El Gobierno y el Poder Judicial

Si la doctrina constitucional cl¨¢sica se basa en la independencia de tres grandes poderes -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- y en el equilibrio de sus relaciones institucionales, tengo la impresi¨®n de que estamos a punto de infligir un duro golpe a la doctrina y al funcionamiento del sistema. Dos temas bien recientes est¨¢n dando un serio toque de alarma. Uno de ellos es el conocido asunto del indulto por sorpresa del ex juez G¨®mez de Lia?o. Otro, m¨¢s reciente, la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la congelaci¨®n salarial de los funcionarios que el Gobierno del PP impuso en 1997. En ambos casos, el Gobierno, seguro de su mayor¨ªa en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se ha enfrentado duramente con el Poder Judicial. Y mucho me temo que esto no es m¨¢s que el comienzo de una batalla que va a tener otros avatares parecidos.

El caso de G¨®mez de Lia?o es, de hecho, la fase final de una rocambolesca historia que empez¨® hace ya algunos a?os y que alcanz¨® sus aspectos m¨¢s crudos y alarmantes pocas semanas despu¨¦s de que el PP ganase por muy escaso margen las elecciones generales de 1996. Con la excusa de regularizar las televisiones de pago y las transmisiones deportivas -recuerden la llamada 'ley del f¨²tbol'-, el PP lanz¨® una furibunda campa?a cuyo objetivo no era otro que favorecer a sus amigos medi¨¢ticos y destruir a los que consideraba sus enemigos. La batalla fue ins¨®lita no s¨®lo por la violencia de los debates, sino tambi¨¦n porque abr¨ªa una etapa oscura y mezquina, totalmente nueva para todos nosotros, los parlamentarios de la oposici¨®n, que nunca hab¨ªamos conocido un clima tan s¨®rdido y unas maneras tan brutales como aqu¨¦llas desde el comienzo de la democracia.

Pero aquello s¨®lo era una parte del asunto. Al PP no le bastaba la ofensiva parlamentaria, y no s¨®lo pidi¨® y consigui¨® que sus amigos medi¨¢ticos entrasen en la contienda, sino que recurri¨® a otros amigos, los del sector m¨¢s delicado, pero m¨¢s contundente a la postre: el Poder Judicial. Entre ellos estaba el juez G¨®mez de Lia?o. Fue, por consiguiente, la primera andanada o, m¨¢s exactamente, el primer ataque contra el Poder Judicial como poder independiente.

El segundo asunto, el de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelaci¨®n salarial de los funcionarios, tiene otro car¨¢cter, pero el Gobierno lo entiende como otra batalla contra un Poder Judicial que ¨¦l no controla y que, por consiguiente, no se somete a sus decisiones y a sus alardes pol¨ªticos.

En ambos casos, el Gobierno, afincado en dos de los poderes de la trilog¨ªa constitucional -el Ejecutivo y el Legislativo-, ha planteado sendas batallas jurisdicionales, ha intentado romper la cohesi¨®n del propio Poder Judicial y ha conseguido que los poderes medi¨¢ticos que le son fieles lanzaran una gran ofensiva contra los jueces y magistrados que no se arrodillan a sus pies, aunque est¨¢ por ver si estos mismos poderes le seguir¨¢n hasta el final, sobre todo en el caso de la congelaci¨®n salarial de los funcionarios, un tema que puede convertirse en un incendio capaz de sobrevolar muchas barreras, pol¨ªticas y medi¨¢ticas.

El resto es conocido, sobre todo porque el Poder Judicial, alarmado en el caso G¨®mez de Lia?o por lo que pod¨ªa ser el comienzo de una aut¨¦ntica destrucci¨®n de su propia tarea y de su prestigio profesional, entr¨® a fondo en el asunto y se encontr¨® con lo peor que le pod¨ªa pasar: uno de sus miembros hab¨ªa utilizado el cargo para prevaricar a favor del Gobierno. Era exactamente lo que ning¨²n poder judicial en una democracia moderna puede aguantar, y menos todav¨ªa ocultar. Y en el caso de la deuda a los funcionarios est¨¢ por ver si este mismo Poder Judicial aceptar¨¢ una batalla jurisdiccional que puede acabar debilitando al conjunto de sus estructuras y de sus principios.

En definitiva, tenemos un Gobierno que dice defender con grandes aspavientos la Constituci¨®n un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n y que, a la vez, se lanza a batallar contra el Tribunal Supremo para satisfacer a un juez prevaricador y contra la Audiencia Nacional para no pagar lo que debe a sus funcionarios, rompiendo con ello el indispensable equilibrio entre las grandes instituciones del Estado. El Poder Judicial podr¨¢ cometer y comete errores, pero es un poder que no podemos ni debemos zarandear, ni menos todav¨ªa derrotar. Y el Gobierno, que comete todav¨ªa m¨¢s errores, no debe ni puede resolver sus propias contradicciones y sus insuficiencias creando un gran conflicto institucional para cerrar la boca a un juez que no cumpli¨® su deber como tal o para no satisfacer la deuda que contrajo con su propio personal.

Esperemos que predomine la serenidad, pero creo que el Gobierno est¨¢ atrapado en muchos frentes, no est¨¢ preparado para encajar presiones ni para enfrentarse con este tipo de problemas, sigue creyendo que el Estado es suyo y que nadie le puede pedir cuentas y que, por consiguiente, tendremos que pagar el alt¨ªsimo precio de ver c¨®mo se quiebran algunas de las estructuras m¨¢s delicadas de nuestro Estado democr¨¢tico. Y esto, ni lo podemos admitir ni lo podemos aceptar en silencio.

Jordi Sol¨¦ Tura es senador del PSC-PSOE.