El Consell tiene 2 meses para ejecutar la sentencia del Teatro Romano

La Generalitat tiene ya obligaci¨®n inexcusable de decidir en los pr¨®ximos dos meses c¨®mo ejecutar¨¢ la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo, que declar¨® ilegales las obras de restauraci¨®n y rehabilitaci¨®n del Teatro Romano de Sagunto. Tras la comunicaci¨®n de la sentencia por el Supremo, el Consell deber¨¢ decidir qu¨¦ parte del conjunto hist¨®rico puede derribarse, c¨®mo y cu¨¢ndo.

Manuel Taranc¨®n, consejero de Cultura, eludi¨® ayer explicar c¨®mo resolver la ilegalidad de las obras de rehabilitaci¨®n y restauraci¨®n del Teatro Romano de Sagunto al alegar que la sentencia no hab¨ªa llegado a¨²n a sus manos. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibi¨® del Tribunal Supremo la confirmaci¨®n de la sentencia emitida el 17 de octubre y la envi¨® a la consejer¨ªa. Notificada ya formalmente la resoluci¨®n por la que se declaran ilegales las obras de rehabilitaci¨®n del Teatro Romano, la Generalitat tiene dos meses de plazo para decidir c¨®mo ejecutar¨¢ la sentencia.

La sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del TSJ, califica de ilegales las obras de rehabilitaci¨®n por considerar que no son tales sino que suponen una reconstrucci¨®n, prohibida expresamente por la Ley de Patrimonio. Pero el Tribunal Superior de Justicia no entraba, en su sentencia, a determinar c¨®mo revertir la intervenci¨®n realizada seg¨²n un proyecto de los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.

El contencioso sobre el Teatro Romano, declarado monumento nacional en 1986, lo inici¨® el abogado Juan Marco Molines, que despu¨¦s fue diputado auton¨®mico del PP, contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, en manos de los socialistas en aquel momento. El mismo PP incluy¨® en el programa electoral que le llev¨® a la Generalitat el derribo de las obras. Sin embargo, ya en el poder, ha utilizado el recinto para actividades culturales y sus dirigentes han declarado que la ejecuci¨®n de esa propuesta depende de los informes de los t¨¦cnicos.

La sentencia del Supremo reconoc¨ªa que la obra se basaba en "unos presupuestos metodol¨®gicos plenamente defendibles en el plano art¨ªstico o acad¨¦mico, pero enfrentados a un criterio normativo opuesto, que es el que debe vincular a la Administraci¨®n p¨²blica".

Taranc¨®n, desde entonces, se ha limitado a constatar que a¨²n ten¨ªa tiempo por delante para decidir sobre las obras. Ahora, el plazo de dos meses comienza a contar. En ese periodo, Marco Molines puede instar a la ejecuci¨®n o la Generalitat decidir c¨®mo llevarla a cabo. Tambi¨¦n el TSJ podr¨ªa actuar en el caso de que ninguna de las partes adopte la iniciativa, aunque esta alternativa es poco probable.