Un a?o despu¨¦s de El Ejido

Un a?o despu¨¦s de los sucesos de El Ejido, no s¨®lo no ha cambiado nada all¨ª sino que la situaci¨®n global de la inmigraci¨®n en Espa?a se ha deteriorado. Pens¨¢bamos que el choque psicol¨®gico provocado por las agresiones racistas en El Ejido iba a llevar al establecimiento de una verdadera pol¨ªtica de integraci¨®n y, en realidad, hemos asistido a un endurecimiento legal frente a la inmigraci¨®n. Pens¨¢bamos que la clase pol¨ªtica espa?ola iba a sacar provecho de lo que ha ocurrido en otros pa¨ªses evitando convertir la inmigraci¨®n en un tema de debate pol¨ªtico y, por el contrario, constatamos que la inmigraci¨®n llena de forma obsesiva las pantallas de televisi¨®n, las portadas de los peri¨®dicos y los debates pol¨ªticos.

Es una pena. Para todos. Hay varias razones que explican esta in¨²til dramatizaci¨®n: el cambio brusco del Gobierno respecto a la ley de 1999, una ley que, sin embargo, era justa sin hacer gala de laxitud; un proceso de regularizaci¨®n -en s¨ª, siempre dif¨ªcil- realizado de forma demasiado precipitada y dif¨ªcilmente comprensible para aquellos inmigrantes que quedan excluidos; la trasmisi¨®n a la opini¨®n p¨²blica de una serie de se?ales contradictorias ('No regularizamos pero no expulsamos', ?un teorema que es mejor practicar que enunciar!); y, por ¨²ltimo, una movilizaci¨®n de los propios inmigrantes que reviste las formas tradicionales (huelgas de hambre, etc.) en un contexto de no reconocimiento pol¨ªtico. A ello se a?ade la demanda medi¨¢tica de lo sensacional: pasional cuando se muestran las manifestaciones de inmigrantes y compasiva al apiadarse de las 12 v¨ªctimas ecuatorianas del accidente de Murcia.

?Pod¨ªa evitarse esta dif¨ªcil situaci¨®n? Estoy convencido de que s¨ª. Y por eso, quiero repetir aqu¨ª que la inmigraci¨®n no es y no debe convertirse en un problema pol¨ªtico. Una aut¨¦ntica pol¨ªtica de inmigraci¨®n no es ni de derechas ni de izquierdas: obedece, ante todo, a la justicia y al respeto del derecho imprescriptible del ser humano. No s¨®lo es necesaria una ley justa y unas reglas del juego claras, sino tambi¨¦n una visi¨®n de futuro para toda la sociedad. El papel pedag¨®gico de los actores pol¨ªticos es en este caso decisivo: deben demostrar, ante todo, un esp¨ªritu de responsabilidad, de realismo y de solidaridad ciudadana.

La inmigraci¨®n en Espa?a plantea fundamentalmente tres cuestiones. En primer lugar, pone en evidencia la ausencia de una aut¨¦ntica cultura de integraci¨®n en materia de derechos de los extranjeros y de acceso a la nacionalidad. La actual Ley de Extranjer¨ªa, a pesar de sus lagunas, intenta por primera vez avanzar en este campo. Sin embargo, comparada a la de otros pa¨ªses europeos (Francia o Alemania) sigue siendo bastante t¨ªmida. Nadie puede negar a las autoridades espa?olas el derecho a controlar los flujos migratorios seg¨²n el inter¨¦s del pa¨ªs y a mantener una pol¨ªtica de control en la fronteras (acuerdos de Schengen). Del mismo modo, el procedimiento de regularizaci¨®n depende ¨²nicamente del derecho espa?ol. No existe una regla europea en este ¨¢mbito. Pero esta regularizaci¨®n ha sido realizada en unas condiciones poco favorables: no pod¨ªa m¨¢s que provocar los conflictos de reconocimiento de los derechos que surgen hoy por doquier. Es deplorable porque se pod¨ªa haber puesto en marcha un procedimiento consensuado y comprensible para todos. Pero al menos se ha abierto un verdadero debate. Concejales, pol¨ªticos, actores de la sociedad civil (sindicatos, partidos, asociaciones de inmigrantes) reaccionan ante esta situaci¨®n. Si los escuchase, el poder pol¨ªtico podr¨ªa evitar muchas situaciones dram¨¢ticas. Nadie duda de que el Estado de derecho debe hacer respetar la ley, pero no debe ser ciego ante las imperfecciones de la misma.

