La Ley de Extranjer¨ªa que hoy entra en vigor amenaza de expulsi¨®n a miles de inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, aprobada definitivamente por el Senado el 14 de diciembre, consagra como infracci¨®n grave el vivir irregularmente en Espa?a o trabajar sin permiso. Los extranjeros que sean hallados en estas circunstancias podr¨¢n ser expulsados de forma preferente en 48 horas o en 72 horas si se les aplica el procedimiento ordinario. Con la ley vigente hasta ayer, ambas circunstancias s¨®lo acarreaban multas a los inmigrantes.

La expulsi¨®n de extranjeros, en la pr¨¢ctica, no es tan sencilla, ya que requiere que el pa¨ªs de origen del inmigrante lo reconozca como ciudadano suyo, lo que impide la devoluci¨®n a sus territorios natales de miles de irregulares. En la actualidad s¨®lo Marruecos tiene firmado un acuerdo que permite la devoluci¨®n inmediata, aunque el Gobierno no ha perdido el tiempo. En las ¨²ltimas fechas ha negociado convenios de repatriaci¨®n con los pa¨ªses con mayor flujo de emigrantes hacia Espa?a y est¨¢ previsto que en breve est¨¦n suscritos con Nigeria, Colombia, Ecuador, Rep¨²blica Dominicana, Rumania, Polonia y Senegal.

La Ley ha llevado el temor a los 90.000 inmigrantes a los que el Gobierno rechaz¨® su solicitud de documentaci¨®n en el proceso de regularizaci¨®n que acab¨® el 21 de diciembre. La Delegaci¨®n del Gobierno para la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n se comprometi¨® por ley a repescar a las 61.000 personas a las que se les deneg¨® la petici¨®n s¨®lo por no haber podido demostrar que estaban en Espa?a antes del 1 de junio de 1999. El Ejecutivo quer¨ªa tener listo antes de que acabase este mes el decreto con las condiciones de la repesca, que podr¨ªa fijar la inclusi¨®n de los rechazados en el contingente anual de trabajadores extranjeros, a¨²n por fijar.

No habr¨¢ 'cacer¨ªa'

El problema se plantea, no obstante, con los 22.000 extranjeros que no fueron regularizados por incumplir otros requisitos y con los 6.271 cuya solicitud se archiv¨® sin m¨¢s. Todos ellos est¨¢n supuestamente localizados a trav¨¦s de la documentaci¨®n que entregaron y, de hecho, nada m¨¢s terminar el proceso de regularizaci¨®n, el Gobierno empez¨® a enviarles cartas para avisarles de que deb¨ªan salir del pa¨ªs. 'Deber¨¢ abandonar el territorio espa?ol, a cuyo efecto se le concede un plazo de 15 d¨ªas, a contar desde el siguiente al de la notificaci¨®n de esta resoluci¨®n', dec¨ªa la misiva.

El Ejecutivo, no obstante, ha insistido en las ¨²ltimas semanas en que no iba a abrir una 'cacer¨ªa de inmigrantes'. De hecho, la direcciones generales de la Polic¨ªa y la Guardia Civil aseguraron ayer que no hab¨ªan recibido 'ninguna instrucci¨®n' para aumentar la presi¨®n sobre los irregulares. Adem¨¢s, explicaron, que a falta de un reglamento que desarrolle el texto legal, ambos cuerpos deben limitarse 'a aplicar la ley en los casos que se presenten'.

La mayor¨ªa de los espa?oles tambi¨¦n rechaza la expulsi¨®n, como qued¨® ayer de manifiesto en la encuesta del Puls¨®metro de la Cadena SER, en el que se preguntaba qu¨¦ se deb¨ªa hacer con los ecuatorianos que viven irregularmente en Lorca (Murcia). El 67% de los consultados opin¨® que el Gobierno debe regularizarlos para que se queden legalmente en Espa?a y s¨®lo un 18% opt¨® por la expulsi¨®n.

El rechazo a la reforma fue rubricado ayer por socialistas, sindicatos, ONGs y por algunos Gobiernos regionales. La cr¨ªtica general consiste en que se deja sin derechos fundamentales a miles de personas que ya est¨¢n aqu¨ª, al tiempo que se les condena a la marginaci¨®n por la imposibilidad de trabajar legalmente.

Por otro lado, el Gobierno est¨¢ dispuesto a negociar el mantenimiento de las autonom¨ªas y las corporaciones locales en el Foro de la Inmigraci¨®n. La comisi¨®n permanente de este organismo se reuni¨® ayer para debatir una alternativa al real decreto que el Ejecutivo quiere aprobar para hacerse con la mayor¨ªa absoluta en ese ¨®rgano consultivo. Seg¨²n asistentes al encuentro, la Administraci¨®n se mostr¨® favorable a discutir todos los puntos conflictivos del proyecto. Las organizaciones independientes coincidieron en el rechazo a las pretensiones del Gobierno.