Contra la Ley de Extranjer¨ªa de nuevo

La Ley de Extranjer¨ªa de 1985 (ley 7/85) cosech¨®, durante sus quince a?os de vigencia, una amplia oposici¨®n, procedente de los sindicatos, las asociaciones de defensa de los derechos humanos, las de inmigrantes, las antirracistas, las de abogados y juristas, en definitiva, de todas aquellas entidades que ten¨ªan la evidencia directa de los efectos que la ley produc¨ªa sobre la situaci¨®n y las posibilidades de integraci¨®n social de las personas inmigradas. La oposici¨®n parlamentaria a la ley lleg¨® m¨¢s tarde; durante a?os fue muy reducida, pero finalmente se convirti¨® en mayoritaria, dando lugar a una nueva ley, la 4/2000, que ha tenido la ef¨ªmera vida que va desde febrero de este mismo a?o hasta la entrada en vigor de la nueva ley, aprobada d¨ªas atr¨¢s por el Senado.

'El Gobierno es consciente de que hablar contra la inmigraci¨®n da m¨¢s votos que hacerlo a favor'

La nueva ley es, sin duda, mejor que la 7/85. Las condiciones que establece para las personas inmigradas que disponen de residencia legal son notablemente mejores en aspectos como los derechos sociales, la reagrupaci¨®n familiar, la residencia permanente, las medidas antidiscriminatorias, etc. Mejor a¨²n era la Ley 4/2000, que, por ejemplo, hab¨ªa abierto una puerta para avanzar en el establecimiento del derecho de voto de los residentes no comunitarios en elecciones municipales; puerta que la nueva ley cierra. Pero, aunque debemos se?alar el retroceso sufrido respecto a la Ley 4/2000, no podemos dejar de reconocer que, respecto a la Ley 7/85, la reci¨¦n aprobada es mejor (mejor para las personas con residencia legal). Y, sin embargo, vuelve a ser una ley rechazada un¨¢nimemente por los agentes sociales (sindicatos, ONG, etc.). ?Por qu¨¦?

El principal motivo por el cual la nueva ley resulta inaceptable reside en el tratamiento que da a los inmigrantes que se hallan en situaci¨®n irregular. Mientras que la Ley 4/2000 hac¨ªa una amplia concesi¨®n de derechos a estas personas, les proporcionaba una v¨ªa para regularizar su situaci¨®n y ya no las amenazaba con la expulsi¨®n, la nueva ley recorta sus derechos, reduce notablemente sus posibilidades de regularizaci¨®n y vuelve a amenazarlas con la expulsi¨®n.

Y, ?por qu¨¦ es tan importante el tratamiento que una ley de extranjer¨ªa da a los inmigrantes en situaci¨®n irregular? La respuesta a esta pregunta est¨¢ en la globalidad del sistema de inmigraci¨®n que ahora est¨¢ funcionando en los pa¨ªses occidentales. Nuestra econom¨ªa est¨¢ demandando claramente mano de obra para ciertos sectores de la producci¨®n, al tiempo que nuestros Gobiernos lo niegan y establecen un sistema de cierre de fronteras a la entrada de nuevos inmigrantes. El resultado de eso es una entrada constante de personas por v¨ªas irregulares, con el consiguiente desarrollo de las mafias que trafican con ellas y con los correspondientes riesgos y penalidades que los inmigrantes han de sufrir. Este sistema funcion¨® con la Ley 7/85, sigui¨® vigente con la 4/2000 y seguir¨¢ con la nueva ley. Para que el flujo de entrada de inmigrantes empiece a canalizarse por v¨ªas legales se requieren otros cambios y actuaciones que en estas leyes no han estado planteados.

La combinaci¨®n de este sistema de entrada, con una ley que dificulta el posterior acceso a la legalidad de las personas que han ido entrando, conduce al mantenimiento permanente de una importante bolsa de inmigrantes en situaci¨®n irregular. Y ello no es una cuesti¨®n secundaria; es, en realidad, una caracter¨ªstica esencial del sistema de inmigraci¨®n existente en los pa¨ªses occidentales, y un componente importante del sistema econ¨®mico de estos pa¨ªses. La inmigraci¨®n irregular est¨¢ proporcionando mano de obra barata a determinados sectores econ¨®micos que, de otra forma, no ser¨ªan competitivos. La inmigraci¨®n irregular ha facilitado, en Espa?a, el desarrollo de la agricultura y ha contribuido al de otros sectores, como la hosteler¨ªa o la construcci¨®n. As¨ª ocurre tambi¨¦n en el sur de Francia, donde buena parte de su econom¨ªa agr¨ªcola est¨¢ basada en la inmigraci¨®n irregular, o en Grecia, donde los albaneses que constantemente entran para trabajar irregularmente est¨¢n impulsando el desarrollo econ¨®mico del pa¨ªs, o en tantos otros lugares del mundo industrializado que sigue benefici¨¢ndose, por este nuevo sistema, del subdesarrollo econ¨®mico del resto del planeta.