En segundo lugar, hay que decir la verdad a los ciudadanos. Es la mejor manera de luchar contra la xenofobia. As¨ª, pretender que se endurece la ley para evitar un 'efecto llamada' de trabajadores extranjeros debido a una supuesta laxitud jur¨ªdica supone, hoy en Espa?a, ocultar la verdad. Todo el mundo sabe que 'el efecto llamada' no procede, en este caso, de la ley, sino de la existencia de una importante econom¨ªa sumergida que necesita mano de obra extranjera poco cara y sin derechos. Mientras las autoridades no emprendan una lucha seria contra los empresarios clandestinos, la inmigraci¨®n clandestina continuar¨¢. Varias experiencias (en Italia, Francia y Holanda) muestran que es posible legalizar el trabajo clandestino proponiendo a los empresarios unos acuerdos aceptables para el equilibrio financiero de sus empresas. Es indudable que es necesaria una pol¨ªtica de control de las fronteras. No obstante, debe verse compensada por una verdadera integraci¨®n de los inmigrantes establecidos, por una lucha sin cuartel contra su explotaci¨®n excesiva y por un trato riguroso de los comportamientos delictivos de algunos empresarios. Hay, adem¨¢s, al menos otras dos razones por las que es peligroso utilizar el argumento de 'efecto llamada': legitima el fantasma de 'invasi¨®n' que es tan f¨¢cil que surja sobre todo en una sociedad no acostumbrada a recibir trabajadores extranjeros; es contraproducente puesto que la inmigraci¨®n existe, va a continuar y, sobre todo, porque Espa?a la necesita. Si hubiera que sacar hoy una lecci¨®n, s¨®lo una, de la experiencia europea durante los ¨²ltimos a?os, yo dir¨ªa que los responsables pol¨ªticos deben aprender a sopesar sus palabras antes de pronunciarlas, pues las palabras tienen su eficacia pol¨ªtico-simb¨®lica, y al utilizar, sin ton ni son, f¨®rmulas ambiguas crean problemas que saben perfectamente que no pueden resolver. Moral y pol¨ªtica est¨¢n en este ¨¢mbito indisolublemente ligadas. Los pol¨ªticos que, por incompetencia o cinismo, manipulan el miedo s¨®lo merecen el desprecio.

