lo podr¨ªa efectuarse en el marco de una revisi¨®n constitucional pensada con calma. Y en cuanto al plan del Gobierno para conceder una autonom¨ªa limitada a C¨®rcega, el presidente opina que dar a la isla un cierto poder legislativo "abre dos v¨ªas: la disociaci¨®n de C¨®rcega del resto de la Rep¨²blica o dar a todas las regiones las mismas competencias".
[Por otra parte, los jueces del caso Elf pidieron, por tercera vez, ayer el levantamiento del secreto del sumario, inform¨® France Presse. Los jueces intentan determinar el destino de cientos de millones de francos supuestamente dedicados por el grupo petrolero al pago de comisiones en la compra de la refiner¨ªa alemana Leuna y del grupo espa?ol Ertoil.]
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