Los sin derechos

El impulso de los recientes procesos sociales amenaza con la demolici¨®n de un Gobierno indeciso y pillado por sorpresa en su pol¨ªtica de manadero de desprop¨®sitos. De presidencia para abajo, se despacha con desaire y gomina: los ilegales, que hagan las maletas. Cuando el martes entre en vigor la ley de extranjer¨ªa reformada, los inmigrantes se van a enterar: se quiere perseguir hasta el mar con el expediente de expulsi¨®n en la mano. Enrique Fern¨¢ndez-Miranda ya les ha dado el ultim¨¢tum en Valencia, y ha recomendado a los ayuntamientos que nada de empadronar a quienes no tengan papeles. Al hacer una advertencia as¨ª, el delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n estaba cepill¨¢ndose el derecho a la atenci¨®n sanitaria que la ley reconoce a todos los extranjeros, tengan o no permiso de residencia. Al se?or Fern¨¢ndez-Miranda le ha dado una calentura de inspiraci¨®n de altura ministerial, y ha aportado al complejo problema migratorio an¨¦cdotas para una futura antolog¨ªa del disparate, donde ya figura la brillante obra de la Conseller¨ªa de Sanidad: Gu¨ªa de salud para inmigrantes, cuya lectura no tiene desperdicio alguno.

La propuesta fue tan sorprendente que muchos de los alcaldes del PP que asist¨ªan a la Intermunicipal Popular se quedaron perplejos. Sin duda, porque el delegado del Gobierno descubr¨ªa dos de sus deficiencias m¨¢s flagrantes: su desconocimiento de la financiaci¨®n municipal, y su desprecio por los trabajadores sin papeles. En actitudes como la demostrada por el se?or Fern¨¢ndez-Miranda se expresa, sin embargo, el aut¨¦ntico talante de la derecha m¨¢s conservadora y sometida a los intereses que sirve: amenazas para quienes pretenden resolver sus urgentes precariedades, y garant¨ªas y promesas para los empresarios, muchos de los cuales ejercen una explotaci¨®n despiadada e intolerable de una mano de obra desasistida de sus m¨¢s elementales derechos.

Las respuestas han saltado de inmediato y con toda contundencia. Por una parte, los propios afectados se han encerrado, con car¨¢cter indefinido, en locales sindicales y de organizaciones solidarias, y en iglesias, en demanda de que se legalice a cuantos se encuentran en situaci¨®n irregular, y que se derogue la aspereza de la reforma de la ley de extranjer¨ªa. Por su parte, los partidos de la oposici¨®n, las centrales sindicales y las entidades sociales implicadas han denunciado las recomendaciones del se?or Fern¨¢ndez-Miranda, que hasta podr¨ªan contener indicios delictivos, al conculcar presuntamente el art¨ªculo 409 del C¨®digo Penal, y las intenciones del gobierno Aznar de poner en pr¨¢ctica procedimientos vituperables, para superar la crisis de la inmigraci¨®n. En cualquier caso, estas recomendaciones han sido calificadas justamente de xen¨®fobas y racistas. En Alicante, la concejala Camino Remiro, de EU, ha reiterado el derecho que asiste a los inmigrantes irregulares de empadronarse; mientras en Valencia, la portavoz socialista del Ayuntamiento, Ana Noguera, ha exigido a la alcaldesa Rita Barber¨¢ un plan de choque, con presupuesto bastante aportado por el Estado, para atender a las necesidades sanitarias, escolares y de alojamiento digno, de los inmigrantes. En Alicante tambi¨¦n, el diputado socialista y portavoz de su grupo en el Congreso, Jes¨²s Caldera, ha dicho que 'el PSOE tender¨ªa una mano al PP, si rectifica en materia de inmigraci¨®n', y que el ciclo pol¨ªtico del partido de Aznar est¨¢ en las ¨²ltimas. El Gobierno ha dado pruebas de su incapacidad para reaccionar frente a los conflictos que se le han echado encima, como consecuencia de su propia y oscura gesti¨®n. Y eso sucede no s¨®lo en Madrid, sino en la Generalitat valenciana, que evidencia meritoriamente su inoperancia y su agotamiento antes de lo previsto. Y es que mandar es de simples; pero gobernar democr¨¢ticamente, prescindiendo de toda exhibicion de arrogancia, requiere ya unos principios y un escrupuloso respeto a la ciudadan¨ªa que en ning¨²n momento se han manifestado.