En tercer lugar, hay que enfrentarse con serenidad al problema de las representaciones de identidad. Hoy, seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, la inmigraci¨®n contribuye de forma importante al crecimiento de la poblaci¨®n espa?ola (EL PA?S, 18-12-2000). Estas mujeres y hombres vienen de todas partes. Pero, en el futuro, y por muchas razones, ser¨¢n cada vez m¨¢s los africanos y norteafricanos. Algunos observadores -cuando no se trata de responsables pol¨ªticos- dan a entender que hay que favorecer la inmigraci¨®n europea y suramericana, por razones de 'proximidad cultural'. Detr¨¢s de este eufemismo se esconde el racismo m¨¢s hip¨®crita. La inmigraci¨®n es, ante todo, una oferta en el mercado laboral y, por simple respeto a la igualdad humana, hay que conceder las mismas oportunidades a todos. Utilizar el argumento de la 'proximidad cultural' es tan pernicioso como negarse a emplear a un trabajador en raz¨®n de su color de piel o de su religi¨®n. Algunos responsables pol¨ªticos tienen el valor de enfrentarse a esta cuesti¨®n, en la que todo el mundo piensa, pero que nadie se atreve a abordar con franqueza. As¨ª lo ha hecho recientemente (La Vanguardia 19.01.2001) Jordi Pujol con valent¨ªa -lo digo con absoluta objetividad dado que no comparto sus convicciones pol¨ªticas-. Sabedor de que la inmigraci¨®n de confesi¨®n musulmana iba a crecer, y teniendo en cuenta los temores de una sociedad espa?ola no laica, plantea abiertamente la cuesti¨®n de si los 'musulmanes', en una sociedad de mayor¨ªa cristiana, pueden convertirse en ciudadanos como los dem¨¢s. Y responde afirmativamente. Se trata de una iniciativa excelente porque enfrenta a la sociedad con una de sus obsesiones inconfesadas. En efecto, hay que explicar a los ciudadanos, sumidos desde hace 20 a?os en un complejo debate de identidad, que lo que debe determinar la identidad democr¨¢tica moderna, m¨¢s all¨¢ del origen ¨¦tnico, de la cultura, de la religi¨®n y de la lengua, es, ante todo, el acceso a la ciudadan¨ªa. ?sta significa disponer de los mismos derechos y deberes. Y en este contexto, la diversidad debe ser mantenida. Abordar la cuesti¨®n de la identidad de forma democr¨¢tica es ser capaz de afirmar que, blanco, moreno, negro o amarillo, -cat¨®lico, protestante, jud¨ªo, budista, musulm¨¢n o ateo-, estas determinaciones no deben, en ning¨²n modo, ser un obst¨¢culo para la vida en com¨²n. El logro m¨¢s preciado de la democracia es no tenerlo en cuenta en el espacio p¨²blico para vivir bien en el espacio privado. Y, por lo tanto, respetar la singularidad de cada cual.

Un a?o despu¨¦s de El Ejido, estas cuestiones siguen en el aire. Pero el racismo, que no conoce m¨¢s raz¨®n que la de la fuerza, sigue, por desgracia, progresando. Ante los dramas de hoy y de ma?ana, no se podr¨¢ decir que no se sab¨ªa.Un a?o despu¨¦s de los sucesos de El Ejido, no s¨®lo no ha cambiado nada all¨ª sino que la situaci¨®n global de la inmigraci¨®n en Espa?a se ha deteriorado. Pens¨¢bamos que el choque psicol¨®gico provocado por las agresiones racistas en El Ejido iba a llevar al establecimiento de una verdadera pol¨ªtica de integraci¨®n y, en realidad, hemos asistido a un endurecimiento legal frente a la inmigraci¨®n. Pens¨¢bamos que la clase pol¨ªtica espa?ola iba a sacar provecho de lo que ha ocurrido en otros pa¨ªses evitando convertir la inmigraci¨®n en un tema de debate pol¨ªtico y, por el contrario, constatamos que la inmigraci¨®n llena de forma obsesiva las pantallas de televisi¨®n, las portadas de los peri¨®dicos y los debates pol¨ªticos.

Es una pena. Para todos. Hay varias razones que explican esta in¨²til dramatizaci¨®n: el cambio brusco del Gobierno respecto a la ley de 1999, una ley que, sin embargo, era justa sin hacer gala de laxitud; un proceso de regularizaci¨®n -en s¨ª, siempre dif¨ªcil- realizado de forma demasiado precipitada y dif¨ªcilmente comprensible para aquellos inmigrantes que quedan excluidos; la trasmisi¨®n a la opini¨®n p¨²blica de una serie de se?ales contradictorias ('No regularizamos pero no expulsamos', ?un teorema que es mejor practicar que enunciar!); y, por ¨²ltimo, una movilizaci¨®n de los propios inmigrantes que reviste las formas tradicionales (huelgas de hambre, etc.) en un contexto de no reconocimiento pol¨ªtico. A ello se a?ade la demanda medi¨¢tica de lo sensacional: pasional cuando se muestran las manifestaciones de inmigrantes y compasiva al apiadarse de las 12 v¨ªctimas ecuatorianas del accidente de Murcia.

