Los pesebres

Por obvios y sobrados motivos, la denominada gen¨¦ricamente clase pol¨ªtica no consigue recuperar el prestigio social que la incumbir¨ªa en una rep¨²blica madura y que transitoriamente alcanz¨® en los momentos inici¨¢ticos de la democracia. Hay mucho manique¨ªsmo suelto, la desconfianza del vecindario tiene ra¨ªces seculares y, adem¨¢s, los pecados e ineficiencias de nuestros gestores y representantes se proyectan con m¨¢s vistosidad que sus virtudes, entre las que tampoco son raras la dedicaci¨®n y la generosidad. No de otro modo se comprender¨ªa que la Administraci¨®n funcionase, por m¨¢s que se prolonguen bastantes de los vicios que Larra denunciara. Alg¨²n d¨ªa habr¨ªa que instituir una f¨®rmula para premiar la excelencia de cuantos a diario la acreditan. Mientras tanto, el juicio sumario de los ciudadanos seguir¨¢ siendo severo, sin distinguir justos de pecadores.

Con todo y con ello, dicha devaluaci¨®n no es arbitraria y a menudo se ceba con decisiones de gobernantes que conciben la cosa p¨²blica como un coto privado, una suerte de comedero en el que acomodar a clientes y amigos. Es una pr¨¢ctica antigua, con visos galdosianos, que persiste y se acrecienta con absoluto desprecio a la luz y los taqu¨ªgrafos que la denuncian. De tal g¨¦nero son las contrataciones irregulares y abusivas de asesores y asimilados por parte de los presidentes de las diputaciones de Valencia y de Alicante, los Fernando Giner, de rancia prosapia ideol¨®gica, y Julio de Espa?a, de su misma cuerda. El fabrato de Castell¨®n siempre ha tenido para estos menesteres un estatuto blindado contra la fiscalizaci¨®n. Carlos Fabra es un mundo aparte.

Las contrataciones, dec¨ªamos, de asesores y arrecog¨ªos, a menudo muy bien pagados, sin especificaci¨®n de sus labores, rendimientos y, menos a¨²n, necesidad. De su perfil profesional, por supuesto, no se dice una palabra. Verdad es que algunos de ellos -damos fe- se ganan con creces el salario y legitiman este puesto de trabajo que se ahorm¨® para suplir provisionalmente las previsibles resistencias e indolencias del funcionariado franquista. Entonces se abri¨® una espita por la que, unos y otros partidos, han franqueado el acceso de sus parciales a las n¨®minas institucionales y corporativas, estableci¨¦ndose los afamados y opacos pesebres. As¨ª, pues, un expediente originariamente justificado se ha traducido en un esc¨¢ndalo que no cesa y a¨²n se expande al amor de las empresas mixtas que saturan el firmamento p¨²blico: gesti¨®n de aguas, basuras, polideportivos y etc¨¦tera. Imperativos de la eficiencia, dicen.

En contrapunto a esta variedad de beneficiencia bien dotada nos encontramos a diario con parcelas de la Administraci¨®n que est¨¢n dejadas de la mano de Dios y que son una injuria al sentido com¨²n. Las retribuciones, horarios y estatuto laboral de los m¨¦dicos de urgencia rescatados de las bolsas de trabajo, pongamos por caso, o la precariedad y miseria que acompa?a la condici¨®n de tanto docente e investigador. Y hasta la paga de los pol¨ªticos, y sobre todo de los m¨¢s altos cargos ejecutivos del Gobierno -consejeros, subsecretarios, directores generales-, comparativamente descriminados con relaci¨®n a este censo que se nutre de asesores, personas de confianza, sietes, ochos y cartas que no casan.

Es evidente que las diputaciones provinciales no son las ¨²nicas oficinas de enganche de esta clase de personal, pues no tienen la exclusiva del apesebramiento. Pero es en este marco burocr¨¢tico donde m¨¢s chirr¨ªa tal figura, por abundosa e inoperante. Como lo es, a la postre, la misma corporaci¨®n, un anacronismo institucional que ya perdi¨® su lugar bajo el sol del r¨¦gimen auton¨®mico. El pretendido ayuntamiento de ayuntamientos es la Generalitat. Lo otro no es m¨¢s que un inmenso pesebre, no obstante estar avalado por la Constituci¨®n, el Estatuto y el inter¨¦s m¨¢s interesado en perpetuar la autonom¨ªa provincial.