Una ley como la 4/2000, que facilitaba la regularizaci¨®n, hubiese reducido la proporci¨®n de inmigrantes en situaci¨®n irregular y, por tanto, las posibilidades de abaratamiento de la mano de obra. Pero, seg¨²n parece, eso necesitaba un arreglo, y el arreglo se ha hecho: la nueva Ley de Extranjer¨ªa seguir¨¢ proporcionando la bolsa de irregulares que les conviene a ciertos sectores de nuestra econom¨ªa.

La cuesti¨®n es si queremos un sistema de inmigraci¨®n que proporciona mano de obra barata, a costa de apartar a un sector de poblaci¨®n del sistema democr¨¢tico, con el consiguiente da?o que as¨ª se le hace a la democracia; o apostamos por integrar a todas las personas dentro de la democracia, equiparando sus derechos y favoreciendo la igualdad de trato. Esta segunda opci¨®n no har¨¢ posible milagros como el desarrollo del Poniente almeriense (entre otros), pero nos permitir¨¢ desarrollar nuestro Estado de Derecho, facilitar¨¢ la convivencia y reducir¨¢ el espacio del racismo. Cuando el Gobierno inici¨® la contrarreforma de la ley nos dijo que se ten¨ªa que hacer porque se trataba de una cuesti¨®n de Estado; quiz¨¢s era una cuesti¨®n de Estado pero, desde luego, no era una cuesti¨®n de Estado de Derecho. ?ste quedaba en mejor lugar con la Ley 4/2000.

La negativa del partido del Gobierno a corregir, en su propuesta, los art¨ªculos que niegan derechos fundamentales de la persona a los inmigrantes en situaci¨®n irregular tiene una doble lectura. De un lado ahonda en lo dicho antes: estos inmigrantes no tienen casi ni la consideraci¨®n de personas, lo que completa el cuadro adecuado para su inclusi¨®n en el sistema de explotaci¨®n que se les ha reservado. Pero, por otro lado, tambi¨¦n cabe la sospecha de que el partido del Gobierno no quer¨ªa demasiados socios en la votaci¨®n de esta ley. A pesar de haberse llenado la boca de intenciones de consenso, ha preferido presentarse ante la sociedad como principal baluarte frente a 'la amenaza de la inmigraci¨®n', o como el partido de la mano dura en este asunto; sabiendo, como saben todos los partidos de Europa, que hablar contra la inmigraci¨®n da m¨¢s votos que hacerlo a favor.

Para los sectores de la sociedad civil comprometidos en la defensa de los derechos de las personas se abre una nueva etapa de oposici¨®n a la Ley de Extranjer¨ªa. Pero, a diferencia del anterior periodo (de 1985 a 1999), en ¨¦ste habr¨¢ que poner m¨¢s ¨¦nfasis en otras cosas para afrontar los retos que la inmigraci¨®n est¨¢ planteando actualmente. Aunque la nueva ley, la ley Oreja, no nos lo ponga f¨¢cil, habr¨¢ que establecer nuevos y m¨¢s amplios compromisos sociales para combatir la sobreexplotaci¨®n laboral, facilitar el ejercicio de los derechos civiles y sociales y combatir las situaciones de discriminaci¨®n racial en los m¨²ltiples espacios en los que se producen. Sea cual sea la Ley de Extranjer¨ªa que tengamos, no podemos dejar de plantearnos con profundidad las medidas necesarias para la integraci¨®n social de la poblaci¨®n inmigrada; como tampoco podemos eludir ya el debate sobre los mecanismos que han de habilitarse para empezar a canalizar legalmente los flujos de entrada.

Algunas de las pautas de este debate nos vendr¨¢n marcadas por Europa. Existe ya una propuesta de directiva europea sobre un aspecto importante de la normativa de inmigraci¨®n, concretamente, el derecho a la reagrupaci¨®n familiar, y, a lo largo del a?o pr¨®ximo, la Comisi¨®n Europea har¨¢ nuevas propuestas sobre admisi¨®n de inmigrantes, derechos de los ya establecidos con residencia temporal, derechos de los residentes permanentes, etc¨¦tera. En el plazo de tres o cuatro a?os tendremos, probablemente, un amplio desarrollo de la normativa comunitaria sobre inmigraci¨®n. Todo parece indicar que las propuestas de la Comisi¨®n van a situarse en una l¨ªnea m¨¢s aperturista que las posturas ahora dominantes en los Estados de la Uni¨®n, promoviendo el abandono definitivo de las pol¨ªticas de 'inmigraci¨®n cero', ahora mayoritarias, y ampliando la concesi¨®n de derechos a las personas inmigradas. Si ello es as¨ª, las directivas europeas nos pueden obligar a nuevos cambios para mejorar nuestra legislaci¨®n en esta materia. Pero nos obligue o no Europa, nuestra Ley de Extranjer¨ªa queda, desde ya, pendiente de una nueva reforma para hacerla m¨¢s respetuosa con los derechos de las personas.

Miguel Pajares es presidente de la Comisi¨®n de Pol¨ªticas Europeas del Foro para la Integraci¨®n Social de los Inmigrantes. Representa a CITE (CC OO) en este foro