?Pod¨ªa evitarse esta dif¨ªcil situaci¨®n? Estoy convencido de que s¨ª. Y por eso, quiero repetir aqu¨ª que la inmigraci¨®n no es y no debe convertirse en un problema pol¨ªtico. Una aut¨¦ntica pol¨ªtica de inmigraci¨®n no es ni de derechas ni de izquierdas: obedece, ante todo, a la justicia y al respeto del derecho imprescriptible del ser humano. No s¨®lo es necesaria una ley justa y unas reglas del juego claras, sino tambi¨¦n una visi¨®n de futuro para toda la sociedad. El papel pedag¨®gico de los actores pol¨ªticos es en este caso decisivo: deben demostrar, ante todo, un esp¨ªritu de responsabilidad, de realismo y de solidaridad ciudadana.

La inmigraci¨®n en Espa?a plantea fundamentalmente tres cuestiones. En primer lugar, pone en evidencia la ausencia de una aut¨¦ntica cultura de integraci¨®n en materia de derechos de los extranjeros y de acceso a la nacionalidad. La actual Ley de Extranjer¨ªa, a pesar de sus lagunas, intenta por primera vez avanzar en este campo. Sin embargo, comparada a la de otros pa¨ªses europeos (Francia o Alemania) sigue siendo bastante t¨ªmida. Nadie puede negar a las autoridades espa?olas el derecho a controlar los flujos migratorios seg¨²n el inter¨¦s del pa¨ªs y a mantener una pol¨ªtica de control en la fronteras (acuerdos de Schengen). Del mismo modo, el procedimiento de regularizaci¨®n depende ¨²nicamente del derecho espa?ol. No existe una regla europea en este ¨¢mbito. Pero esta regularizaci¨®n ha sido realizada en unas condiciones poco favorables: no pod¨ªa m¨¢s que provocar los conflictos de reconocimiento de los derechos que surgen hoy por doquier. Es deplorable porque se pod¨ªa haber puesto en marcha un procedimiento consensuado y comprensible para todos. Pero al menos se ha abierto un verdadero debate. Concejales, pol¨ªticos, actores de la sociedad civil (sindicatos, partidos, asociaciones de inmigrantes) reaccionan ante esta situaci¨®n. Si los escuchase, el poder pol¨ªtico podr¨ªa evitar muchas situaciones dram¨¢ticas. Nadie duda de que el Estado de derecho debe hacer respetar la ley, pero no debe ser ciego ante las imperfecciones de la misma.

En segundo lugar, hay que decir la verdad a los ciudadanos. Es la mejor manera de luchar contra la xenofobia. As¨ª, pretender que se endurece la ley para evitar un 'efecto llamada' de trabajadores extranjeros debido a una supuesta laxitud jur¨ªdica supone, hoy en Espa?a, ocultar la verdad. Todo el mundo sabe que 'el efecto llamada' no procede, en este caso, de la ley, sino de la existencia de una importante econom¨ªa sumergida que necesita mano de obra extranjera poco cara y sin derechos. Mientras las autoridades no emprendan una lucha seria contra los empresarios clandestinos, la inmigraci¨®n clandestina continuar¨¢. Varias experiencias (en Italia, Francia y Holanda) muestran que es posible legalizar el trabajo clandestino proponiendo a los empresarios unos acuerdos aceptables para el equilibrio financiero de sus empresas. Es indudable que es necesaria una pol¨ªtica de control de las fronteras. No obstante, debe verse compensada por una verdadera integraci¨®n de los inmigrantes establecidos, por una lucha sin cuartel contra su explotaci¨®n excesiva y por un trato riguroso de los comportamientos delictivos de algunos empresarios. Hay, adem¨¢s, al menos otras dos razones por las que es peligroso utilizar el argumento de 'efecto llamada': legitima el fantasma de 'invasi¨®n' que es tan f¨¢cil que surja sobre todo en una sociedad no acostumbrada a recibir trabajadores extranjeros; es contraproducente puesto que la inmigraci¨®n existe, va a continuar y, sobre todo, porque Espa?a la necesita. Si hubiera que sacar hoy una lecci¨®n, s¨®lo una, de la experiencia europea durante los ¨²ltimos a?os, yo dir¨ªa que los responsables pol¨ªticos deben aprender a sopesar sus palabras antes de pronunciarlas, pues las palabras tienen su eficacia pol¨ªtico-simb¨®lica, y al utilizar, sin ton ni son, f¨®rmulas ambiguas crean problemas que saben perfectamente que no pueden resolver. Moral y pol¨ªtica est¨¢n en este ¨¢mbito indisolublemente ligadas. Los pol¨ªticos que, por incompetencia o cinismo, manipulan el miedo s¨®lo merecen el desprecio.

