Una ciudad pol¨ªticamente inestable
Ceuta no es una ciudad muy estable en lo que a pol¨ªtica se refiere. De hecho, ¨¦sta es la segunda ocasi¨®n en poco m¨¢s de un a?o y medio que el Gobierno local queda en minor¨ªa. El 10 de agosto de 1999, la entonces vicepresidenta primera de la Asamblea y diputada del PSOE, Susana Berm¨²dez, abandonaba la disciplina de partido, ingresaba en el Grupo Mixto y firmaba la propuesta para someter al anterior presidente, Jes¨²s Fortes, del Partido Popular, a una moci¨®n de censura en connivencia con los 12 diputados que el GIL hab¨ªa obtenido en las elecciones.
La moci¨®n desbancaba del Gobierno ceut¨ª a PP, PSOE y Partido Democr¨¢tico y Social de Ceuta (PDSC), fuerzas que se hab¨ªan unido para formar un pacto anti GIL, ya que esta formaci¨®n, con 12.000 votos, estuvo rozando la mayor¨ªa absoluta con 12 de los 25 diputados que componen la C¨¢mara.
La votaci¨®n se celebr¨® trece d¨ªas despu¨¦s, el 23 de agosto. Hasta entonces, la tr¨¢nsfuga Susana Berm¨²dez hab¨ªa permanecido fuera de Ceuta y su primera aparici¨®n p¨²blica la hizo del brazo de Jes¨²s Gil y Gil, presidente del partido, que acudi¨® a la ciudad en persona para presenciar c¨®mo su candidato, Antonio Sampietro, se hac¨ªa con la presidencia del Gobierno de la ciudad aut¨®noma.
El pleno, que fue presenciado por unas cien personas -otras 1.500 aguardaban expectantes en la calle-, concluy¨® en una hora. Una semana despu¨¦s, el nuevo Gobierno tom¨® posesi¨®n en la plaza monumental de las Murallas Reales, un hist¨®rico recinto del XVIII, s¨ªmbolo del car¨¢cter militar de la plaza ceut¨ª, y donde fue investido Antonio Sampietro como presidente. El apoyo de Susana Berm¨²dez fue recompensado con el puesto de consejera de Cultura y Patrimonio. En ese mismo acto tambi¨¦n tomaron posesi¨®n de sus cargos los cinco consejeros ahora dimisionarios.
Desde entonces, el GIL ha gobernado la ciudad con fuertes cr¨ªticas por parte del PP y PSOE, especialmente dirigidas a la proliferaci¨®n de sociedades municipales adscritas a las consejer¨ªas, el incremento en la plantilla del personal de confianza -que supera el centenar de personas- y las visitas de los miembros del Gobierno a los juzgados por denuncias de prevaricaci¨®n o por acusaciones planteadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
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