El Supremo condena a tres a?os de c¨¢rcel a un industrial por un vertido

El industrial tarraconense Agust¨ªn Prieto Cuervo, presidente y gerente de la empresa Derivados de Minerales y Metales, SA (Demimesa), ha sido condenado por el Tribunal Supremo a tres a?os de prisi¨®n menor y multa de cuatro millones de pesetas por arrojar vertidos contaminantes al r¨ªo Anoia en Tarragona. La sentencia ratifica y reduce la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Es la sentencia m¨¢s dura dictada por delito ecol¨®gico, despu¨¦s de la del industrial textil, Josep Puigner¨®, que fue condenado a cuatro a?os de prisi¨®n.

La Audiencia hab¨ªa condenado a Prieto Cuervo a cinco a?os de c¨¢rcel, una multa de siete millones de pesetas y tres a?os de inhabilitaci¨®n como empresario del ramo. El industrial ya hab¨ªa sido condenado a un mes y un d¨ªa de c¨¢rcel en 1992 por hechos similares de 1990.

La actividad de Demimesa consist¨ªa en aprovechar metales de las pilas de combusti¨®n de automoci¨®n. Los residuos los vert¨ªa sin ning¨²n tipo de tratamiento a un dep¨®sito deteriorado al aire libre que, con la lluvia, se desbordaba, y flu¨ªan hacia el Torrent Ca L?Almirall, que va desembocar a la Rierusa y posteriormente al r¨ªo Anoia, afluente del Llobregat. Los altos ¨ªndices de metales pesados afectaron al pozo de San Juan Samora, del que se extra¨ªa agua para el abastecimiento de la poblaci¨®n, y hubo que clausurarlo. Los valores de antimonio detectados alcanzaron los 28,31 microgramos por litro.

Demimesa pose¨ªa licencia municipal para desarrollar su actividad, pero carec¨ªa del preceptivo permiso para evacuar los vertidos industriales, a pesar de los requerimientos, nunca atendidos, que le hab¨ªa hecho llegar la Junta de Vertidos de la Generalitat de Catalu?a.

Prieto Cuervo recurri¨® la condena de la Audiencia de Barcelona alegando que las muestras en las que se probaba la ilegalidad de sus vertidos al cauce fluvial no hab¨ªan sido sometidos a un contraan¨¢lisis. El Supremo responde que en el juicio oral, donde se acredit¨® la presencia de los metales en las aguas contaminadas, las partes tuvieron ocasi¨®n de interrogar a los peritos (intervieron 10). 'Si no hubiera existido la pr¨¢ctica de esa prueba y se hubiera concedido eficacia a los informes como prueba preconstituida, podr¨ªamos entrar a examinar la denuncia', dice la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu¨ªn Delgado Garc¨ªa. 'Pero no ocurri¨® as¨ª y por ello no cabe entender que hubo infracci¨®n del derecho fundamental a un proceso justo por violaci¨®n del principio de contradicci¨®n', a?ade el fallo judicial.

Frente a la alegaci¨®n del industrial de que los lixiviados (flujos residuales arrastrados por las corrientes) localizados en el cauce del torrente no necesariamente proced¨ªan de su empresa, la sentencia es contundente. 'Demimesa ten¨ªa unos dep¨®sitos de restos de su proceso industrial al aire libre que necesariamente ten¨ªan que incorporarse por acci¨®n de la lluvia a los correspondientes arroyos o torrenteras'. Aunque el vertido no se hac¨ªa directamente, a?ade el fallo, 'se trata de un comportamiento previo delictivo'.