En tercer lugar, hay que enfrentarse con serenidad al problema de las representaciones de identidad. Hoy, seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, la inmigraci¨®n contribuye de forma importante al crecimiento de la poblaci¨®n espa?ola (EL PA?S, 18-12-2000). Estas mujeres y hombres vienen de todas partes. Pero, en el futuro, y por muchas razones, ser¨¢n cada vez m¨¢s los africanos y norteafricanos. Algunos observadores -cuando no se trata de responsables pol¨ªticos- dan a entender que hay que favorecer la inmigraci¨®n europea y suramericana, por razones de 'proximidad cultural'. Detr¨¢s de este eufemismo se esconde el racismo m¨¢s hip¨®crita. La inmigraci¨®n es, ante todo, una oferta en el mercado laboral y, por simple respeto a la igualdad humana, hay que conceder las mismas oportunidades a todos. Utilizar el argumento de la 'proximidad cultural' es tan pernicioso como negarse a emplear a un trabajador en raz¨®n de su color de piel o de su religi¨®n. Algunos responsables pol¨ªticos tienen el valor de enfrentarse a esta cuesti¨®n, en la que todo el mundo piensa, pero que nadie se atreve a abordar con franqueza. As¨ª lo ha hecho recientemente (La Vanguardia 19.01.2001) Jordi Pujol con valent¨ªa -lo digo con absoluta objetividad dado que no comparto sus convicciones pol¨ªticas-. Sabedor de que la inmigraci¨®n de confesi¨®n musulmana iba a crecer, y teniendo en cuenta los temores de una sociedad espa?ola no laica, plantea abiertamente la cuesti¨®n de si los 'musulmanes', en una sociedad de mayor¨ªa cristiana, pueden convertirse en ciudadanos como los dem¨¢s. Y responde afirmativamente. Se trata de una iniciativa excelente porque enfrenta a la sociedad con una de sus obsesiones inconfesadas. En efecto, hay que explicar a los ciudadanos, sumidos desde hace 20 a?os en un complejo debate de identidad, que lo que debe determinar la identidad democr¨¢tica moderna, m¨¢s all¨¢ del origen ¨¦tnico, de la cultura, de la religi¨®n y de la lengua, es, ante todo, el acceso a la ciudadan¨ªa. ?sta significa disponer de los mismos derechos y deberes. Y en este contexto, la diversidad debe ser mantenida. Abordar la cuesti¨®n de la identidad de forma democr¨¢tica es ser capaz de afirmar que, blanco, moreno, negro o amarillo, -cat¨®lico, protestante, jud¨ªo, budista, musulm¨¢n o ateo-, estas determinaciones no deben, en ning¨²n modo, ser un obst¨¢culo para la vida en com¨²n. El logro m¨¢s preciado de la democracia es no tenerlo en cuenta en el espacio p¨²blico para vivir bien en el espacio privado. Y, por lo tanto, respetar la singularidad de cada cual.

Un a?o despu¨¦s de El Ejido, estas cuestiones siguen en el aire. Pero el racismo, que no conoce m¨¢s raz¨®n que la de la fuerza, sigue, por desgracia, progresando. Ante los dramas de hoy y de ma?ana, no se podr¨¢ decir que no se sab¨ªa.

Sami Na?r es europarlamentario franc¨¦s, profesor invitado en la Universidad Carlos III y autor, junto a Juan Goytisolo, de El peaje de la vida (El Pa¨ªs-Aguilar, 2000).