El Gobierno calcula en 900.000 millones el gasto por la sentencia de los funcionarios

La sentencia de la Audiencia Nacional ha ca¨ªdo como una losa en el Gobierno al suponer un gasto p¨²blico pr¨®ximo a los 900.000 millones y afectar a casi 2.100.000 funcionarios que trabajan en las tres administraciones. Aunque el propio vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que recurrir¨¢ la sentencia y que conf¨ªa en la victoria en los tribunales, el Gobierno ha reclamado a Hacienda una estimaci¨®n sobre los posibles costes de la sentencia.

Los primeros c¨¢lculos del Ministerio de Hacienda sobre lo que supondr¨ªa el costo de la devoluci¨®n de los atrasos desde 1997 se estimaban en cerca de 260.000 millones para los m¨¢s de 600.000 funcionarios de que dispone la Administraci¨®n central, y ascender¨ªa a casi 900.000 millones si se suman el resto de funcionarios -hasta la cifra de1,2 millones- de las otras administraciones. El informe encargado al Ministerio de Hacienda para que analice las consecuencias de la sentencia, las obligaciones que contrae y sus alternativas ser¨¢ abordado previsiblemente en el Consejo de Ministros de hoy.

La informaci¨®n de la que dispone el Gobierno precisa que un auxiliar administrativo percibir¨ªa 235.000 pesetas; un jefe de secci¨®n, 437.000; un maestro, 410.000; un auxiliar t¨¦cnico sanitario, 415.000; y un jefe de servicio, 601.000 pesetas.

Una de las primeras conclusiones del Gobierno es que, en caso de aplicarse la sentencia, ¨¦sta no s¨®lo responsabilizar¨ªa del pago a la Administraci¨®n central, sino que se extender¨ªa tambi¨¦n a los Gobiernos aut¨®nomos y municipales. Lo dijo ayer expresamente Jorge Fern¨¢ndez, n¨²mero dos de Rajoy y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Seg¨²n se?al¨® Fern¨¢ndez, tanto el acuerdo entre el Gobierno socialista y los sindicatos como la decisi¨®n posterior del Ejecutivo del PP, anulando el anterior, se extendi¨® a todos los ¨¢mbitos de la Administraci¨®n p¨²blica.

Esta posici¨®n del Gobierno acarre¨® ayer una dura contestaci¨®n desde algunas comunidades aut¨®nomas. El presidente de la Generalitat de Catalu?a, Jordi Pujol, manifest¨® que la sentencia de la Audiencia Nacional 's¨®lo afecta a los funcionarios del Estado y no a los de la Generalitat ni tampoco a los municipales'. En el supuesto de que la sentencia afectase a los funcionarios auton¨®micos, Pujol admiti¨® que tendr¨ªa efectos muy negativos para las finanzas de la Generalitat.

Tambi¨¦n el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, del PP, asegur¨® que la sentencia de la Audiencia Nacional afecta a la Administraci¨®n central y no a las de las autonom¨ªas. 'No conozco ninguna resoluci¨®n que se haya manifestado sobre los presupuestos generales de la Generalitat valenciana', argument¨®. El jefe del Ejecutivo valenciano precis¨® que 'hay un conflicto que corresponde sustanciar al Gobierno y al Congreso'.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, tambi¨¦n del PP, precis¨® que la sentencia no determina el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la medida; es decir, a qu¨¦ funcionarios afecta y, en su caso, las cantidades que les corresponder¨ªan.

La diputada del PNV Margarita Uria consider¨® que la sentencia supone una 'censura' a la actitud chulesca del Gobierno, que se opuso a negociar. El PNV cree que el fallo judicial no afecta a todas las administraciones p¨²blicas sino s¨®lo a la central.

Tensi¨®n entre ministerios

La sentencia ha originado una importante marejada en el Gobierno, con duros reproches entre los Ministerios de Econom¨ªa, de Hacienda y de Administraciones P¨²blicas. El martes por la tarde, una vez conocida la sentencia, el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, convoc¨® a los altos cargos de su ministerio as¨ª como de Econom¨ªa y Hacienda para estudiar su respuesta. Tambi¨¦n fue convocado Francisco Villar, secretario de Estado de la Administraci¨®n P¨²blica cuando el Gobierno decidi¨® la congelaci¨®n y hoy jefe de Gabinete de Rajoy.

La reuni¨®n se celebr¨® en un clima de tensi¨®n. En un momento de la misma, Posada lleg¨® a decir que ¨¦l hubiera negociado con los sindicatos, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a los reunidos. Esta posici¨®n origin¨® un revuelo entre los altos cargos de Econom¨ªa y Hacienda. La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodr¨ªguez, reproch¨® al Ministerio de Administraciones P¨²blicas (MAP) su pol¨ªtica con los sindicatos. Se refiri¨® concretamente al cap¨ªtulo 18 del fallido Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica que abr¨ªa la negociaci¨®n colectiva en la Administraci¨®n, defendido por el MAP, y que cont¨®, en su momento, con la oposici¨®n de Econom¨ªa y Hacienda.