La Guardia Civil permitir¨¢ que sus 73.000 agentes elijan por votaci¨®n a sus representantes laborales

Los 73.000 agentes que integran la plantilla de la Guardia Civil ser¨¢n convocados pr¨®ximamente a unas elecciones internas para designar a sus representantes en el Consejo Asesor de Personal, un ¨®rgano de nueva creaci¨®n que pretende desbloquear el conflicto originado en la instituci¨®n armada por la prohibici¨®n de los derechos de reuni¨®n, asociaci¨®n y sindicaci¨®n. Seg¨²n confirm¨® un portavoz oficial, se trata de las primeras elecciones aceptadas por el Instituto Armado, que proh¨ªbe la sindicaci¨®n y la asociaci¨®n, en los 156 a?os de existencia. La medida se plantea ante la inminencia de una resoluci¨®n del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de una asociaci¨®n interna, Coproper, que cuenta ya con 14.500 afiliados.

La lupa de Defensa

La Direcci¨®n General de la Guardia Civil est¨¢ elaborando un reglamento que reconoce el derecho de los agentes a elegir a sus representantes laborales, un derecho prohibido, junto a los de asociaci¨®n y reuni¨®n, desde la fundaci¨®n de la instituci¨®n en 1844. Este consejo asesor est¨¢ reconocido en la Ley Org¨¢nica de reestructuraci¨®n de la Guardia Civil, aprobada en noviembre de 1999. En ella se establece el derecho de los agentes a plantear "propuestas o sugerencias referidas al r¨¦gimen de personal, a la condici¨®n de militar y a todos aquellos aspectos sociales que les afecten". El citado reglamento desarrolla este enunciado e incluye la presencia de representantes de todas las escalas del cuerpo. Tambi¨¦n prev¨¦ que varios de estos puestos sean para los elegidos por las escalas inferiores -guardias y cabos-, que suman el 80% de la plantilla. Los representantes de los agentes en el Consejo de Personal tendr¨¢n la prerrogativa de poder ser arrestados ¨²nicamente por el director general cuando cometan alguna indisciplina como representantes profesionales.Sin embargo, el consejo asesor, que ser¨¢ presidido por el director general de turno, nace con fuertes limitaciones: carece de potestad para firmar convenios colectivos y tampoco puede organizar paros, huelgas o asambleas. Tampoco podr¨¢n dar cauce a reivindicaciones colectivas. Como contrapartida, cualquier agente podr¨¢ votar y ser votado, incluso los represaliados dirigentes de Coproper (Coordinadora pro Perjudicados por la Gesti¨®n de Luis Rold¨¢n y la Corrupci¨®n), una asociaci¨®n con fines culturales que se ha convertido en el ¨²nico ¨®rgano de expresi¨®n de los guardias civiles.

Las funciones del Consejo Asesor de Personal consistir¨¢n, seg¨²n portavoces oficiales de la Guardia Civil, en facilitar la comunicaci¨®n de abajo a arriba y recoger las aspiraciones de los agentes. En algunos casos, la direcci¨®n general tendr¨¢ que informar al consejo sobre ¨®rdenes o normas internas. El consejo tendr¨¢ derecho a "ser escuchado".

Pese a sus limitaciones, se trata de "un paso hist¨®rico" para la Guardia Civil, a?aden las citadas fuentes oficiales, que admiten que uno de los principales escollos para la aprobaci¨®n de este reglamento es su efecto en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa est¨¢ revisando con lupa cada l¨ªnea del borrador, ya que sus responsables temen la reacci¨®n de los soldados y oficiales que vienen demandando desde hace tiempo el ejercicio de los derechos de asociaci¨®n, reuni¨®n y representaci¨®n laboral. Los militares, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales son los ¨²nicos colectivos profesionales que tienen negado por Ley el derecho de sindicaci¨®n. Pese a ello, tanto jueces y fiscales disponen de asociaciones profesionales muy arraigadas. Los representantes de la Asociaci¨®n Coproper lamentan que la Guardia Civil sea el ¨²nico cuerpo en que el derecho de queja es fuertemente perseguido y castigado. El ¨²ltimo ejemplo discriminatorio en este sentido ha sido, seg¨²n Coproper, la reciente exclusi¨®n de la Guardia Civil de la paga compensatoria por la desviaci¨®n del IPC de 1999, que los militares s¨ª percibieron. La doble dependencia de la Guardia Civil ha contribuido a esta peculiar situaci¨®n: el Ministerio del Interior regula todo lo relativo a la seguridad ciudadana y retribuciones, destinos, acuartelamiento y material; Defensa se hace cargo de los ascensos y la normativa laboral.

La Guardia Civil cuenta con la asociaci¨®n Coproper, surgida en 1991 tras los esc¨¢ndalos financieros del entonces director general Luis Rold¨¢n y que tiene 14.500 afiliados. Coproper est¨¢ en pugna permanente con los mandos desde los tiempos de los gobiernos socialistas.

Cuando en 1995 pretendi¨® ampliar sus estatutos, el entonces ministro Juan Alberto Belloch rechaz¨® su pretensi¨®n de fomentar no s¨®lo las mejoras culturales de sus afiliados, sino tambi¨¦n las "sociales". Belloch recurri¨® esta ampliaci¨®n por entender que pod¨ªa ocultar el germen de un sindicato, la tesis defendida tambi¨¦n por los gobiernos del PP. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha recurrido cuantas sentencias han resultado favorables para la asociaci¨®n, incluidas dos de la Audiencia Nacional que reconoc¨ªan "la licitud de los fines" y los consideraban "altamente saludables" para la instituci¨®n.

La Audiencia Nacional sostiene que los derechos que demanda la asociaci¨®n Coproper son constitucionales y no les pueden ser negados, "m¨¢xime cuando ellos mismos excluyen fines reivinticativos y el ejercicio del derecho de huelga".

El Tribunal Supremo est¨¢ pendiente de corroborar o revocar en las pr¨®ximas semanas los dict¨¢menes de la Audiencia.